México ya cambió (I)

En una universidad privada, un joven calificó mis ideas como premodernas, anacrónicas. “Postular ideas nacionalistas  o defender a ultranza conceptos como patria, soberanía o independencia es insostenible en el siglo XXI, dominado por la globalización. México ya cambió”. En su opinión vivimos el mundo de la universalización de las ideas, de las relaciones comerciales y del respeto a los derechos humanos; un mundo donde no tiene cabida ninguna manifestación de estatismo ni restricción alguna a las libertades personales.

Debido a que no se trata de una opinión aislada sino está muy extendida tanto entre los jóvenes inscritos en los centros de enseñanza superior privados como en la generación responsabilizada de cargos importantes en la administración pública, me parece prudente dar cabida en este espacio periodístico a varias reflexiones sobre el tema.

En efecto, nuestro país ha experimentado cambios muy importantes. Conviene por ende valorar su profundidad y sus consecuencias en la vida nacional.  Durante 1934-1982, en 48 años, la economía mexicana mostró un dinamismo inusitado. El PIB creció a un ritmo promedio superior al 6% anual lo que se tradujo en que el tamaño de la economía se multiplicara por casi 20. A principios de 1980, llegamos a ocupar el 8o. lugar en el concierto de las naciones. El país abandonaba su fisonomía dominantemente rural y transitaba rápidamente hacia una sociedad urbano-industrial. En el mundo se hablaba del “milagro mexicano”.

Este proceso se realizó en medio de un clima de recurrente inestabilidad financiera. Se decretaron varias devaluaciones: en 1939, a causa de la expropiación del petróleo; en 1948, como resultado de la posguerra; en 1954 por temores originados por el déficit de la balanza comercial; en 1976 por desajustes en el mercado mundial originados por la devaluación del dólar frente al oro decretada por el presidente Nixon; en 1982, por el exceso de la demanda interna.  En 48 años, el precio del dólar pasó de 3.85 a 89 pesos y durante 22 años el tipo de cambio se preservó en 12.50 pesos/dólar. Tales ajustes cambiarios se originaban debido a desequilibrios originados por la rápida expansión de economía y a reacciones especulativas expresadas en forma de fuga de capitales.    

La estabilidad cambiaria durante 1954-1976 se logró mediante un estricto control de la inflación a través de medidas administrativas (control precios a medicamentos y subsidios a los alimentos) y de políticas públicas (como mantener inalterables los precios internos de los combustibles). A estas prácticas se les califica ahora como “inflación reprimida”.

El proceso de expansión económica no fue obra de los mecanismos del libre mercado, sino producto de una política económica que tenía tres pilares esenciales: promover la fabricación nacional de productos manufacturados en el exterior; impulsar la expansión de la agricultura para reducir importaciones de alimentos y exportar materias primas agropecuarias; preservar la evolución de los precios internos en línea con el mercado estadounidense mediante un severo control del gasto público para preservar el déficit presupuestario dentro de los límites del 2 o 3% del PIB, límites que probaron ser compatibles con la estabilidad interna de precios.

¿Qué ocurrió a partir de 1983? Al hacerse cargo de la dirección del país, los funcionarios públicos formados académicamente en el extranjero cambiaron el rumbo. Miguel de la Madrid tomó una decisión funesta: en lugar de aprovechar la administración de la banca comercial nacionalizada por su predecesor, se dedicó a fomentar una banca paralela. Hicieron acto de presencia las casas de bolsa que realizaron innumerables atropellos en perjuicio de los ahorradores al tiempo que se iban acrecentando grandes fortunas alimentadas por la decisión de financiar el creciente déficit público mediante la colocación de valores. Durante esa gestión administrativa, la deuda pública interna aumentó 128 veces y la corrupción se extendió al amparo de la tesis de “adelgazar al estado obeso”, tesis que se completaba en las calles con la de “engordar los bolsillos de los funcionarios” como lo atestiguaron los escándalos relacionados con los Certificados de Aportación Patrimonial (CAP`s), el primer intento de reprivatización bancaria.(continuará)

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