El Congreso y el cumplimiento de la ley
Marco Vinicio Jaime
10 de abril de 2015
Todo sistema político-gubernamental que finca su regir en principios democráticos, posee en la observancia cabal de la ley la esencia de su propia eficacia, traducida esta entre otros, en sendos beneficios permanentes y de continuo para la colectividad, de todos sus sectores, y es ella misma quien lo llega a corroborar sin necesidad alguna de la contraproducente coacción publicitaria; porque alcanza a percibir a su vez, atención y comunicación genuinas, legalidad, respeto y honestidad que conllevan a la credibilidad en el poder, tan escasa en estos días aciagos, justo es decirlo, como lo han reconocido las diferentes fuerzas políticas y gubernamentales del país.
Así, un buen ejercicio gubernamental y una igual práctica política, convergen en la congruencia del decir y el hacer, lo mismo que en la interacción copartícipe y productiva que no escatima recursos para consolidar claros objetivos de avance en materia de desarrollo que se palpa en todos y para todos, y que va mucho más allá del discurso o la indigestante mercadotecnia de la reproducción mediática del “mundo feliz”, que por supuesto, según se ha denunciado públicamente, únicamente alberga a las cúpulas reinantes, y en lo subsiguiente para estas "todo está muy bien, en todos".
De conformidad, la administración eficaz obtiene a pulso la aceptación popular porque se ciñe de veras a los preceptos constitucionales y habla siempre con la verdad: siembra respeto, veracidad y su comportamiento es uno, nunca doble, y por tanto la cosecha es clara y proporcional: no hay problemas ni se conflictúa con nadie, ni recurre a la irascibilidad de una respuesta a destiempo: sin comunicación ni política, "echando gasolina al fuego" en su desesperada improvisación; y en consecuencia no requiere de derroches en programas de justificación o “prestidigitación” a granel para evadir artificiosamente la ley. Solo se comunica y se actúa diligentemente sobre la base de lo que existe y se va construyendo en la corresponsabilidad, al igual que en la inteligente suma natural, lo que en cambio sí llega a generar un impacto favorable.
Por ello, cuán oportuno es que la XXXI Legislatura local haya establecido en su momento el compromiso de regirse con una sana distancia del presente proceso electoral, justo en circunstancias en las que la sociedad exige como nunca antes justicia y respeto por la vigencia del Estado de Derecho, toda vez que no han sido pocos los acontecimientos lamentables protagonizados por una evidente generación de gobernantes, funcionarios y representantes populares con poca estima por la ley y el orden.
La actuación de cada legislador –al margen de su pertenencia partidaria- en función de la prudente neutralidad de cara a las campañas políticas, podrá incidir estratégicamente desde su particular campo de acción, en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones, luego de que sean los hechos los que resuenen más fuerte que las palabras o hasta el mal comportamiento correligionario. La sociedad se encuentra en espera pues, de algo que la convenza de que no todo está perdido.
Siendo como tal pues el Legislativo, el poder con una responsabilidad mayúscula que es el de dar sentido a la ley e impulsar el marco jurídico acorde a las necesidades contemporáneas, no podía hacer menos que fijar su postura ahora, y no solo durante el proceso electoral, sino de manera cada vez más profunda al nivel que lo requiere el urgente restablecimiento de la credibilidad y el fortalecimiento coyuntural de la salud social y democrática. ¿Habrá resultados positivos desde corto plazo? Así se espera por el bien de todos.
LA UAN Y SU FORTALEZA
La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), como es sabido, se encuentra en un singular proceso en su desenvolvimiento que exige cada vez más de sí, de cara a los retos de la impredecible dinámica social globalizante y su consecuente demanda de presteza para la formación de las nuevas generaciones lo suficientemente productivas y constructivas para una sociedad en constante evolución; que es en sí, el parámetro para cuantificar la razón de ser de las instituciones educativas, al que se le ha dado notable énfasis en los últimos años por parte de los organismos ex profesos del ámbito internacional.
No obstante, como en todo reto, se torna imprescindible tener muy en claro las dimensiones de la problemática: sus causas y efectos; las oportunidades de mejora como de las fortalezas, a fin de saber qué, cuándo y cómo estructurar las líneas de acción precisas que coadyuven al cometido.
En este marco, es que cobra relevancia la reacción tenida por parte de los tres sectores de la 'casa máxima de estudios' hacia la crisis que se hizo presente el pasado mes de diciembre, una vez que la insuficiencia de recursos para cubrir prestaciones de fin de año a sus integrantes, demostró la necesidad de reestructurar la capacidad de maniobra administrativa tanto al interior con mayor creatividad para la optimización del recurso disponible, como extra muros, en la gestión emergente para la solución oportuna de las situaciones imprevistas.
Así, en reunión del Consejo General Universitario se establecieron estrategias sustentadas en una mayor transparencia en el manejo financiero, empezando por la revisión minuciosa de la propia operatividad del recurso, al igual que en la publicación mensual de la nómina del personal académico, administrativo y de trabajadores, todo con el objeto de garantizar una mejor cobertura y evitar a la postre los problemas de diciembre.
Sin duda, que la transparencia es el mejor antídoto para asegurar eficacia en cualesquier campo del quehacer cotidiano institucional, y más aún cuando se trata del ejercicio presupuestal, por ello resulta oportuno el que ahora la unidad que gravita en torno de la autoridad universitaria se haga patente en robustecer el blindaje financiero y hacer garantes sus beneficios correspondientes independientemente de los vendavales que surgen a cada momento.
Por ello, se sientan las bases para avanzar no solo en el tema financiero, sino en consecuencia en la calidad educativa, porque el desafío no es menor, según lo expuso recientemente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): el niño más pobre de Shangai (China), recibe mejor educación que el más rico de México. Por tanto, es un buen momento para revalorar en este caso, el papel de las universidades, y la de Nayarit, que se ha significado por la constante búsqueda de la mejora a pesar de los obstáculos característicos de su peculiar desarrollo histórico, bien podría, desde su trinchera, construir paralelamente un legado capaz de trascender su propio tiempo y circunstancias. ¿Superará el reto? Que así sea entonces.
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