La educación pública mexicana fracasó

No es novedad, ya hace bastante tiempo atrás que lo hemos venido diciendo: la educación pública en México es un fracaso. Hemos señalado puntualmente las insuficiencias del sistema educativo mexicano para tener en el país una educación pública de calidad.

La educación en cuanto tal y como fenómeno social tiene que ver con la asimilación por un lado y con la transmisión por el otro, de toda la experiencia histórico-social de la humanidad; esa experiencia histórico-cultural de las generaciones salientes que generaciones entrantes de humanos debe apropiarse. Pero además, la educación debe formar individuos conforme las nuevas condiciones de vida y debe instrumentar a las nuevas generaciones para que resuelvan los problemas pendientes y satisfagan algunas de las necesidades actuales y visualizadas en el futuro. Sin embargo, la educación como política pública es multifactorial. Por lo pronto han fracasado las Normales, en cuanto Instituciones del Estado Mexicano para formar al magisterio nacional y estatal. Han fracasado los Planes y Programas de estudio en todos los niveles educativos. Ha fracasado el SNTE como organismo aglutinador de los maestros y responsable de la implementación del Proyecto Educativo del Estado Mexicano. Y ha fracasado el Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo de la Nación y responsable directo de la Educación Pública. Ante tal fracaso no se puede permanecer callado ni mucho menos indiferente.

De acuerdo con los informes preliminares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados se destaca la baja inversión pública del gasto nacional en educación respecto del producto interno bruto (PIB); en cobertura de guarderías y servicios para niños México es el último lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el presupuesto promedio ejercido para cada estudiante mexicano es el más bajo entre las naciones que integran esta organización. Las autoridades mexicanas gastan 3 mil 286 dólares por alumno, equivalente a una tercera parte del promedio de los gobiernos revisados, que alcanzan los 9 mil 252 dólares, o una quinta parte de lo que Suiza destina a cada joven (16 mil 900 dólares). Y con estas cifras se tiene que entre las 34 naciones de la OCDE, México ocupa el último lugar en el examen PISA según datos del 2012. Y en el ámbito mundial ocupa el lugar 131 en calidad de la educación en ciencias y matemáticas, el sitio 124 en primaria y el 119 en educación superior, en una muestra de 148 países. Por si esto no bastara, en 2013 también se detectó baja cobertura educativa para los jóvenes de 15 a 19 años; la atención a ese grupo de alumnos fue de 56 por ciento, cifra poco alentadora ya que está muy alejada de los países miembros de la OCDE, cuyo registro promedio es de 84 por ciento, e incluso menor a la de Brasil con 77, Chile con 76 o Argentina con72 por ciento. En referencia a la cobertura en educación superior, a escala nacional se reporta una matrícula de 3 millones 400 estudiantes que representa 29.4 por ciento del total. Asimismo, de cada 10 alumnos que ingresan a la primaria sólo tres concluirán la universidad.

Se hacen unos señalamientos por demás delicados. Se dice que el Estado mexicano no actualizó los documentos normativos con base en las obligaciones reconocidas en las convenciones internacionales; no emitió la ley reglamentaria de los derechos culturales; no estableció claramente la separación de competencias y atribuciones de los entes públicos sobre los bienes del patrimonio cultural ni dispuso de mecanismos de coordinación efectivos para su preservación, y confirió atribuciones a dependencias que no eran competentes en la materia. O sea, además del fracaso en la política pública de la educación, existe una incapacidad del Estado Transnacional Mexicano para abordar adecuadamente el fenómeno educativo. En fin.