Achis miachis, me parece muy fuera de tono las declaraciones de la diputada priista Sofia Bautista Zambrano, quien aseguró que las demandas penal ante la PGR de Nayarit y la Fiscalía General del Estado contra funcionarios del anterior Ayuntamiento de Tepic, donde se incluye a la tesorera Marcia Bernal y al propio alcalde Héctor González Curiel apropiado también del lindo mote de “El Toro”, no procederán porque se irán a la congeladora.
Está bien que la singularidad de los priistas que arriban al poder es taparse con la misma cobija de la impunidad, pero no la chiflen que es cantada. A este comentario de pronóstico reservado habrá que añadirle la sinrazón de que la legisladora local se coloca en la posición de juez, al mismo tiempo que hace suyas responsabilidades de las autoridades federal y estatal que no le corresponden.
No dudamos que el Fiscal Edgar Veytia asuma el rol que sintoniza a plenitud con los designios del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de darle largas al asunto hasta caer en el laberinto del olvido, o en última instancia darle palo, como dice la diputada priista Sofía Bautista Zambrano, “porque nadie tiene pruebas que demuestren el ilícito”.
Pero ¿y la delegación en Nayarit de la Procuraduría General de la República? Pues está en la misma condición que la dependencia estatal antedicha. Más que analizar los asuntos jurídicos con estricto apego a la ley y códigos que competen, permea en ella ante todo el sentido político de obediencia a los mandos superiores que a su vez supeditan su actuar al orden supremo de quien con frivolidad ejerce la priista presidencia de la república.
Cuatro meses se cumplieron el pasado 9 del presente mes, en que por disposición del panista presidente del Ayuntamiento de Tepic, Leopoldo Domínguez González, la Dirección Jurídica del municipio, a cargo del abogado Mario Ávila, presentó tres denuncias penales contra funcionarios del XXXIX ayuntamiento por el desvío de recursos públicos por más de 125 millones de pesos. A las denuncias penales, se agregan sanciones administrativas y resarcitorias contra 23 funcionarios.
Contrario a lo que sostiene la diputada priista Sofía Bautista Zambrano, los abogados afirman tener pruebas suficientes de la comisión de delitos en perjuicio del erario municipal, mismas que iniciaron a recabar el momento mismo del trabajo de entrega-recepción realizado días antes de la toma de posesión del actual XL Ayuntamiento de Tepic, el 17 de septiembre del año pasado.
El titular de la secretaría municipal, Rodrigo González Barrios, dio a conocer que en ese merequetengue va incluida denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de haber suspendido la entrega del impuesto del doce por ciento recaudado por el Ayuntamiento de Tepic para la Universidad Autónoma de Nayarit, que se valora en una cantidad de docenas de millones de pesos, que no son otros que “El Toro” González Curiel y la ex tesorera Marcia Bernal.
La diputada priista Sofía Bautista Zambrano, quien se desempeñó como regidora de la nefanda administración municipal que presidió “El Toro”, para la inmensa mayoría de habitantes la peor en la historia de Tepic, declaró que al anterior alcalde priista no se le podrá procesar, tampoco de nada se le puede acusar “porque dejó las cuentas bien claras”. ¡Qué afán de defender lo indefendible! No hay moral.
El mismo presidente del actual Ayuntamiento de Tepic, doctor Polo Domínguez, ha dado a conocer un rosario de ilícitos cometidos durante la administración municipal anterior. De su propia voz de barítono ha desglosado: En lo referente al adeudo del SAT con Hacienda federal: “A los trabajadores el ayuntamiento les retenía el impuesto sobre la renta y no se entregaba a la dependencia. El adeudo es de 10 millones de pesos; allí hay fraude, si no lo denunciamos, pues entonces nosotros asumimos la responsabilidad”.
Agrega: El no pago del impuesto del 12 por ciento para la Universidad Autónoma de Nayarit, el fondo de ahorro de los trabajadores que no aparece por ningún lado. La desaparición de 53 vehículos, cuya ubicación el ayuntamiento anterior no acreditó. Obras públicas que se licitaron sin la aprobación de cabildo, otras que se pagaron sin haberse construido. Un adeudo público heredado que rebasa los mil millones de pesos, monto sobre el cual existe la sospecha de desvío de recursos.
El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ha dejado pasar la oportunidad histórica de proceder judicialmente contra, primero, el ex gobernador Ney González, a quien el propio actual mandatario estatal señaló de haber dejado una deuda superior a los diez mil millones de pesos (al principio de su gobierno decía que eran siete mil, incluso por esa fecha solicitó al Congreso del Estado autorización para un
préstamo bancario por cinco mil millones de pesos, solo para reestructuración de la deuda neycista), misma que no está exenta de desvío de recursos públicos y de enriquecimiento ilícito, sobre este último tema varios fueron los funcionarios estatales que aprovecharon las manos libres que les permitió el gobernador Ney para hacerse de cuantiosos bienes materiales, entre otros.
La segunda oportunidad histórica de Roberto Sandoval es no promover un castigo ejemplar para quienes con toda impunidad hacen mal uso del erario, en este caso funcionarios de la administración de “El Toro”. Para escarmiento, por salud pública, pero ha sido omiso, a leguas se nota que hay complicidad, pues seguro que sí Héctor González Curiel fue tapadera de la serie de anomalías en el manejo del erario municipal de su antecesor en el cargo, es decir Roberto Sandoval Castañeda, quien antes de terminar su periodo constitucional abandonó el cargo para ir en busca de la candidatura a gobernador de Nayarit, dejando encargada del changarro a Georgina López Arias, a quien le cargaron las pulgas de las pillerías.
La transparencia y rendición de cuentas son el antídoto contra la corrupción, por desgracia en Nayarit son letra muerta.