La farsa electoral de siempre

La sociedad renuente a beneficiar con su voto a las mafias de Naranjo y Echevarría
 
Una misma historia se viene repitiendo en cada contienda electoral desde 1999. Es la continuación de la lucha por el poder entre el PRI y la facción de sus propios renegados, aglutinados en torno al más exitoso negociante de la política: el priísta Antonio Echevarría. Tengo que insistir en su interpretación porque nos pretenden ocultar la verdad, una y otra vez, haciendo triunfar el “ruido” y la “propaganda” del dinero (“arte de la mentira”), y porque casi nada ha cambiado desde aquel entonces y hoy asistimos a la misma pugna entre la vieja clase política, la que siempre ha dominado en Nayarit.

Mientras tanto, la sociedad observa con pasmosa impasibilidad cómo los únicos con el derecho a postularse a cualquier candidatura y en todas las campañas, son la familia Echevarría y sus favoritos; porque acapararon con su dinero todas las vías de acceso y apuestas de alternancia al poder, para mantenerse siempre como las figuras “opositoras” en la farsa electoral. Y finalmente hemos sido testigos, de cómo siempre aparecen como los dueños y beneficiados al momento de repartir candidaturas y acaparar las plurinominales del gran negocio, una prerrogativa muy especial acaparada por la familia del oligarca.

Los Echevarría, quisieran el olvido y mantener la sociedad atrapada en el pasado, participando sometida dentro del proyecto reaccionario que pretende construir su dinastía familiar; nos han condenado a padecer con sus campañas, la visión horrorosa de los mismos cadáveres políticos deambulando por las calles y pregonando el retrógrada lamento del “cambio”, aquel penoso lema de la alianza del 99, con el que ya engañaron y traicionaron a la sociedad; ahora en el 2014, han intrigado lo suficiente para resucitar y lanzar para Tepic, al ya antes derrotado candidato del 2002: el primo del oligarca Echevarría.

Y semejante despotismo familiar, lo van instalando en el imaginario popular como una “normalidad” y es celebrado como un gran avance “democrático” contra el autoritarismo del PRI; y es que, nos han ido “acostumbrando” a lo mismo, desde que se traicionaron las genuinas aspiraciones de los nayaritas y fue dejado en suspenso su discurso de un gobierno democrático al servicio de la sociedad y no de los ricos; son las consecuencias del tremendo desencanto que provocó el error histórico de López Obrador, al apoyar a Antonio Echevarría en 1999, cuando obcecado decidió aliarse a la derecha y cancelar la vía de transformación democrática para Nayarit.

Desde entonces, las “emprendedoras” burocracias partidistas, gozan en la “danza de las monedas” y se proponen por el bien de su empresa electoral y sus negocios, convertir a Nayarit en un conglomerado obediente dispuesto a votar siempre sus alianzas al servicio del echevarrismo. Para ellos, someter los ciudadanos a los caprichos de los miembros y favoritos de la familia Echevarría, es el mejor de los negocios posibles, nada como participar asociados y en sociedad en la más próspera de las empresas del Grupo Álica: la electoral.

El control mafioso del aparato de los partidos, le permite a una camarilla de “vividores” de la oposición acondicionar a su beneficio el gran hartazgo y descontento social que provocan los errores, abusos y la corrupción política en el gobierno; esta maquinaria de control electoral, también corrupta y carente de emoción social, es la “máxima” obra de los “Chuchos” y sus pares panistas y la que les garantiza continuar vigentes en los negocios con Echevarría.

Aquel experimento de la alianza por el “cambio” en realidad encarriló la sociedad al autoritarismo, y hasta la fecha la mantiene paralizada, sin capacidad de cuestionamiento ni iniciativa, incapaz de organizarse prescindiendo de los recursos de la derecha; es una sociedad que le celebra a los políticos corruptos, sus exabruptos y extravagancias (Echevarría, Naranjo o Layín) y vive temerosa de elevar su voz ante las injusticias.

