Preguntas sobre las drogas

La semana pasada, el presidente Peña Nieto hizo pública su opinión ante el foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca del problema de las drogas, esa pandemia universal. Tras formular varios planteamientos controversiales en torno a la ineficacia de la llamada política prohibicionista, el primer mandatario anunció cambios en la política de la materia en México cuyo contenido daría conocer –decisión certera—a su retorno al país.

¿Cuáles fueron esos cambios? Dos días después informó su decisión de enviar al Congreso una iniciativa de reforma a las disposiciones sanitarias a efecto de autorizar el uso de los elementos activos de la marihuana en la formulación de algunos medicamentos y elevar el monto mínimo de posesión de marihuana para el consumo personal de 5 a 24 gramos, equivalente a un cajetilla de cigarrillos. Anunció que una vez aprobada, la consecuencia inmediata de esta reforma legal sería la de liberar a quienes están siendo procesados penalmente por haber sido detenidos en posesión de una cantidad superior a 5 gramos de la adormidera. El tema merece algunos comentarios.

En primer lugar, la autorización para emplear a la marihuana con propósitos medicinales requiere un tratamiento cuidadoso. ¿Recibirá análogo trato al de la morfina? ¿Se puede controlar la producción de opio proveniente de la amapola, empleada en la elaboración de la heroína?

En segundo lugar, conviene puntualizar que en México el consumo de drogas   no es un delito. Quienes están en prisión fueron encontrados en posesión de  volúmenes muy superiores al máximo reconocido como propio para su consumo; se trataba, por tanto, de droga destinada no al consumo personal sino a la comercialización.  Es, por ende, muy importante entender que la libertad de todos los detenidos equivaldría a abolir el delito del comercio de la hierba; sólo podrán acceder al beneficio de las nuevas normas legales aquellos que tenían en su poder un máximo de 24 gramos. Casi ninguno de los enjuiciados estará en condición de probarlo porque la mayoría fueron detenidos  con paquetes de medio kilo o más.

En tercer lugar, estamos dando los primeros pasos para admitir un fenómeno trágico. Cuando se alude al fracaso del prohibicionismo norteamericano en el control del comercio de bebidas alcohólicas, se está invitando a adoptar una política extremadamente peligrosa: acreditar la ventaja de ceder ante la delincuencia cuando el gobierno no puede controlarla. ¿Se aplicaría el mismo criterio con el tráfico de personas?  

En cuarto lugar, ignorar el comercio de armas en el tema de las drogas es una  grave omisión: era necesario denunciar en el foro de la ONU la actitud pasiva y complaciente ante el comercio internacional de armas. ¿Por qué son tan indiferentes las autoridades de Alemania, Rusia, Israel, entre otras, en materia de tráfico de armas? Si bien, la posesión de armas en Estados Unidos es una garantía constitucional férreamente defendida por la Asociación Nacional del Rifle, en otras ocasiones la Casa Blanca ha sometido a embargo la venta de armas a México. ¿Por qué ahora se niega?

En quinto lugar, es menester entender que el gobierno de Estados  Unidos ha sido el responsable del auge en el consumo de drogas. ¿Acaso se nos olvida el empleo de las drogas en el ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam como punto de partida para el florecimiento del consumo de estupefacientes? ¿Ya se olvidó que muchas de las drogas sintéticas tan populares ahora fueron inventadas en esa época en laboratorios militares? Los gobiernos se propusieron engendrar una sociedad aletargada, dócil y manipulable. ¿Eso queremos como destino de nuestro país?

En sexto lugar, suponer que relajar el consumo de marihuana va a pacificar el país es una falacia, un disparate, --sueños de opio-- porque el problema de la criminalidad agobiante en nuestro país no se origina en las drogas, sino en la ingobernabilidad. ¿La revelación de que los inmigrantes centroamericanos fueron entregados por la autoridades migratorias a grupos criminales quienes los asesinaron por no pagar rescate no son elementos suficientemente  ilustrativos de las dimensiones del desgobierno que padecemos?

¿Estamos en presencia de políticas públicas dirigidas a claudicar en el cumplimiento de responsabilidades? ¿Salidas fáciles e incomprensibles a problemas complejos? Son preguntas.

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