El mea culpa presidencial

En el último año del presidente José López Portillo causó risa en la opinión pública nacional cuando en su último informe de gobierno pidió perdón a los pobres por no haber logrado sacarlos de la pobreza y hasta derramó una furtiva lágrima. Indudablemente nadie se la creyó porque su régimen estuvo marcado por la corrupción y la impunidad.

Sorprendentemente el pasado lunes durante un evento celebrado en Palacio Nacional luego de haber promulgado el Presidente Enrique Peña Nieto las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción refiriéndose al escándalo público en que se vio involucrado él y su familia por la casa blanca hace dos años pidió perdón a todos aquellos que se habían sentido ofendidos por no dar una clara explicación de cómo fue adquirido este inmueble. Aceptó que fue un error de la manera como se investigó el caso y por tal motivo aceptaba su responsabilidad pues habría provocado el agravio a su familia, a la institución presidencial y  la desconfianza de los ciudadanos a su persona.

En el mismo sentido crítico el Jefe del Poder Ejecutivo Federal aceptó que con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus 7 leyes reglamentarias en las cuales participaron activamente la sociedad civil y académicos se tiene un instrumento legal para combatir a fondo lo que ha lacerado a nuestro país durante décadas. Acotó: solo que éste instrumento en contra de la corrupción seguirá siendo un simple escrito si no se dan resultados y así recuperar la confianza de los ciudadanos.

Como lo han comentado diversos prestigiados analistas, el actual Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes reglamentarias no habrían sido posibles sin la denuncia pública de reportaje de investigación de la casa blanca que divulgó  el  noticiero conducido por la periodista Carmen Aristegui.

A partir de este reportaje de investigación se vinieron en cascada otros más en donde se involucraba al Secretario de Hacienda, las trapacerías del ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el saqueo  descarado y sínico de las arcas estatales de los gobernadores priístas de Chihuahua, Cesar Duarte, del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y el de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

A lo anterior agreguemos que la irritación popular en contra de la corrupción y la impunidad tuvo su máxima expresión en los comicios del 5 de junio pasado cuando el PRI perdió 7 gubernaturas. De esta manera la ciudadanía le pasó factura al Gobierno Federal y a su partido, además de una sociedad civil movilizada para obligar al Congreso de la Unión a la aprobación del mencionado sistema anticorrupción.

En efecto la actitud autocrítica del presidente Peña Nieto es un gran paso en la cruzada anticorrupción a condición que en los próximos meses arriben al aparato fiscalizador personajes de buena fama pública, que actúen con autonomía en sus decisiones y que lleven ante los distintos aparatos de justicia a servidores públicos que utilizan impúdicamente el poder para enriquecer su patrimonio familiar. La sociedad exige hechos, no palabras ni expiación de culpas…