El Poder Judicial de Nayarit viola la legalidad
Miguel González Ibarra
18 de Febrero de 2016
AHORA LOS PATOS LE TIRAN A LAS ESCOPETAS
Entregué un escrito, firmado por mí, a Pedro Antonio Enríquez Soto, Presidente del Tribunal de Justicia de Nayarit, con el siguiente contenido:
El Poder Judicial de Nayarit, representado por Usted, viola la legalidad. Pisotea mis garantías. Vulnera flagrantemente la Constitución. Sigue en la ruta de la injusticia. Me citan, en la idea de consumar el despojo a mis derechos mismos que, el Estado, del que su persona fue y es parte, inició y desarrolló con brutalidad, aplicando el método de la represión contra el autor de este escrito, trascendiendo a mi familia, a la que pertenecen mis adorados nietos, también, criminalmente agredidos. Nunca seré cómplice de las violaciones cometidas por ustedes, ni caeré en el fango que es contrario a la rectitud constitucional. Soy defensor de la legalidad; trabajo y lucho por transformar la injusta y antidemocrática realidad que padecemos, en la trayectoria, ahora, planteada ayer por el PAPA FRANCISCO, en la ciudad de Morelia, al señalar que la resignación es cosa del demonio y que se debe transformar, siendo, la del jerarca católico, una posición histórica, nunca antes, jamás, escuchada.
He sido brutalmente reprimido. Al Estado sólo le falta asesinarme. Estoy vivo, gracias a mis profundas y magonistas convicciones.
Me han linchado y triturado en los medios de comunicación; he sido aprehendido y llevado a prisión; perseguido, me exilié, refugiándome en otros puntos geográficos de la república mexicana; sin cuidar formas y de forma descarada, fui secuestrado por funcionarios del gobierno neysista; torturado, porque la tortura también es psicológica, práctica que lleva varios años contra mí, impactando, tal brutalidad y barbarie, a mi familia, en la cual, vuelvo a mencionarlos, se ubican mis entrañables nietecitos, aunque, debo decirlo y denunciarlo, he sido también torturado físicamente; los gobernantes del sexenio anterior, llegaron al extremo de usar sicarios, enviándolos contra mi persona y mi familia, atropellando nuestros domicilios, sin haber concluido con quitarme la vida, pero, si, generando un peligroso y violento ambiente de terror, en mi entorno.
El caso “Las Siete Higueras” de Ixtlán, como lo es, igual, “El Punto” de Tepic, así como los predios y programas “Los Cerritos” de Santa María del Oro y “Las Trillas” de San Pedro Lagunillas, no es problema judicial, ni penal, mucho menos policiaco. La política, o más bien dicho, el aventurerismo de la represión no es el camino. Nunca ha sido la vía. Esta vez, obviamente, tampoco lo es, ni lo será. Con el exhorto, continúa la represión contra mi persona y la figura moral que coordino.
El gobierno, en la práctica y los hechos, destruyó la empresa del Sector Social que yo represento, fincada legalmente, en el derecho que nos otorgan los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que es, lo que el Poder Judicial de esta entidad bajo su presidencia, está quebrando, ahora, pretextando “la confesional”. A partir de esta realidad irrebatible, la única solución al conflicto de “Las Siete Higueras” y de los otros tres señalados, es la entrega de las cuatro parcelas y programas, a la entidad responsable del anticonstitucional y terrorífico desmantelamiento de nuestra empresa social, que es el Estado, el cual, debe reconocer las labores de promoción, organización, administración y operación de la figura moral, creadora e impulsora de los proyectos indicados, con la añadidura, de daños y perjuicios y daño moral, ocasionados contra Inmobiliaria Social de Nayarit para la Autoconstrucción, Sociedad Cooperativa, de la que he sido y, seré, su Administrador Único, hasta el día que éstos asuntos queden cien por ciento resueltos, tal cual, es mi obligación moral, legal y constitucional, así como administrativa.
Lo hemos planteado así, hasta el cansancio. Así lo hicimos ante Ney en los años finales de su mandato, hasta el último día. Del mismo modo, lo solicitamos al gobierno actual, desde el instante que protestó el máximo cargo de Nayarit Roberto Sandoval, hasta la fecha de ayer, 16 de febrero de 2016. Ha sido una gestión permanente, planteada diariamente, en lo que lleva el sexenio que corre. Frivolidad pura y amenazas, hemos recibido de Pepe Espinoza, Secretario General de Gobierno, desacatando instrucciones precisas del Gobernador. Pepe Espinoza es un funcionario del gabinete del Ejecutivo, obligado es enfatizarlo, que sólo se dedica a promover sus dotes de galán y carita en las redes sociales. Es el frívolo, ridículo, perverso y cursi trabajo que desempeña este alto integrante del gabinete estatal. Por eso, le paga el pueblo nayarita. Estamos, por ello, tramitando entrevistarnos con el Señor Gobernador del Estado. Tenemos fe, que el Titular del Ejecutivo, tendrá la sensibilidad que resolverá definitivamente la cuestión; todavía más, si Usted, Señor Presidente del Tribunal de Justicia, contribuye con ello, en los términos aquí puntualizados, en su carácter de representante de uno de los tres poderes. Dicho acto, estaría apegado a la esencia de lo que es el Derecho. El procedimiento legal y judicial, no se desvincula de los acuerdos negociados que se concretan con justicia y democracia. Todo lo contrario. Asuntos judiciales que se alejan y apartan de los criterios y principios políticos, no se resuelven justamente.
