Institucionalidad que rinde frutos
Oscar González Bonilla
09 de febrero de 2014
Armando García Jiménez ha acrecentado su bagaje de conocimientos en la actividad política, se nota al asumir un comportamiento prudente y hábil, responsable y serio, muy por encima de la medianía en que están sumidos los funcionarios del gobierno de la gente.
El presidente del Congreso del Estado ha sido útil a Roberto Sandoval, gobernador priista de Nayarit, en su carácter de operador legislativo de mucha efectividad. Ha presumido que la extensa cauda de material legislativo ha sido aprobada por unanimidad, procedimiento que desnudó a la parte mayor de los 30 diputados como ignorantes en materia legislativa, incultos y apocados.
De ahí que el pastor de los integrantes de la XXX Legislatura se sienta a medias satisfecho por el trabajo realizado hasta casi el arranque del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional (18 de febrero al 17 de mayo), muy a pesar de que se avanzó en grandes temas de mucho interés ciudadano, mas es tan dinámica la tarea de legislar que rebasa las expectativas y a algunos diputados hace ver lentos por su incompetencia.
Se jacta de tener una buena relación con los tres coordinadores de las fracciones parlamentarias de los otros partidos, “todos son mis buenos amigos”, ha dicho. Pero además para lograr aprobación de las diversas iniciativas o reformas enviadas en su generalidad por el Ejecutivo, el diputado García Jiménez tiene a su favor el voto mayoritario de legisladores del PRI (16) y de los partidos Verde (1) y Alianza (2), sus satélites.
Formado en la vieja disciplina priista que confiesa arrancó en el sexenio de Celso H. Delgado Ramírez, quien gobernó Nayarit de 1987 a 1993, cuando se le dio la oportunidad de dirigir la organización de productores de café en Nayarit. En esa época considera nació políticamente. De allí hacia adelante ha sido leal al gobierno, “he sido un hombre de instituciones”, lo dice sin rubor.
Aunque el poder político es grande, el diputado Armando García Jiménez no ha mostrado ni pizca de soberbia, tampoco altanero, al contrario hasta raya en humildad el trato a sus semejantes. Su desempeño como presidente del Congreso del Estado no ha sido cuestionado por compañeros de cámara opositores, pero sí con severidad su dependencia política al Ejecutivo.
En reciente encuentro con integrantes de la Unión de Columnistas y Articulistas de Nayarit (UCAN), a la cual me honro en pertenecer, el diputado García Jiménez abordó el espinoso tema de la fiscalización, que para él no parece tanto porque sereno afirma que el trabajo de auditorías transita dentro del marco de la legalidad.
Los órganos de fiscalización en todo el país no son totalmente autónomos, dependen del poder Legislativo y financieramente del Ejecutivo, aunque tienen autonomía de gestión y para administrar sus propios recursos económicos.
Es enorme el rezago en el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), pero confía en que sea abatido hoy que está bajo la responsabilidad de Roy Rubio Salazar. “Hay procesos que se deben seguir…” luego de recapacitar por unos segundos desvió el sentido de la plática.
“El OFS en la actualidad recibe cuentas públicas del año 2013, todos los entes públicos de la entidad están en el cierre de gestión financiera (son cuatro los avances de gestión financiera del año, que en conjunto forman la cuenta pública), mientras que el plazo de entrega vence este febrero”.
Una vez recibida la información al detalle, el OFS solicita a la Comisión de Hacienda del Congreso autorización para la realización de auditorías, en este caso, del 2013, que es acompañada con su respectivo calendario de actividades.
Las auditorías llegan hasta un 40 por ciento de la muestra representativa, porque si el propósito fuera abarcar el cien por ciento, se ocuparía entonces el doble de personal que tiene el Órgano de Fiscalización Superior.
El diputado-presidente considera ideal llegar al 100%, pero cree que el 50% “es una muestra mucho muy interesante para llegar a detectar alguna anomalía”.
Externó lo que considera una realidad: hay muchísimos expedientes sobre observaciones resarcitorias que caducaron por negligencia del área jurídica del OFS, entre ellos a gran número de funcionarios del gobierno de Ney González que no fueron requeridos en su tiempo.
“Pero ya no es un tema de nosotros, es del órgano. Imagínense que ahorita le dieran seguimiento a alguien que le hizo alguna observación hace más de cinco años. Ya no”.
“Observo allí un cuello de botella. El área jurídica del órgano debe empezar a trabajar con mayor sentido de responsabilidad, citar a quienes son responsables de observaciones administrativas y resarcitorias (estas son más graves porque se trata de dinero público), y después de ser escuchados con base en su derecho de audiencia, emitir un resolutivo y definir las sanciones correspondientes”.
El presupuesto de 40 millones de pesos del OFS en la actualidad es auditado por el Congreso, muy a pesar que hubo seria oposición y negativas en el pasado con base en argumentos de defensa que ofrecía la norma interna, por tanto la presente legislatura modificó los términos de la Ley Orgánica del órgano y obligó la entrega de cuentas y de gestión cada tres meses, fue así como los diputados tuvieron conocimiento de la serie de irregularidades que favorecen a funcionarios que dañaron la hacienda pública, se metieron a fondo y con sorpresa comprobaron que muchas cosas no se hicieron, no se les dio trámite correspondiente.
Confía el diputado Armando García Jiménez que con Roy Rubio Salazar al frente del Órgano de Fiscalización Superior se dinamice el quehacer en bien de la revisión de la contabilidad para garantizar la veracidad y regularidad de las cuentas y elaborar un dictamen sobre la calidad y el rigor de la gestión.
“Que realmente se trabaje a conciencia y que el Jurídico actué en consecuencia”, sentenció.
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