El nuevo sistema de justicia en Nayarit

El Poder Judicial en Nayarit, que preside el Magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, realiza un arduo trabajo ‘contrareloj’ en la tarea de implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Entidad de forma cabal ya para el mes de julio del 2016, partiendo de las propias circunstancias características de la región, entre las que destacan carencias, inercias y demás esquemas infuncionales, que hoy han hecho prácticamente de la impartición de justicia un derecho cada vez menos asequible.

Por ello, la esencia de este reto, según se ha dado a conocer por voz de magistrados, es la de universalizar los beneficios de un sistema que ahora debe estar disponible sin más obstáculo técnico, burocrático o legaloide en favor del que comúnmente no tiene los recursos materiales, cognitivos, de afinidad política o hasta ventajas geográficas para recibir lo que por ley le corresponde: justicia en el derecho de vivir en paz. De conformidad, sostienen, se buscará ir a la vanguardia en la atención práctica (por tanto se busca recuperar los elementos básicos de prontitud y solución expedita) de las necesidades en la materia de todos los ciudadanos.

Por el momento, como se informó en su oportunidad, desde el mes de diciembre del pasado 2014,  el nuevo sistema de justicia funciona en tres municipios, Tepic, Xalisco y Santa María del Oro, de tal suerte que celebrar audiencias en cabecera, pueblos y rancherías para la solución de los distintos casos que se presentan, comporta la oportunidad de ver en directo e in situ el origen de los problemas, y en su efecto de tomar una decisión eficaz que privilegie ante todo, dirimir conflictos sin llegar a la radicalización de un juicio que divida aún más a familias y comunidades.

Derivado de lo anterior, es que el pasado viernes el Poder Judicial facilitó –a través lo que llamó un portafolio móvil: tecnología y demás infraestructura de una sala de oralidad itinerante- la celebración de una audiencia en el poblado “Real de Acuitapilco”, Municipio de Santa María del Oro, a fin de dar cauce a una “Suspensión condicional de proceso”, es decir, se resolvió con la anuncia del “imputado” y la víctima (ambos pertenecientes a la etnia Huichol), acompañados de su respectiva defensa legal proporcionada por el Estado, no seguir con el proceso mismo hasta la implementación de un juicio oral, en tanto el primero ofreciera en ese momento –como así lo hizo- una disculpa pública por el daño causado en una riña familiar, y aceptara someterse a un tratamiento psicológico en la institución del DIF de ese municipio. Es de destacar que tal solución condicionada -pues de no cumplirse el proceso se reanudaría-  se generó en tan solo dos audiencias.

Asimismo, justo es hacer hincapié en la atinada estrategia comunicacional empleada por ahora de parte del Poder Judicial en pro de la difusión informativa y analítica de dicha audiencia en particular que tuvo como marco el respeto y la transparencia, tras otorgar las facilidades respectivas a comunicadores y pudieran interactuar en su momento con el juez y magistrados presentes, toda vez que ello constituye parte fundamental de la indispensable apertura y socialización de esta singular etapa de transición del sistema de justicia nayarita. Así, tanto el Juez Rodrigo Benítez Pérez, el Magistrado Miguel Ahumada como Secretario Técnico de la Comisión de Coordinación del  Órgano Implementador, el Coordinador General del Órgano, Julio César Romero Ramos, y el también Magistrado José Alfredo Becerra Anzaldo, expusieron su visión y el objetivo a alcanzar. En los tiempos que se avecinan, la comunicación social y política, indiscutiblemente que serán factores altamente imprescindibles para los fines del renacentismo que se persigue.

Qué bueno entonces que los objetivos descritos se lleguen a cumplir satisfactoriamente en bien de todos los ciudadanos, ya que serán los hechos: el verdadero sentir popular, el parámetro más importante que determinará el rumbo a seguir, pues en esa medida seguramente cada integrante de este particular engranaje será quien erija su expediente y su propia continuidad en el sistema, sea quien sea. ¿Qué pasará entonces, y qué escenario está a las puertas? Veremos.

El Congreso y los foros de consulta

El Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Jorge Humberto Segura López, sorteó recientemente un reto significativo que tiene que ver con la participación popular. Tras la inquietud e inconformidad que generó el anuncio de aplicar reformas al Código Penal del Estado de Nayarit a iniciativa del Ejecutivo, en particular con la de ‘regular’ la expresión en “medios masivos de comunicación –redes sociales en Internet-” frente a lo que se consideró abuso que afecta y lesiona la imagen de terceros, se dispuso posponer para efectos de valorar el impulso de foros de consulta y en consecuencia medir su viabilidad.

Por ahora,  pudiera decirse que se actuó en función de lo que dictó la colectividad: tomar el asunto con más acuciosidad, pues no es un tema menor. Ejercer y defender la libertad de expresión como tal es un derecho consagrado en la Carta Magna o Constitución General de la República, y en su parte dogmática, inalterable, no sujeta a discusión, como el derecho a la vida y otros derechos fundamentales para el desarrollo y la armonía en sociedad, y para estos no hay más ley, ni pueden tomarse como una concesión magnánima de nadie en favor de tales o cuales sectores.

De conformidad, se vuelve  preciso ahora valorar cada aspecto en su justa dimensión: por un lado el libertinaje de unos cuantos, y otro totalmente distinto el derecho pues constitucional a la libertad de expresión. Así, se evitan suspicacias, malinterpretaciones y se cierra la puerta a tentaciones –siempre presentes- de vulnerar unilateralmente el derecho universal en nombre de la supresión de presuntos enemigos públicos.

Qué bueno pues, que se dará participación al pueblo y decida libremente sobre la mejor manera de protegerse del contenido negativo de las redes sociales; punto en el que, cabe decir, no pocas voces coinciden en que esto es igual que con los productos de baja calidad: cada quien decide exponerse o mantenerse al margen de los influjos publicitarios o hasta del efecto de adquirirlos.

El Congreso local cuenta entonces con la oportunidad de garantizar lo más seguro según George Clemenceau: “Dar a cada uno algo qué defender”.

Por ello, la representación popular, actúa o debe de actuar –según la ley- siempre ponderando el interés de los representados, y cuán saludable es que así siempre suceda desde un principio. Enhorabuena.