Proteger los derechos civiles

No hagas cosas buenas que parezcan malas, sentencia un dicho popular.

En los últimos días está en la palestra pública una iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal enviada al Congreso del Estado que consiste en reformar y adicionar el Código Penal del Estado cuyo objetivo es tipificar como delitos graves la difamación, la calumnia y la injuria cuando sea divulgada por cualquier medio de comunicación electrónico, radio, prensa escrita y redes sociales.

Por otro lado esa misma iniciativa de reforma pretende regular las manifestaciones y plantones callejeros por causar daños a terceros.

Obviamente esta iniciativa alertó a los trabajadores de la comunicación y a los grupos sociales que salen a manifestarse en las calles cuando las autoridades son omisos a sus reclamos.

Este asunto es sumamente delicado por sus implicaciones en garantías fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

En el caso específico de sancionar con severidad a quienes cometan los delitos arriba señalados claro que deben sancionarse solo que antes de llevar a tal extremo la penalización por qué no aplicar sanciones administrativas o buscar la interlocución sobre todo cuando se trate de controversias políticas o sociales.

Deduzco que la pretendida reforma al Código Penal orientada a sancionar esos delitos tiene su origen en la sistemática divulgación de difamación, calumnias e injurias que desde el anonimato circulan en las redes sociales o en manifestaciones callejeras y cuyos destinatarios son altos funcionarios de la actual administración e incluso al mismo mandatario estatal.

Por supuesto hay que reconocer que han abusado algunos grupos sociales o personas desde el internet para descalificar a políticos o a gobernantes por filias o fobias personales o partidistas, pero que no paguen justos por pecadores.

Si el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado optan por este camino disuasorio ocurrirá lo que en otras entidades de la república al generar una mayor irritación popular al calificarlos como acciones autoritarias de poder que restringen las libertades ciudadanas.

Como solía decir Don Emilio M. González cuando fue gobernador del Estado al referirse cuando durante su sexenio fue víctima de una campaña sistemática de calumnias e insultos de un Diario local. Reflexionaba más o menos así: vale más tolerar al libertinaje de quienes expresan sus ideas que aplastarlas mediante un acto de autoridad la libre manifestación de ideas. Los políticos y más aún los gobernantes tenemos que ser ejemplo de tolerancia y prudencia en el ejercicio del poder. Si no somos capaces de tolerar la crítica aun la más degradante, pues entonces renunciemos a la política.

Respecto a las manifestaciones públicas considero que es oportuno regularlas, no para restringir la libre manifestación de los ciudadanos en las calles sino porque que en los últimos años hay un mayor tránsito de vehículos por el centro histórico de esta capital, ya que en unos años más sería un colosal embotellamiento vial.

Si no se regulan mediante mínimas reglas de movilidad urbana hará la vida de cuadritos a transeúntes, automovilistas, al comercio de la ciudad y a ciudadanos que concurren a realizar diversos trámites en oficinas públicas, o sea, daños a terceros.

No es ético exigir respeto a nuestros derechos civiles a costa de violentar los derechos de otros.

Ahora bien si se pretende combatir el libertinaje en el que incurren ciudadanos u organizaciones sociales pues no hay mejor camino que atender lo dicho por el mismo gobernador, Roberto Sandoval al inicio de su mandato: escuchar, prometer y cumplir, pero con transparencia y rendición de cuentas. O como lo ha reiterado en varias ocasiones: para lo limpio ni jabón se ocupa…