Gobierno destructor del agrarismo

A estas fechas todavía hay políticos, comunicadores y ciudadanos que no han comprendido la nueva etapa del capitalismo mundial denominado capitalismo globalizado. Y al no entender y comprender a la nueva realidad social, piensan que algunas de las medidas tomadas por los Estados Nacionales atentan contra el bienestar social del capitalismo benefactor surgido de la segunda guerra mundial. Por eso es común leer en la prensa nacional o local expresiones como que la reforma energética del presidente Peña se fundamentó en un modelo económico que privilegia el interés de los consorcios energéticos sobre los derechos de la Nación que, entre otras cosas hacen posible que aquellas tierras particulares, comunales o ejidales que sus posesionarios no las quieran vender o rentar a las empresas transnacionales, puedan ser expropiadas ya que “la exploración, la extracción y el transporte de petróleo tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados.” Además de esa agresión a las familias rurales que su delito es ser constituyentes del 50 por ciento de los habitantes de México que se encuentran en pobreza alimentaria, con la miscelánea fiscal recientemente aprobada por el Congreso de la Unión los ejidatarios, comuneros, campesinos y productores agrícolas cuyas tierras  sean expropiadas, temporalmente ocupadas o rentadas a empresas petroleras o eléctricas, deberán pagar el impuesto sobre la renta (ISR) cuando los ingresos percibidos por ese concepto sea superior a los 200 salarios mínimos, o sea cuando perciban por ese motivo alrededor de 15 mil pesos. Existe una necesidad objetiva del gobierno mexicano: no tiene dinero, pues la renta petrolera en lugar de tenerla él se la cedió al capitalismo transnacional. Y para subsanar ese déficit presupuestario pretende quitarles dinero a los pobres, o sea, sacarle sangre a las piedras. Sin embargo este fenómeno no es exclusivo del país, es propio del desarrollo del capitalismo transnacional que el británico David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión”.

Este fenómeno de la desposesión de la tierra y de los bienes de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y en general, de las formas colectivas de posesión y usufructo de las parcelas es un mecanismo que se viene dando a raíz de la sobreacumulación del capital y de la localización de extensiones territoriales donde con el apoyo de las autoridades locales, los capitales transnacionales puedan invertirse rentablemente.

La implementación de las relaciones capitalistas de producción en el campo mexicano no fue obstáculo para el desarrollo capitalista de los ejidos mexicanos. Desde su inicio el “ejido” no presentó problema alguno para implantar las relaciones de trabajo asalariado. Si bien la posesión familiar de la tierra impedía que esta pudiera venderse, eso no impedía para que al interior del ejido se dieran las relaciones capitalistas de producción. El asunto se empezó a complicar cuando el Capital requería de la compactación de grandes extensiones. Para satisfacer esa necesidad del capitalismo, el Gobierno de la República reformó y reforma las veces que fuese necesario el artículo 27 constitucional hasta satisfacer las exigencias del Capital Global, como lo llama el presidente Peña Nieto. Por eso se otorga a las ejidatarios la titularidad de sus tierras para que las vendan, renten o hipotequen. En esa intención convergen los intereses del Capital y del Estado Mexicano. Y el resultado no podía ser diferente. Riqueza por un lado y miseria por otro. Pero además, en las  nuevas condiciones del desarrollo del capitalismo mundial, no podían dejar de estar en el campo mexicano las empresas multinacionales. Este fenómeno es una muestra de la desposesión de la tierra. En fin.