La legalidad durante el proceso electoral

Respetar la ley, como la norma jurídica que regula la conducta de los individuos en sociedad, en aras de la vigencia del Estado de Derecho, del orden, de la paz y la seguridad, conlleva a vivir en legalidad: en la garantía del cumplimiento irrestricto de esa norma por parte de todos los ciudadanos, empezando por la autoridad.

En etapa de elecciones (e inclusive en tiempos de nula operatividad respectiva) la legalidad incluye el respeto absoluto de poderes y órdenes de gobierno al desenvolvimiento de fuerzas, partidos y candidatos en su lucha por la consecución de los diferentes cargos que están en disputa. Tal respeto se contempla ampliamente en el artículo 134, párrafos 7, 8 y 9 de la Constitución General de la República, y en la particular del Estado de Nayarit, en el  artículo 70, fracción II, al igual que en el artículo 71.Aquí se deja muy en claro que cualquier tipo de ingerencia–velada o abierta- en el momento que sea: porque el mandato se ejerce todos los días,será causal de severas sanciones, incluyendo hasta juicio político. Y más aún todavía, que el juicio ciudadano será implacable al ver que de una flagrante violación a las leyes, se intente imponer paradójicamente todo un sistema con piel de benefactor.

Por tanto, es de resaltar que el Ayuntamiento de Tepic en voz de su Secretario, Trinidad Espinoza Martínez, reiteró los últimos días su postura por el respeto irrestricto del marco legal, a fin de contribuir al máximo a un proceso lo mayormente transparente y a la altura de las expectativas ciudadanas.

Así, se expuso sin más que no habrá ningún tipo de actividad por parte de la administración capitalina que sobrepase los límites establecidos en la ley misma en lo referente a la posibilidad de ser factor de inequidad, lo que obviamente –también aclaró el funcionario- nada tiene que ver con la continuidad del trabajo que se desempeña todos los días.

Qué bueno pues, que se refrenda el compromiso de la autoridad, en este caso, municipal de Tepic, por el respeto al marco legal, en la ineludible necesidad de vivir a plenitud bajo el Estado de Derecho y la justicia, de cara a su vez a la democratización que todos merecen. Porque el tiempo de los artificios, de la intromisión camuflada del militante plenipotenciario, de la publicidad subterfugia –y a veces no tan subterfugia- con sello oficial y de la estructura en el poder, debe superarse por completo, en vías de una auténtica proclama por la legalidad, ya no más dobles discursos.

El imperio de la ley debe regir para todos, desde el más encumbrado regente hasta el más humilde ciudadano. La problemática que envuelve el presente estado de cosas, mucho tendrá de solución en un elemental respeto de veras de los preceptos constitucionales, al sentar las bases para la convivencia armónica entre los individuos con un evidente sentido común de bienestar popular.

Por tanto, se espera entonces que el Gobierno Municipal siga trabajando en su encomienda de solucionar las demandas ciudadanas, respetando la ley, así como de favorecer al desarrollo de una contienda electoral en la que participen como actores principales los ciudadanos, al observar, juzgar y meditar,  después de la oferta que única y exclusivamente presenten los candidatos de los diferentes partidos políticos, porque son los que están –por ley- en campaña, nadie más. De ahí que se entienda la preocupación manifiesta por el Ayuntamiento de contribuir al máximo con el cometido. De conformidad, “si así se hiciere, el pueblo lo reconocerá, si no, lo demandará”. Enhorabuena.

El Congreso y la legalidad

Basada en su ambicioso Plan de Desarrollo Institucional (2011-2014), la 30 Legislatura local, ha logrado sin duda importantes avances en materia de adaptabilidad del marco jurídico local a las necesidades actuales, y es así como espera concluir el próximo 17 de agosto su particular encomienda. Es un hecho que le tocó enfrentar tiempos verdaderamente desafiantes, toda vez que al tener un plan, fue inevitable también su reto de establecer un parteaguas en el ejercicio legislativo para mediar al máximo entre la exigencia popular contemporánea y un tradicionalismo de inercias, prácticas en desuso y lineamientos más apegados a la jerarquización que al compromiso social.

Por ello, no es de extrañar que siga enfrentando dificultades y obstáculos para cumplir con su responsabilidad, y que indiscutiblemente así será hasta el último minuto, puesto que la problemática ciudadana sigue en aumento, y hay que hacerle frente.

Así, cuán oportuno resulta el que el Poder Legislativo eficiente cada vez más sus mecanismos comunicacionales, de interlocución con la gente, de acercamiento directo y continuo con sectores y organizaciones, de apertura de sus actividades y de explicación puntual y pormenorizada de cada decisión tomada, a fin  de que sea pues la propia sociedad la que conozca con razón de causa el por qué de toda iniciativa, decreto y ley aprobados.

De conformidad, no habrá mayor problema para salir avante de planteamientos, dudas y demandas provenientes de cualquier actor, como la reciente y peculiar solicitud de un ciudadano para entablar un proceso de juicio político en contra de la Legislatura, a partir de supuestas inconsistencias encontradas en la aprobación del marco legal que regula la Fiscalía General del Estado. Será indisputablemente un ejercicio saludable y benéfico para la transparencia, la libertad de expresión y la legalidad, el dar el mejor cauce con una buena dosis de oficio, creatividad y sentido común  a cualesquiera de las inquietudes populares. Que redunde pues todo en bien de todos, por todos y para todos.