Reprobado nuestro sistema penitenciario

En hora buena que el Congreso del Estado presidido por el Dip. Jorge Humberto Segura López suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuyo titular es el Lic. Guillermo Huicot Rivas Álvarez.

Este importante convenio en su parte sustancial tiene que ver no solo vigilar y respetar los derechos humanos de todos los nayaritas sino la de vigilar que los tres niveles de gobierno los respeten y los hagan respetar de acuerdo a las leyes.

Este convenio cayó como anillo al dedo cuando en días pasados la tercera relatoría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer su investigación realizada en el sistema penitenciario de Nayarit.

La CNDH dio a conocer públicamente su informe anual sobre el estado que guarda el respeto a los derechos humanos en todos los reclusorios de las entidades de la república.

En las conclusiones de la investigación referida la CNDH señaló que el sistema carcelario en nuestra entidad tiene una calificación del 4.3, es decir, reprobado, ya que en las cárceles municipales y estatal se violentan cotidianamente los derechos de los reclusos, no solo en sus modus vivendi sino que las autoridades judiciales del Estado no acatan el debido proceso en la impartición de la justicia.

Otra de las observaciones que hizo la CNDH es el sobrecupo de reos y las pésimas condiciones sanitarias en que viven los reclusos, lo que hace prácticamente imposible su rehabilitación.

Estas observaciones no son nada nuevas. El mismo ombudsman nayarita, Lic. Huicot Rivas Álvarez alertó a las autoridades del Estado esa misma condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los reclusos en las diversas cárceles municipales y en el reclusorio “Venustiano Carranza” ubicado en esta capital.

Es más, hasta el mismo Gobernador del Estado, Roberto Sandoval reconoció esta problemática situación de los reclusos cuando arengó al Poder Ejecutivo Estatal. Incluso se comprometió a que en el curso de su mandato pugnaría para que reubicara el centro de rehabilitación “Venustiano Carranza” sacándolo fuera de esta capital.

Parece que sus gestiones de reubicación y apoyo financiero en la Secretaría de Gobernación no tuvieron eco. Ahora será más difícil construir un nuevo centro penitenciario estatal por los recortes al gasto público de la federación a los estados y municipios.

Ojalá y el convenio referido entre el Congreso del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos motive a nuestros legisladores estatales y federales para que en coordinación con el Ejecutivo Estatal cabildeen en la legislatura federal para que en el próximo presupuesto de Egresos del 2017 se destinen recursos financieros para la construcción de un nuevo centro de rehabilitación estatal y de esta manera se prevenga la posibilidad de que estalle un motín de reos como los ocurridos en otras cárceles que viven en condiciones similares a las nuestras…