LA CATÁSTROFE DE  LA ALIANZA POR EL “CAMBIO” DEL 99

LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRD, HABÍA EXPRESADO SU MÁS ENÉRGICA CONDENA AL RÉGIMEN DESPÓTICO Y SUS ABUSOS DE PODER, AL GOBIERNO ECHEVARRISTA EMANADO DE UN EXPERIMENTO INMORAL Y CARENTE DE TODA ÉTICA PARTIDISTA; A ÉSTE DÍA… NOS ACERCAMOS COMO PUDIMOS. LA EXPERIENCIA DE LA PRIMER ALIANZA OPOSITORA SE EXPONE EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN N. 13, DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, HE AQUÍ ALGUNOS FRAGMENTOS:

En agosto del 2002 la dirigencia nacional del PRD acordó que públicamente se dé a conocer la solicitud de renuncia del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, por haber incurrido presuntamente en numerosas anomalías durante los casi tres años de su administración. En conferencia de prensa, el secretario general del CEN del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, informó que se buscaba preparar las condiciones para una posible demanda de juicio político al gobernador. Destacó que las denuncias presentadas contra el mandatario nayarita, por numerosas violaciones a la ley – como nombrar a parientes como funcionarios y beneficiar a sus propias empresas con recursos del erario sin licitaciones-, propiciaron que el PRD decidiera desligarse totalmente del gobernador.

Navarrete precisó que Antonio Echevarría traicionó a todos los partidos de la Alianza que lo llevó al poder, pues a última hora decidió apoyar con fondos a Convergencia por la Democracia, no obstante de haberse afiliado al PAN a un año de su mandato. Destacó que la decisión de solicitar la renuncia del mandatario nayarita surgió de un pleno del CEN del PRD, realizado en la ciudad de México el 31 de julio, en donde quedó establecido que la administración echevarrísta presenta claras conductas contrarias a la línea política del PRD.

Ante tal situación se acordó la elaboración de un dictamen de cinco puntos en el que se contempla la solicitud de renuncia; emprender acciones legales contra casos de nepotismo e imposiciones de funcionarios, así como pedir a perredistas que forman parte de su equipo renunciar a los cargos y no aceptar nuevas posiciones. Finalmente, comisionar al gabinete de Ejercicio Gubernamental para la tarea de analizar y preparar las condiciones políticas y sociales para la posible demanda de juicio político. (El Universal, 19 de agosto de 2002).

Días después, entre protestas de militantes del PAN y del PRD, y la exigencia de los diputados estatales del sol azteca para que renuncie al cargo, el gobernador Echevarría Domínguez entregó su tercer informe de actividades al Congreso local.

Antes de entrar a la sede del Poder Legislativo, Echevarría Domínguez enfrentó a perredistas, cuya directiva estatal entregó  a la Legislatura nayarita una demanda de juicio político contra el mandatario. Militantes del PAN pretendieron impedir a empujones el paso al gobernador, a quien gritaron: “¡Renuncia por el bien de Nayarit!”.

El entonces diputado perredista José Jáuregui Algarín anunció a nombre de su fracción que “el día de hoy interpondremos demanda de juicio político en contra del Ejecutivo del estado, por el mal uso del dinero del pueblo y por la violación a sistemática a las leyes y nuestra Constitución”. Al final del acto, el documento se entregó a la vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, Norma Elizabeth Sánchez Contreras (La Jornada, 19 d agosto de 2002).

Ante la exigencia de perredistas para que renunciara, Echevarría Domínguez manifestó que “no se dobla ni se raja” y que continuará en el cargo “haciendo lo que el pueblo quiera”. (El Universal, 19 de agosto de 2002).

DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO QUE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN NAYARIT, ARQ. ARTURO PARTIDA CANTABRANA, INTERPUSO CONTRA EL GOBERNADOR DEL ESTADO, C.P. ANTONIO ECHEVARRÍA DOMINGUEZ, EL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2002.

 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.

PRESENTE:

 HECHOS:

      (…)

SEGUNDO.- El Gobernador Antonio Echevarría Domínguez, en la integración de su gabinete nombró como titular de la Secretaría de Salud al C. Leopoldo Domínguez Hernández, tal y como puede verse a simple vista  en la coincidencia de apellidos, resulta ser que el titular de la mencionada Secretaría es primo hermano del Gobernador del Estado, es decir es su pariente por consanguinidad en cuarto grado, de acuerdo a lo establecido por los artículos 286 y 293 del Código Civil, contraviniendo de esta forma lo establecido por el artículo 54 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo que a la letra dice:

Articulo 54. Todo servidor público, tendrá la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Que deben ser y observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y en especial:

I…

XVII.- abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a que se refiere la fracción XIII.

