Necesaria auditoría académica en la UAN

El hecho que el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit haya mandatado transparentar sus nóminas de académicos, trabajadores sindicalizados y empleados administrativos es un primer paso en el saneamiento de los recursos públicos asignados a la UAN.

A nadie sorprende el sinnúmero de comentarios, unos de buena fe y otros de mala leche.

Los comentarios más sensatos tienen que ver con la molestia que causa encontrar en las nóminas a profesores de tiempo completo y que a la vez desempeñan un cargo público. Este es el caso del actual director general de los SEPEN, Héctor López Santiago quien cobra en ambos cargos.

Se supone que un profesor de tiempo completo está obligado a permanecer en la institución ya sea cumpliendo tareas de investigación o ejerciendo la cátedra, lo que lo obliga en ambas circunstancias a realizar tareas complementarias tales como otorgando asesorías a sus alumnos, investigación de campo o documental  y capacitación.

Se justifica Héctor López Santiago que él cumple puntualmente su tarea durante las primeras horas de las mañanas en su lugar de trabajo.

Esta manera de trabajar la puede hacer cualquier docente que se le paga por horas- semana-mes, o sea se presentan frente al grupo en la hora asignada, exponen su tema y luego se van. No les interesa para nada si sus alumnos aprendieron o no la clase.

Entiendo que los profesores de tiempo completo desempeñan un importante rol en el proceso enseñanza-aprendizaje que es la de profesionalizar la tarea magisterial, lo cual implica una responsabilidad que va más allá de su horario laboral.

En el caso de Héctor López Santiago ocupa más tiempo a su desempeño como director de  los SEPEN que su trabajo docente de tiempo completo.

No se trata de cubrir número de horas en salón de clases sino la de ejercer con calidad y eficiencia su trabajo académico.

Es muy usual que este tipo de maestros universitarios que paralelamente desempeñan cargos públicos sean los más faltistas.

Por esta razón la conveniencia que el Consejo General Universitario y la rectoría aplicaran una auditoría académica en todas las unidades de la UAN, sobre todo en las preparatorias en donde desde hace décadas se anida y protege a charlatanes de la educación.

Basta ver el bajo nivel de aprendizaje de la mayoría de los preparatorianos.

El otro asunto que está en la picota pública es nada menos que el fondo de jubilaciones y pensiones. Su análisis depende con el cristal con el que se mire. Si el interés de algunos es de denigrar ante  la opinión pública que esos recursos públicos que se designan a ese fideicomiso son desviados a otros menesteres, pues tendrán que demostrarlo con los pelos en la mano y no a partir de la especulación que se generó por la crisis de liquidez a fines del año pasado.

Si se le considera desde una óptica preventiva es necesario que se tomen en cuenta todas las variables que posibiliten el buen funcionamiento del fondo de pensiones, entre otros, que debido a que año con año se incrementa el número de pensionados y jubilados y, por tales razones son insuficientes los recursos que hoy administra el fideicomiso.

Ante tal situación pese a los esfuerzos mancomunados de toda la comunidad universitaria para que la SEP reconozca nuevas plazas será necesario encontrar nuevas formas de financiamiento para incrementar los recursos del fondo de pensiones, ya que debido a la creciente demanda estudiantil urge abrir nuevas plazas que reemplacen a los profesores y trabajadores en retiro.

Otro factor tiene que ver con la aportación que hacen sus profesores y trabajadores al fondo de jubilaciones y pensiones, lo cual es insuficiente.

De no tomar medidas preventivas a mediano plazo se corre el riesgo que la UAN no pueda pagar en tiempo y forma a sus jubilados y pensionados…

¿YA SE PAGARON LAS INDEMNIZACIONES A EJIDATARIOS?

Hasta el día de hoy no tenemos noticia de si la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ya liquidó la correspondiente indemnización a un grupo de ejidatarios que impedían la continuación de las obras del canal Centenario alegando que no se las ha pagado el derecho de paso y daños colaterales. ¿Qué dice el titular de la CONAGUA, David Korenfeld ante tal reclamo?