El dilema de la reforma política

Una vez que se apruebe la Reforma Hacendaria, sus leyes complementarias y el Presupuesto de Egresos por la Cámara de Senadores se dará curso al debate y aprobación de la reforma política, condición del PAN y PRD de entrarle a la discusión de la reforma Energética que es considerada la de mayor trascendencia porque de ella dependerá la viabilidad de todos los programas sociales, entre otros, el combate a la pobreza, el crecimiento económico y a la seguridad social universal de los mexicanos.

En la reforma política estará sobre la mesa de las bancadas del PRI-PAN y PRD -entre las más importantes- la reelección de legisladores federales y estatales y de los presidentes municipales así como la creación del Instituto Nacional Electoral. Lo que no pasará por la agenda del PRI será la segunda vuelta electoral y el cambio de régimen político, o sea, a cambiar el sistema presidencialista por uno parlamentario que se sustentaría en gobiernos de coalición con la figura de un Primer Ministro y un Jefe de Estado, que es la propuesta del PAN-PRD.

En el caso de la reelección de los legisladores federales y estatales se argumenta que es necesario estimular su profesionalización en virtud que dispongan más tiempo para capacitarse en la carrera parlamentaria toda vez que hoy en día cada tres años arriban políticos que no saben ni papa de lo que es legislar por lo que generalmente son unos cuantos diputados y diputadas los que llevan la batuta en los Congresos locales y federal en tanto que el resto se concreta a levantar el dedo y cobrar puntualmente sus quincenas.

Respecto a los alcaldes ocurre lo mismo en sus tareas de gobernar a los municipios; arriban personajes que carecen de experiencia administrativa y van con la idea que se sacaron la lotería pues toman ese cargo como si fuera un patrimonio familiar o un escalón para ascender a otro puesto público. Son innumerables los ejemplos de cómo estos llamados servidores públicos saquean la hacienda municipal y enajenan bienes públicos mediante el tráfico de influencias.

Por supuesto hay honrosas excepciones. El problema es que estos alcaldes que sí tienen mística de servir  a la comunidad no tienen tiempo para concluir su proyecto de gobierno; Ahora se abre la posibilidad de ser reelectos. Entonces, de aprobarse la reelección podrán someterse a la voluntad popular de si los reeligen o no para un nuevo mandato.

A mi juicio sería interesante que en la próxima reforma política fuera considerada la revocación de mandato a gobernador y presidentes municipales. No tenemos por qué soportar hasta que concluya su mandato a gobernantes ineptos, demagogos y corruptos. Ello obligaría a quienes aspiren a dichos cargos a capacitarse y así cumplir eficientemente con el cargo que le fue conferido en las urnas.

La revocación de mandato sería una medida preventiva que evitaría la bancarrota en las que se encuentran miles de ayuntamientos y algunos gobiernos estatales.

La otra reforma política que será muy debatible  en el Congreso de la Unión es la desaparición del IFE y en su lugar sustituirlo por el Instituto Nacional Electoral.

Luego que se dio a conocer esta propuesta del PAN y PRD numerosos institutos estatales electorales pegaron el grito al cielo. Con justa razón reclaman ser escuchados. Esta decisión de cambio no debe ser impuesta desde el centro.

Argumentan los impulsores de esta reforma que las instituciones electorales estatales han sido cooptadas por el jefe del Poder Ejecutivo vía de los Congresos de los Estados en donde el partido gobernante tiene mayoría en las legislaturas y que por lo tanto no son autónomos y se prestan a los intereses políticos del gobernador en turno.

Al PAN y al PRD les cayó su propio escupitajo cuando el blanquiazul estuvo en la silla presidencial durante 12 años jamás hizo esta propuesta al igual que el PRI de las décadas pasadas no solo controlaba en donde eran gobierno las institución estatales y municipales sino también las delegaciones federales que eran utilizadas para hacer proselitismo electoral y los fondos públicos para financiar campañas electorales. Por igual el PRD no canta mal las rancheras en donde son o han sido gobierno.

Ahora descalifican a todos con un mismo rasero al desconocer el magnífico trabajo de aquellos institutos estatales en donde se dio la alternancia en sus estados.

Creo que el cambio de nomenclatura no resolverá de fondo la inequidad y opacidad en las campañas electorales. El uso descomunal de dinero público y privado en las precampañas y luego en los tiempos legales de campaña solo se podrá combatir cuando se aplique rigurosamente la ley y no quede impune nadie. Hoy todo mundo se hace de la vista gorda y no pasa nada.