Salario de hambre

La semana pasada concluyó en la capital de la república el foro internacional sobre el salario mínimo en Latinoamérica auspiciado por el Gobierno del Distrito Federal que preside el Dr. Miguel Ángel Mancera.

Dicho foro arrojó luz sobre la grave situación de millones de trabajadores en nuestro país que sobrevive con un salario mínimo.

Según algunos ponentes el salario mínimo actual se ha depreciado en un 70% desde hace 30 años a la fecha.

Desde la década de los 80´s el salario mínimo cambió su naturaleza, es decir, de ser un referente laboral cuyo propósito es asegurar al trabajador un salario remunerador que haga posible satisfacer su canasta básica tal y como lo mandata la Constitución; y a la vez se aplica como una unidad de cuenta para aplicarla en multas en diversos delitos o en la asignación de recursos financieros a los partidos políticos o para obtener crédito en el Infonavit.

Estos dos atributos del salario mínimo han sido el argumento para que tanto el Estado como el sector empresarial sostengan que incrementar el salario mínimo hasta recuperar su poder adquisitivo es altamente inflacionario.

Recuerdan que durante los gobiernos presidenciales priistas de la década de los  70´s y principios de los 80´s cuando se incrementaban por decreto el salario mínimo tuvo un efecto devastador a nuestra economía: hiperinflación y sobreendeudamiento público, lo que generó las graves crisis económica de 1982 y 1994 trayendo como consecuencia la devaluación del peso.

Los ponentes que están a favor de la recuperación adquisitiva del salario mínimo admiten que no se trata de incrementarlo de facto sino gradualmente, no solo por razones de moral pública sino porque también contribuiría a reactivar la economía, sobre todo ahora que se aprobaron las reformas de Competencia Económica y la reforma Energética, mismas que según el presidente Peña Nieto habrá crecimiento económico en los próximos años.

Mientras son peras o manzanas el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera dijo que llevará un estudio minucioso de esta propuesta a la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional  de Gobernadores a efecto de que se analice y busquen nuevas propuestas que  profundicen en ese tema.

Además dijo estar dispuesto a dialogar con el sector empresarial siempre y cuando no se pierda de vista que tanto el Estado como el sector privado están obligados a acatar el mandato constitucional de que el trabajador debe disponer de un salario bien remunerado que facilite la adquisición de los productos de la canasta básica. Siete millones de familias en el país apenas sobreviven con un promedio de 65 pesos diarios.

Según el Jefe de Gobierno del D.F propone incrementar el salario mínimo a 80 pesos diarios e irlo incrementando de acuerdo a los índices del crecimiento económico de nuestro país…

ABUSOS EN LA INSCRIPCIÓN ESCOLAR

En cada inicio de ciclo escolar los padres de familia de escasos recursos económicos tienen que lidiar con directores de escuelas que condicionan la inscripción de sus hijos previa cuota “voluntaria” a pagar contraviniendo el mandato constitucional que los servicios educativos son obligatorios y gratuitos.

El presidente de la asociación nacional de padres de familia Ing. Leopoldo García exigió a la titular de los SEPEN que ordene una inspección a las escuelas en donde se cometen esta clase de abusos.

Los directores de esas escuelas denunciadas se defienden aduciendo que esas cuotas son voluntarias y además acordadas por los mismos padres de familia en los consejos de participación social.

El problema de esos acuerdos es que se excluya en estas decisiones a los padres de familia de los niños y niñas de primer ingreso.

Lo más democrático seria que una vez inicie los cursos el director de la escuela convoque a la elección de los nuevos integrantes de los consejos de participación social y allí se consensuen las cuotas voluntarias de acuerdos a las necesidades de la escuela.