(…) es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual establece la prohibición a la conducta realizada por el Gobernador del Estado.

Tal nombramiento se establece como observación del Congreso del Estado en el decreto 8440 relativo a la Aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio Fiscal del año 2000 en su artículo 4 numeral 9, misma que fue publicada en el Periódico Oficial de fecha 17 de julio del año en curso; de igual manera su mal proceder del C. Gobernador se ha manifestado en sus declaraciones ante la prensa, tal es el caso que el día 8 de enero de 2001 ante varios reporteros entre ellos el C. Jesús Narváez Robles, corresponsal del diario La Jornada, admitió haber violado la ley “pero nomás poquito” y se enorgulleció de nepotismo ante dichos reporteros.

TERCERO.- Como antecedente debemos señalar que desde que la XXVI Legislatura inicio la revisión y aprobación de las cuentas públicas del Gobierno del Estado, a partir del bimestre septiembre-octubre del ejercicio fiscal 1999, se hizo evidente una serie de irregularidades sistemáticas en la revisión de las cuentas públicas posteriores: por ejemplo en el decreto numero 8286 publicado el día 27 de septiembre del 2002 “correspondiente al bimestre septiembre-octubre del ejercicio fiscal de 1999”.

En el artículo segundo se señalan, las observaciones que debieron ser subsanadas para aprobar en lo particular la cuenta pública; en la observación numero 9 se infiere que la Secretaria de Finanzas hizo un pago al despacho Freyssinier por un monto de 955,000.00 servicio que no estuvo sujeto a licitación pública.

Posteriormente el Congreso del Estado resolvió solventar entre otras esa irregularidad pidiéndole a la Secretaría de Finanzas un mejor control del manejo de los caudales públicos, esto lo señalamos como antecedente puesto que en la revisión de la cuenta pública del 2000 se reincide ya la empresa arriba mencionada se le entregaron recursos por $ 6, 2871,470.90 sin licitación alguna, cuestión que como se señala mas adelante, es motivo de una sanción por el Congreso del Estado.

De igual manera, debemos mencionar que el Decreto número 8348 publicado en el Periódico Oficial de fecha 14 de julio del 2001 y que contiene “la aprobación de la cuenta pública de todos los caudales del Estado correspondiente al bimestre noviembre-diciembre del ejercicio fiscal de 1999, en el artículo segundo se condiciona a la aprobación en lo particular de la cuenta pública a que el Ejecutivo del Estado remita al Congreso constancia de las sanciones de quienes incurrieron en la responsabilidad, como es el caso de adquisición de vehículos de seguridad pública a una empresa de Grupo Alica por un monto de varios millones de pesos que se adquirieron sin la licitación correspondiente.

En cuanto a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio Fiscal del año 2000, como el propio Congreso Estatal observó en su aprobación publicada en el Periódico Oficial de fecha 17 de julio del año en curso, existieron irregularidades que violentaron el estado de Derecho en esta Entidad Federativa, en especial el artículo 70 fracción II de la Constitución Estatal, el cual establece:

ARTÍCULO 70. En ningún caso puede legalmente el Gobernador del Estado:

I…

II. Distraer los caudales públicos del objeto a que están destinados por la Ley, ni mandar hacer pagos que no estén comprendidos en los presupuestos, ni crear otras partidas.

1.- Durante el ejercicio fiscal del año 2000 el presupuesto originalmente aprobado por el H. Congreso del Estado, se vio sustancialmente modificado por las ampliaciones y transferencias netas al nivel de dependencias constituyen un importe de $  19,960.573.00 y fueron afectadas para destinarse principalmente  a Egresos Generales. Dichas transferencias presupuestales no contaron con la aprobación de esta Soberanía transgrediéndose el artículo 70 fracción II la Constitución Política del Estado de Nayarit y al artículo cuarto transitorio del Decreto del Presupuesto del año 2000, que respectivamente señalan.