Muy lamentable es, la vereda arrancada y en marcha. La senda del exhorto y lo que podría venir, además de ser violatorio a la legalidad como lo hemos aquí afirmado, es inmoral. Lo que es inmoral, patrocina la corrupción. El flagelo de la corrupción, atañe, tanto a los representantes del Sector Público, en este caso, del Poder Judicial, así como, también, a los que se dicen profesionales del Derecho, mismos que, aquí, en “La Siete Higueras”, actúan con un perfil de vulgares mercaderes, tocando, de paso, asimismo, a los supuestos clientes, promoventes de este mamotreto, como lo es, el exhorto y la confesional. Éstas anticonstitucionales figuras, en este problema, violan diversos derechos que nos otorga la Constitución. El juez de la causa, aplica el Derecho, no como superestructura, es decir, como ciencia, sino, tal cual si fuera huisachería y leguleyadas. El simple citatorio, me ofende y agrede. Todo lo que ofende y agrede a un ser humano, es violatorio, por añadidura, de sus más elementales garantías individuales y derechos humanos.
Por una parte, los consumidores o clientes, firmantes del exhorto, no son, ni pueden ser, jamás de los jamases, socios de nuestra empresa social, como lo muestran nítidamente, las Bases Constitutivas y el Reglamento de ISNA SC, cuya estructura, se desprende de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de los artículos constitucionales que ubican al Sector Social de la economía, parte fundamental del desarrollo nacional y regional. Somos cinco socios. No más. Los demás son consumidores o clientes o beneficiarios. ¿Un cliente puede ser propietario del negocio dónde compra? ¡Jamás! La Sección Ixtlán de ISNA SC se integró con clientes o consumidores. Fue retirada y disuelta como tal, en el momento que éstos violentaron las reglas, al cometer diversos delitos, ocupando criminalmente el predio “Las Siete Higueras”. Lo mismo ocurrió en Santa María del Oro.
Por la otra, ¿Cómo un juez le da entrada a un recurso de personas que han delinquido dentro del cuerpo geográfico y jurídico de este mismo proceso y cuyas faltas penales se persiguen de oficio? Agregando: oportunamente presentamos la correspondiente denuncia. La autoridad hizo caso omiso. Ellos habían sido los diseñadores y ejecutores de la estrategia contra nosotros, pervirtiendo y engañando a los beneficiarios. Hay que decir las cosas como son: los consumidores o clientes o beneficiarios de la Sociedad Cooperativa que represento, incurrieron y cometieron varios delitos, manipulados por la perversidad y autoritarismo del Estado, a través de funcionarios, instruidos por el anterior Gobernador, mismos que, igual, incurrieron en varios delitos, entre los cuales, figuran, la pena por fraccionamiento ilegal de inmuebles, despojo, daño en propiedad ajena, entre muchos otros más ilícitos del orden común y federal.
Usted, Señor Doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, tiene la responsabilidad y el deber, de contribuir a resolver el problema, no de complicarlo, como lo iniciaron, perversamente, altos funcionarios del sexenio pasado, instruidos, abundando, por Ney González, extitular del Ejecutivo, decidiendo, además de perseguirme con saña criminal y franca y abierta tortura permanente, invadir la tierra de Ixtlán y Santa María, cometiendo así, graves delitos, entre ellos, muy grave, dar golpe de Estado a la empresa del Sector Social que represento. Y, ahora, al citarme para este jueves 18 de febrero, a través de un exhorto para que yo confiese, equivale, ni más ni menos a decir, que los patos le tiran a las escopetas. No se vale. ¡Ya basta! El Poder Judicial de Nayarit, debería poner en el banquillo de los acusados a todos aquellos que cometieron delitos penales graves en el predio “Las Siete Higueras” y contra nuestra Sociedad Cooperativa, llegando a destruirla por completo.
Espero, Señor Presidente del Tribunal de Justicia de Nayarit, cumpla con su responsabilidad, contribuyendo de forma total y definitiva, a resolver el problema aquí planteado, que lleva más de una década.
Tengo bien claro a qué estoy enfrentado. Si soy despojado de mis derechos de promoción, de asociación, al trabajo, a dedicarme a esta actividad productiva, entre otras garantías constitucionales; si mi familia es despojada de nuestro patrimonio, construido a base de gran esfuerzo; si me siguen hostigando, como ahora con este exhorto, que es una modalidad de tortura psicológica; si me encarcelan; y si llegan a asesinarme; serán delitos cometidos por el Poder Judicial de Nayarit, cuyo representante es Usted. La historia así los acusará.
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