Prevención al efecto cucaracha

De los tres partidos más importantes en el país, PRI, PAN y PRD ninguno de ellos podrá ufanarse de no estar filtrado por las bandas del crimen organizado y conocemos de qué manera lo hacían, esto es, mediante la elección de candidatos externos a los puestos de elección popular.

Las bandas delincuenciales iniciaron este proceso de filtración por el eslabón más débil de nuestras instituciones como lo son los ayuntamientos más pobres en cada uno de los estados que hoy prácticamente están copados por las mafias, en este caso, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Si bien en algunas de estas entidades ha disminuido la delincuencia  y los delitos de alto impacto como lo son el secuestro, la extorsión, la trata de blancas y el homicidio doloso debido a que el gobierno de Peña Nieto implementó una nueva estrategia diferente a la del gobierno panista de Felipe Calderón, en cambio en las últimas semanas el Estado de Guerrero gobernado por el perredista Ángel Aguirre, hoy es centro de atención nacional y mundial por los acontecimientos sangrientos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero en donde fueron asesinados tres estudiantes normalistas y tres personas más y luego secuestrados 43 normalistas de los que se presume podrían estar muertos. Estas acciones criminales fueron ejecutadas por la policía preventiva de aquel municipio de los que se dice que algunos de ellos son miembros del grupo delictuoso “guerreros unidos”, uno de los brazos armados de la banda de los Beltrán Leyva.

Ante estos trágicos acontecimientos la actitud del gobernador Ángel Aguirre y de los dirigentes nacionales del PRD ha sido patética. El primero ante la andanada de críticas por haber sido omiso a las denuncias públicas que los grupos del crimen organizado “guerreros unidos” y los “rojos” que operan en la costa grande de aquel estado nada hizo por combatirlos argumentando  que son de competencia federal.

Aunque estos es cierto Ángel Aguirre es el responsable político de lo que ocurre en aquella entidad.

Como lo declaró el líder nacional del PRI, Cesar Camacho, en días recientes, conminó que el gobernador perredista debe enfrentar su responsabilidad política y moral hasta que se esclarezcan los hechos sangrientos de Iguala y no pretenda darle una salida política como la de solicitar un referéndum para que se le revoque o no su mandato.

Respecto a la posición del PRD por voz de su líder nacional Carlos Navarrete en vez de pedir perdón al pueblo de Iguala por haber designado como su candidato a la presidencia municipal al Sr. José Luis Abarca quien presuntamente tiene nexos junto con su esposa con los “guerreros unidos” debe sumarse a la investigación al lado del Gobierno Federal para que se esclarezcan los hechos tope quien tope y se encuentren a los 43 estudiantes secuestrados y a los delincuentes se les meta a la cárcel.

A la vez, los dirigentes del PRD deben comprometerse en ser más rigurosos en la designación de sus candidatos y no irse con la finta de postular a ciudadanos que en apariencia presumen como honrados y populares pero que atrás de ellos se esconden perversos y oscuros intereses.

Michoacán, gobernado por el PRI es otro ejemplo emblemático de la manera como las pandillas delincuenciales han corrompido y degradado a nuestras instituciones.

Durante la próxima elección de candidatos  debe ser de igual manera  observada con gran responsabilidad por los consejeros  del Instituto Nacional Electoral (INE) porque ante los escándalos de las autoridades municipales que han sido penetradas por las bandas delincuenciales las candidaturas independientes podrían ser una ventana al crimen organizado.

Estas podrían ser el talón de Aquiles de nuestro sistema electoral.

Ante los hechos sangrientos a los que aludimos el presidente Peña Nieto convocó en Aguascalientes durante una conferencia nacional de gobernadores tomar medidas preventivas y cerrar filas ante el crimen organizado y poner un sólido dique para evitar que el efecto cucaracha  se extienda en todos los estados del país.

A este llamado el Gobernador Roberto Sandoval instruyó al Fiscal General del Estado, Edgar Veytia de que mantenga una permanente coordinación con las secretarías de seguridad pública de los 20 ayuntamientos. Este llamado fue atendido prontamente cuando en días pasados se realizó una reunión en esta capital en donde acudieron  los jefes policiacos de los 20 municipios con la participación del comandante de la 13ª zona militar, General Sergio García Vera, el Fiscal General de Nayarit y los jefes de la Policía Federal.

De continuar esta coordinación entre los cuerpos policiacos y mandos militares se estará garantizando la seguridad pública de los nayaritas.