Terminar el dominio de los ladrones en el gobierno municipal de Tepic

Se cumplieron seis meses de las denuncias penales interpuestas por el Ayuntamiento de Tepic a través de la Síndico Municipal ante la Fiscalía General del Estado y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de  funcionarios del anterior gobierno municipal presidido por Héctor González Curiel, motejado como “El Toro”, por el presunto delito de desviación de recursos públicos.

Ramiro Ávila Castillo, titular de la Consejería Jurídica municipal, sabe que los expedientes duermen el sueño de lo que se resuelve por abandono, pero aún así la firmeza de ánimo en su equipo de trabajo no decae, por el contrario, sostiene que van sobre la ruta correcta.

En edificio anexo a la presidencia municipal de Tepic, al reportero de la gente recibe el abogado por la Universidad Autónoma de Nayarit en su despacho privado del amplio espacio de la Consejería Jurídica donde se ve clavada la vista en documentos a cuando menos ocho personas, mientras que al interior de la pequeña oficina cuatro profesionales coadyuvan con el titular Ávila Castillo al quehacer legal.

Al abogado Ramiro Ávila Castillo, estratega del equipo jurídico, le parece ha predominado la razón política desde el Estado para favorecer a la parte acusada. “No hay transparencia, menos imparcialidad”. La sombra alargada de impunidad que proyectan la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia cubre al Toro y compinches.

“Hay predisposición para no actuar en función de lo que reclama el Municipio, caso contrario ocurre con la Federación. Ante ésta presentamos controversia constitucional que lleva su trámite normal: hemos sido llamados a juicio, también a los del gobierno del Estado”, explicó.

De las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía estatal a inicio de año, una es en contra de Héctor González Curiel y Mauricio Herrera Rodríguez por el delito de ejercicio indebido de funciones, sobre el tema de custodia de documentos y robo. Están desaparecidos varios vehículos.

En otra se abarca a González Curiel y Marcia Ivette Bernal Mendoza (ex tesorera municipal) por no entregar el impuesto del 12 por ciento a la Universidad Autónoma de Nayarit. Sobre esta última también pesa acusación ante la PGR por no enterar el ISR retenido. La dependencia federal solicitó dictamen contable que comprende los tres años, trabajo que elabora el equipo jurídico municipal.

También hay denuncias en contra de Fausto Jesús Zamora España por el delito de robo de vehículos, y José Pablo Pereyra Méndez por 21 observaciones en el acta de entrega-recepción.

Las presentadas ante la Fiscalía General del Estado, apunta Ávila Castillo, ni siquiera en una sola se ha iniciado el trámite de investigación por parte del Ministerio Público del fuero común. “El Código de Procedimientos Penales del Estado Nayarit establece que cuando se presenta una denuncia contra un funcionario público no hay necesidad de ratificación, siempre y cuando se acredite la personalidad con la que se ostenta, aquí se hizo con la Síndico Municipal a través de quien se presentaron las denuncias”.

La percepción del titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tepic es que no se aplica justicia con la misma vara. En el caso de policías municipales arrebatados por la Fiscalía, que allá dan servicio y cobran en el Municipio, la autoridad judicial de inmediato responde, ordena medidas cautelares e incluso hubo apercibimiento de posible juicio político en contra del alcalde Polo Domínguez, pero cuando el Municipio demanda no se actúa con la misma rapidez, hay omisión.

El desequilibrio financiero que afecta al actual XL Ayuntamiento de Tepic tiene su derivación en el mal manejo de recursos públicos de anteriores administraciones municipales priistas, pero no se denunciaron corruptelas porque los priistas tienen la particularidad de cubrirse con el manto de la impunidad.

A Ramiro Ávila Castillo le parece inédita la parte que se refiere a la obligación  constitucional de enterar inmediatamente a la autoridad competente de lo que pudiera considerarse comisión de delito. “Sin discusión, es obligación constitucional de todo servidor público, por eso nosotros actuamos conforme a Derecho como debió haber sido en las anteriores administraciones municipales”.

El profesional del Derecho considera romper el paradigma del pasado que conformó círculo vicioso: No hay procuración de justicia porque no se denuncia, y no se denuncia porque no hay procuración de justicia. Es entonces que por siempre la impunidad ha hecho de las suyas.

Las acciones emprendidas hoy por la Consejería Jurídica, según Ávila Castillo, tienen como fundamento el hartazgo de la ciudadanía con el dominio de los ladrones en los gobiernos municipales, pero además “con la evidencia de desvíos y omisión en la obligación del servidor público”.

“Por éstas y muchas otras razones, la ciudadanía tepicense votó a favor del doctor Leopoldo Domínguez. Atendiendo a ese llamado, nosotros damos cauce al hartazgo con actuación conforme a Derecho; no hacemos otra cosa más que cumplir con nuestra obligación constitucional y legal”, asentó.

Ramiro Ávila dijo respetar opinión de abogados en el sentido de que la causa está mal planteada, mal llevada, pero no la comparte. Textualmente esto manifestó:

-En la Consejería no es solo el titular quien diseña la estrategia jurídica a realizar, somos un equipo de abogados con diversas especialidades, obvio que cada asunto lo analizamos desde muchas aristas y vertientes. Muchas voces han expresado que no prosperarán estas denuncias, pero hasta este momento todas caminan. Insisto: si fuéramos medidos con la misma vara de la justicia la situación cambiaría, pero tenemos que cruzar ese viacrucis estatal para efectos de llegar a la instancia federal, que allí sí, hemos comprobado, hay una actuación imparcial.

A pregunta expresa del reportero de la gente, Ramiro Ávila Castillo afirmó ser Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, generación 1996-2001. “Algunos maestros que me impartieron clases laboran en el Tribunal Superior de Justicia, y curiosamente lo que me impartieron en clase en la práctica no lo aplican”.