Insulto a la inteligencia

El Secretario de la Función Pública Dr. Virgilio Andrade el pasado viernes ofreció ante los medios de comunicación un pormenorizado informe sobre el resultado de sus investigaciones en torno a si hubo conflicto o no de interés en la compra-venta de una mansión adquirida por el presidente Enrique Peña Nieto en Ixtapa de la Sal; la mansión de su esposa Angélica Rivera y la del Secretario de Hacienda, Dr. Luis Videgaray en Malinalco a compañías constructoras entre otras HIGA que obtuvieron millonarios contratos en obra pública con diversas dependencias del actual Gobierno Federal.

La investigación en cuestión ordenada por el mismo mandatario federal estuvo muy bien sustentada conforme a las normas establecidas de esa Secretaría soportada en documentos y los dichos de altos funcionarios que tienen que ver con la asignación de los contratos de obra y servicios públicos.

No obstante ese esfuerzo gubernamental por limpiar la cara presidencial no creo que sea creíble a la opinión pública que ponen en duda todo el andamiaje argumentativo de la susodicha investigación por varias razones; a saber:

1.-Esa investigación fue ordenada por el mismo presidente a un subalterno luego del escándalo público que provocó cuando un programa noticiero  de radio cuya directora es la periodista Carmen Aristegui lo sacó de la esfera oficial y la hizo pública.

2.-Aunque esa investigación se hubiese realizado en el marco de la ley es ridícula y difícil de tragar porque para configurar el delito de conflicto de interés de acuerdo a la actual  Ley Federal de Responsabilidades a Servidores Públicos es necesario demostrar que los implicados hayan ejercido presión por distintos medios a sus subordinados para cometer estos ilícitos o descubierto en flagrancia personal. Nadie creerá que personajes de alta envestidura pequen de inocentes para dejar huella escrita o grabada, mucho menos que un empleado suyo se atreva a  declarar en contra de su jefe, so pena de correr el riesgo de echarlos de patitas a la calle. Por lo tanto esa investigación es un insulto a la inteligencia y al sentido común.

La actual ley fue diseñada precisamente para cubrirse los unos a los otros; o sea la impunidad.

Viciada de origen esa investigación era previsible su conclusión, o sea, los exoneró de toda responsabilidad a los implicados en ese conflicto de interés.

Hubiera sido más verosímil esa investigación si el jefe del Poder Ejecutivo Federal hubiera depositado el caso en un Ente autónomo y no a un miembro de su gabinete.

Lo mejor que puede hacer la actual administración federal si es que en realidad  aspira a combatir la corrupción, la opacidad y falta de rendición de cuentas es la de que todo servidor público de los diversos órganos del gobierno federal, estatal, municipal y demás Entes autónomos se los obligue por mandato de ley hacer público su declaración patrimonial, declaración de interés y su declaración de impuestos al inicio y al final de su ejercicio político administrativo.

Y por supuesto que haya consecuencias penales o administrativas a quienes abusen del poder.

El Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes reglamentarias que, por cierto aún están por implementarse en la próxima legislatura federal si es aplicado sin cortapisas se estarán dando un fuerte golpe en contra de la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias en el ejercicio del poder público…