Tepic, Nayarit, sábado 20 de abril de 2024

Nayarit tierra sin ley

Octavio Camelo Romero

23 de Febrero de 2015

El domingo 22 de febrero del año 2015, al filo del medio día me encontré en un céntrico café de Tepic, a un nutrido grupo de jurisconsultos encabezados por los licenciados Nemesio Lizárraga de Sinaloa, Álvaro Hernández de Jalisco y Alfredo Romero de Nayarit, todos miembros del Colegio de Abogados “Benemérito de las Américas”. Me sorprendió que me dijeran que en Nayarit no puede haber gobernabilidad porque es una entidad sin Ley. Y lo que más llamó mi atención fue su decisión de presentar una demanda o denuncia de responsabilidades  ante la PGR y/o Suprema Corte de Justicia de la Nación por la presunta ingobernabilidad que prevalece en Nayarit, tipificada por la existencia material de una Fiscalía General que según su decir tiene una inexistencia jurídica y por una Ley nula del Notariado para el Estado de Nayarit.

Me hicieron saber que no hay desmentido ni deslinde sobre la INCUMPLEMENTACIÓN de la Trigésima Legislatura, y encubrimiento de la actual Trigésima Primera Legislatura que compone la Cámara de Diputados, del “auto-mandato” del Transitorio Artículo Segundo, decretado en el Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, Diario oficial de fecha 21 de enero de 2013, que a la letra dispone: “EL CONGRESO DEL ESTADO, DENTRO DEL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE REFORMA, DEBERÁ EXPEDIR LAS ADECUACIONES LEGALES CONDUCENTES RELACIONADAS CON LA FISCALÍA GENERAL”. Me enfatizaron que lo anterior no se cumplimentó y que por ese motivo se tiene una evidencia pública inapelable que “hace prueba plena sobre la carente certeza de Gobernabilidad Jurídica.

Por otra parte, me comunicaron que la afectación de nulidad de la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, esa que sirve para que los Notarios Públicos sean fedatarios, o sea, tengan la capacidad de “DAR FE”, se evidencia en la “ALTERACIÓN” o “EMPALMAMIENTO” de supuestas reformas a un Decreto sin otro Decreto. Y me señalaron un montón de artículos supuestamente reformados. Señalan como responsables a Ney González Sánchez quién asumió indebidamente el cargo de Gobernador del Estado, a Roberto Mejía Pérez que fungió como Secretario de Gobierno, al notario José Lucas Vallarta Chan que indebidamente fue Diputado Presidente, a las diputadas Blanca Yesenia Jiménez Cedano y Angélica Cristina del Real Chávez, a la Diputada Presidente Jocelyn Patricia Fernández Molina y a la Diputada Secretaria Angélica Cristina del Real Chávez, al Deputado Presidente Miguel Antonio Fregoso Rivera y al Diputado Secretario Luis Alberto Salinas Cruz. En este caso de la Ley del Notariado al grupo de jurisconsultos les hice saber mi ignorancia en la materia y me explicaron que en la Ley del Notariado que se había decretado en el periodo gubernamental de Antonio Echevarría se prohibía a los notarios ocupar cargos públicos y se les daba la vida privada como la condición de su existencia notarial. Por lo tanto Ney González me recalcaron estaba impedido para ser candidato del PRI a ocupar el cargo de Gobernador, toda vez que ya había sido nombrado notario. Pero además que en las supuestas enmiendas a la Ley del Notariado no había promulgado ningún decreto modificatorio del anterior decreto. Y que por ello existe un vicio de nulidad de origen. Después de estas charlas los jurisconsultos se fueron del café. En fin.


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