En juego la credibilidad presidencial

A consecuencia de la presión por los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y redes sociales, la Cámara baja del Congreso de la Unión se vio obligada a retomar el debate en torno a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se anunció que este día podría ser aprobado el dictamen correspondiente por la Comisión de puntos constitucionales y estudio legislativo y luego llevado al pleno de la Asamblea este jueves.

A quien más le urge su aprobación es al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y al PRI tomando en cuenta que está en puerta el proceso electivo federal y en 17 estados de la república. Las razones son varias, entre otras:

1.-Recuperar la credibilidad y confianza en el Gobierno de la República en la que ha caído sistemáticamente en los últimos seis meses a consecuencia de los conflictos de interés en los que se han visto involucrados al presidente Peña Nieto  y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray por las millonarias mansiones que compraron a una empresa constructora que tiene jugosos contratos de obra pública con el Gobierno Federal.

Peña Nieto quiso tapar el hoyo abriendo otro ante el escrutinio popular. No fue una buena táctica política revivir el cadáver de la Secretaría de la Función Pública.

El hecho de nombrar como titular en esta dependencia subordinada al Ejecutivo Federal a un académico honorable como lo es el Dr. Virgilio Andrade Martínez ex consejero del IFE, más que resolver el problema de la credibilidad presidencial lo profundizó más pues ésta secretaría no tiene facultades legales para investigar a sus jefes.

2.-El enojo de las organizaciones civiles al ser excluidas en los debates sobre esta comisión; incluso denunciaron al lado del PAN y PRD que desde la Secretaría de la Presidencia remitieron 90 observaciones sobre el predictamen de la susodicha Comisión Nacional Anticorrupción que de aplicarlas apoyados por el PRI-PVEM saldría una Comisión a modo para que sea inoperante.

3.-Otro factor que dio más presión al Gobierno de la República fue nada menos que el informe que dio el auditor superior de la Federación.

Destacó el auditor federal que en el análisis de la cuenta pública federal de 2013 encontró 2,500 irregularidades en el gasto federal, entre otras, desviación de recursos públicos y gasto no comprobable, sobre todo en el gasto federal en Estados y Municipios.

Subrayó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) incurrió en irregularidades en su gasto por un monto cercano a los 55,000 millones de pesos.

En este mismo tenor apuntó a educación, salud, infraestructura carretera y seguridad pública.

Se quejó que ese órgano no tiene facultades vinculatorias para llevar a proceso penal a quienes atracan al erario público por lo que ve con buenos ojos la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción  siempre y cuando se le den las herramientas jurídicas para procesar a los servidores públicos corruptos y que se amplié el número de sujetos obligados a rendir cuentas tales como: el Congreso de la Unión, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y empresas descentralizadas; es decir que haya consecuencias penales para quienes se enriquecen ilícitamente a la sombra del poder.

4.-El otro factor que obliga a los legisladores federales a crear la Comisión Nacional Anticorrupción es blindar la implementación de las reformas estructurales aprobadas en el 2013 fundamentalmente la Reforma Energética, Telecomunicaciones y Educación.

A este nuevo instrumento en contra de la corrupción pública habrá que agregarle lo más  pronto posible la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

Es curioso pero hasta el mismo consejo general del IFAI solicitó al Congreso de la Unión a que apruebe una Ley que de un acceso rápido y sencillo a toda la ciudadanía a conocer en qué, en dónde y cuanto se destina el gasto público en los tres órganos de gobierno y de más entes obligados.

Temen los consejeros del IFAI que la clase política gobernante se las ingenie para ocultar información mediante la concebida frase: “reservada por seguridad nacional”.

El Gobierno de la República y los partidos políticos necesitan airar a los peligrosos vientos huracanados que amenazan tormenta en varias entidades del país. Recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos, esto sí es cuestión de Seguridad Nacional.