INE, ¿de vuelta al centralismo electoral?

La propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones, el cual se encargue de organizar todos los comicios en el país, y hasta de homologarlos con el calendario federal, se ha convertido los últimos días en factor de un gran debate en virtud de la desaparición en su totalidad del actual sistema electoral –vigente desde hace 22 años- que ello supone, según advierten expertos.

Propugnado por el Gobierno federal, el proyecto pretende entonces no dejar rastro alguno que impida refundar desde ‘ceros’ su propio sistema: “liquidar al IFE y los consejos estatales de las entidades federativas”, según afirma el Consejero Presidente del Instituto en Nayarit, Sergio López Zúñiga.

En reunión con la Unión de Columnistas y Articulistas de Nayarit (UCAN), y medios de comunicación locales, el titular del IEE lamentó este jueves que pese a las numerosas opiniones contrarias de especialistas e intelectuales, que ascienden al 90 por ciento, se percibe que no habrá marcha atrás, cuando menos en las intenciones del gobierno, toda vez que por  “el hermetismo observado desde el Pacto por México –organismo de cabildeo entre las tres principales fuerzas políticas de la nación con la federación para sacar adelante sus propias iniciativas- ya ‘la tienen planchada’ ”.

López Zúñiga no dejó esconder su preocupación ante lo que se busca, aseveró, sea una vuelta al centralismo abyecto “al más puro estilo del viejo presidencialismo absoluto”, es decir, de pretender controlarlo todo, pero con la agravante de que ahora el costo será muy alto, puesto que no habrá más resultado que el alumbramiento de un “monstruo” el cual habrá de propiciar a su vez, “un gran desorden en las más de 4 mil elecciones que estarían a su cargo, que finalmente obstaculizaría el avance democrático”,

De conformidad, manifestó los impactantes efectos que provocarían los errores en una sola elección, como la de regidores en Nayarit: “afectaría al resto del proceso, puesto que al vincularse con la de alcaldes, diputados locales, Gobernador, diputados federales, senadores y Presidente de la República, los conflictos postelectorales serían mayúsculos, como mayúscula su solución […], de tal suerte que se requerirá de un ‘superfuncionario’ que atienda todo esto”.

De entrada, el Consejero Presidente del IEE reiteró el problema que se viene con la liquidación de todos los integrantes de los consejos de 31 estados y el DF, incluyendo al propio IFE: “En Nayarit, liquidar al personal del consejo tendrá un costo de 5 millones, 500 mil pesos; el de Jalisco, 240 millones, mientras que el de Veracruz 748 millones. Siendo así, saldrá más caro el borrón y cuenta nueva”.

La preocupación de López Zúñiga se funda en un permanente análisis conjunto efectuado con sus homólogos de los 31 consejos y el Distrito Federal, planteado asimismo ante el Congreso de la Unión, y respaldado por los peritos de talle de José Woldenberg, Manuel Camacho Solís, Manuel Bartlett, etc., y que a decir del propio López Zúñiga no hay más lectura que la del intento de “desviar la atención de proyectos de mayor talante, como el del impulso de la figura de la segunda vuelta presidencial”.

En este marco, quizá cabría la necesidad de que la federación tomara la prudente decisión de incluir mayor transparencia, y propusiera mecanismos mediante los cuales el pueblo pudiera dar mayor cuenta de lo que se debate a intramuros del “Pacto por México”. Los tiempos actuales, si bien descartó el Presidente del IEE no poseen condiciones para la movilización masiva radical en las calles en contra de este particular, tampoco son los propicios para una imposición regresiva atentatoria del federalismo en nombre de una malinterpretada democracia.

El Gobierno Federal está a buen tiempo de perfeccionar su ejercicio: fortalecer bondades y optimizar oportunidades de mejora. Tiene a su alcance la coyuntura de comunicarse eficazmente con la población, deslindar responsabilidades sin perder la rectoría preconizada, y aún en el enriquecimiento de lo que ya está hecho, imprimir su propio estilo de mandato.

Por ahora, el reto estriba en que el Gobierno Federal atienda los reclamos de los consejos estatales electorales, y pueda llegar a un punto de inflexión en el que no se deje lugar a dudas de que la democracia sí es un elemento inherente en su ejercicio.

Valdrá la pena alcanzar un buen grado de legitimización en todas y cada una de las acciones del gobierno por bien de todos y para todos.  Que así sea.