Trágica distorsión del federalismo mexicano

Hace un mes fue publicada la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La ceremonia de la promulgación de la nueva disposición legal tuvo verificativo en Palacio Nacional con la presencia de 25 gobernadores. Fue ocasión para anunciar la implantación de normas al endeudamiento de estados y municipios, práctica cuya dinámica reciente había entrado en una fase de descontrol. Según se difundió en la ceremonia, la deudas estatales se duplicaron entre 2008-2014. El problema es en particular preocupante en 6 Estados, cuya deuda asciende a más del 60% de sus ingresos: Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Veracruz. En contraste, en Campeche, Querétaro, Guerrero y Tlaxcala ha imperado la prudencia en materia de endeudamiento.

La ley es un instrumento legal para evitar los abusos de algunos gobernadores  proclives a gastar en forma irresponsable, más allá de la capacidad financiera de sus tesorerías. A partir de ahora, los gobiernos de los estados deberán presentar ante la Secretaria de Hacienda sus solicitudes de préstamo a las instituciones financieras a efecto de evaluarlas y, en su caso, otorgarles una suerte de aval. Es una medida tendiente, de un lado, a sujetar el endeudamiento estatal para evitar su desbordamiento debido a la astringencia presupuestal originada por la declinación de las participaciones federales resultante de la declinación del precio del petróleo; y de otro, evitar la actitud abusiva de los bancos frente a gobiernos asfixiados financieramente. Es, en todo caso, solo una medida de contención en la medida que no restablece un principio básico: los créditos deben destinarse a proyectos que generen ingresos suficientes para su reembolso.

Altamente dependientes de las participaciones federales (que representan más del 90% de los ingresos presupuestarios), los gobiernos de los estados no ejercen sus potestades tributarias. Se tornó ley la exculpación de un político de cabotaje: “Gobernador que eleva los impuestos, gobernador que se cae”. Convertida en apotegma, esta actitud ha reducido a los gobiernos locales en simples receptores de rentas federales. El argumento de haber sido despojados de facultades tributarias a partir de 1980 ( raíz de la creación del IVA) es esencialmente insostenible.

Cuando las participaciones de los Estados en impuestos federales han declinado (menor precio del petróleo) los Estados se han volcado a desviar fondos del llamado gasto federalizado o a pedir prestado.

La Auditoria Superior de la Federación solo puede revisar las cuentas de los gobiernos estatales concernientes al gasto federalizado, es decir, gastos en educación, en salud y en seguridad pública, principalmente. En la revisión realizada para los gastos de 2014, cuatro estados (Veracruz, Michoacán, Jalisco y Estado de México) no pudieron justificar la aplicación de ¡100 mil millones de pesos!

Esta es una parte del problema porque la Auditoría Superior no tiene facultades para revisar la aplicación de los fondos provenientes de las participaciones federales, tarea reservada a los congresos locales los cuales sólo hacen labores de glosa, a la medida y agrado del gobernante en turno.

En suma, ciertamente el problema financiero del gobierno de la República radica en su pobre capacidad recaudatoria pero también está relacionada con la ausencia de una revisión autocrítica a la estructura del gasto público. En particular, la realidad nos está mostrando la crisis del federalismo. La situación reinante en la educación pública es testimonio cabal de los extremos de desorden imperante en los órganos estatales, es la evidencia del fracaso de la llamada descentralización educativa, carta de recomendación entregada a Zedillo en su condición de Secretario de Educación Pública, para testimoniar su eficacia como instrumentador de políticas públicas neoliberales. El desorden imperante en el llamado seguro popular y en la seguridad pública no escapa a ese desbarajuste.  

El advenimiento de Fox a la presidencia de la República prohijó el feudalismo de intocables caciques estatales, casi sin excepción deshonestos políticos de horca y cuchillo. Esa es la trágica distorsión del federalismo mexicano.

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