Para el nuevo sistema penal oral, el gobierno de Nayarit debe aportar más dinero

En su último informe de actividades presentado el 30 de noviembre anterior ante el Congreso del Estado e integrantes del Poder Judicial, Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, afirmó que en riesgo está la eficacia del nuevo sistema penal acusatorio ante la falta de recursos económicos para la dotación de infraestructura y equipo humano.

Necesariamente el financiamiento vendrá del gobierno estatal, comento, por tanto la dependencia del Poder Judicial será aún mayor al Poder Ejecutivo.

El Dr. Enríquez Soto no admite la versión del reportero de la gente. Al tiempo que se muestra incómodo el magistrado-presidente, se limitó a hacer de tripas corazón: “No, la mayor carga financiera procede de la Federación, el gobierno estatal contribuye de acuerdo a sus posibilidades”.

Es consecuencia de la reforma penal en el país, advierte, todos los operadores padecemos la misma situación de falta de recursos, porque la reforma requiere inversión en infraestructura, recurso humano y capacitación.

Y esto no solo es para los poderes judiciales, enfatiza, también es para las policías, defensorías de oficio, fiscalías y ministerio público, servicios periciales, es decir, todos los integrantes del sistema necesitamos fortalecer nuestras capacidades en el propósito de funcionar adecuadamente con el nuevo sistema de justicia penal.

Entrevistado en su despacho del edificio sede en Tepic del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado-presidente cita a guisa de ejemplo la iniciación el 31 del presente mes de nueva etapa del novedoso sistema penal acusatorio, pero lamenta la existencia para tal fin de un solo edificio en todo el Estado. Y lanza la interrogante: ¿Qué vamos a hacer en los municipios dónde no hemos construido las salas necesarias?

“Tendremos que hacer uso de equipo móvil de grabación en salas improvisadas para estar en capacidad de desahogar audiencias, porque requerimos recurso económico para construir adecuadas salas de oralidad con las características que exige el sistema.

“La falta de dinero no es un problema privativo de Nayarit sino de todo el país. Habrá entidades en condiciones mejores que otros, pero hay un común denominador: el sistema no ha venido desde el gobierno federal acompañado de los recursos necesarios y suficientes para que bien funcione éste.

Con base en la reforma penal, Enríquez Soto explícito señala que a partir del 31 de diciembre actual se incorporarán al sistema penal acusatorio, en marcha en Nayarit desde hace un año sólo en Tepic, Xalisco y Santa María del Oro, cinco nuevos delitos, a los que llamó de alto impacto: homicidio, abigeato, extorsión, secuestro y narcomenudeo.

Con la característica especial de que estos serán juzgados en Tepic aun sean cometidos en cualquier rincón del territorio de nuestra entidad, precisamente porque la falta de recursos económicos obliga a que así sea. “Es una medida transitoria, puesto que cuando tengamos la infraestructura, las salas y lo necesario esos delitos volverán a sus regiones, por lo pronto empezaremos a juzgarlos aquí en Tepic”.

Enseguida entramos al tema de que la falta de recursos hace más dependiente al Poder Judicial del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta que este último es proveedor de recursos financieros al primero.

“No, la escasez de recursos es general. Recordemos que esta es una reforma federal, reforma de la Constitución general de la república. La federación ha apoyado con una parte en el tema de infraestructura y capacitación, pero lo más gravoso es el recurso humano, y ese sí corresponde al gobierno de los estados. Para el pago de nómina no hay recurso del gobierno federal”, asentó.

Y se abrió: “Bueno, las condiciones económicas del estado de Nayarit no son las mejores como para estar en capacidad de funcionar con efectividad. Ocupamos más defensores de oficio, más M P’s, policías mejor capacitados y desde luego más jueces para el sistema. Esa es parte de la demanda que los poderes judiciales en todos el país hemos venido haciendo para que el gobierno federal atienda también esta problemática”.

El sistema judicial de Nayarit se alimenta del gasto público que cada año presupuesta el gobierno del Estado.