El fantasma del endeudamiento público

Continua el debate en el Congreso de la Unión en torno a la iniciativa de reforma hacendaria enviada por el Jefe del Poder Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto.

Los panistas la califican de poco calado porque contiene una intención meramente recaudatoria sobre la base de elevar los impuestos a los mismos contribuyentes cautivos, entre ellos, a las clases medias y no sobre la ampliación de la base de los que no pagan impuestos como lo es el comercio informal.

Otra de las críticas de los legisladores panistas es su temor al fantasma del endeudamiento público en el que incurrieron los gobiernos priistas y que llevaron durante las décadas de los 80´s y 90´s a una crisis profunda de nuestra economía.

Expresan sus miedos porque en la nueva ley de ingresos solicitan un déficit fiscal para lo que resta del año del 0.4 del PIB y para el próximo año hasta el 1.5, lo cual significa adquirir más deuda pública extranjera o nacional por la suma de 600 mil millones de pesos, es decir, ante la incapacidad del estado de recaudar más recursos se apuesta al endeudamiento público para hacer crecer la economía. Los legisladores panistas y los empresarios coinciden que una mejor medida sería aplicar el IVA al consumo generalizado. Así el que consume más, paga más.

En esta línea también coinciden como un error aplicar IVA a la educación privada; homologar IVA en la zona fronteriza del país, o sea del 12 al 10 %; eliminar la consolidación fiscal de las empresas y gravar la compra-venta y renta de casas.

En cuanto a los programas sociales que anunció el Presidente Peña Nieto como lo son la pensión universal para los adultos mayores; el seguro al desempleo y el seguro a las jefas de familia se mostraron escépticos porque según los panistas lleva implícito propósitos electoreros como en los viejos tiempos. De igual manera reclaman al gobierno federal el hecho de pedir más dinero para gastar cuando en los hechos tuvo un subejercicio de gasto programado para este año y no lo gastó; señalaron además que de acuerdo a la nueva ley de ingresos que se propone se destinará a los estados y municipios el 1% de lo que se recaude, cuando se sabe que los gobernadores y alcaldes son muy malos administradores y actúan en la opacidad en la rendición de cuentas.

Por lo tanto  proponen  que a la brevedad se apruebe la nueva ley política-electoral y la ley anticorrupción.

En contraparte los legisladores priista y perredistas defienden la propuesta del presidente Peña Nieto bajo el  principio de que paguen más, los que ganen más. Se congratularon que ya era tiempo que se eliminaran los privilegios fiscales que hizo más ricos a los ricos. Es lógico que ahora respinguen cuando se les quita sus privilegios. No obstante se mostraron dispuestos a reconsiderar todo aquello que afecte a las clases medias, entre otros, el IVA a la educación privada.

Los legisladores priistas contraargumentan que ante la desaceleración de la economía en nuestro país el Gobierno Federal buscará reactivar  la economía interna mediante la inversión pública responsable y transparente por medio de la obra pública con destino a carreteras, servicios de seguridad, educación, créditos a la producción agropecuaria y pesquera, vivienda y el impulso a la pequeña y mediana empresa. Para cumplir este propósito, el Presidente Peña Nieto anunció un plan para acelerar el crecimiento de nuestra economía con una inversión pública de 27 mil millones de pesos para aplicarlos en lo que resta de este año.

Por supuesto otra parte de los recursos públicos será para  garantizar la seguridad  social universal como son el seguro a los adultos mayores de 65 años; el seguro al desempleo y el seguro a las jefas de familia y los demás programas sociales, entre otros, la cruzada contra el hambre; procampo y oportunidades, entre otros.

Justifican los priistas que el déficit presupuestal del 0.4 al 1.5% del PIB será transitorio en tanto de aprobarse la reforma energética habrá buenos resultados de la renta petrolera.

Por su parte los legisladores perredistas se muestran cautos. Coinciden con los priistas y panistas que no hay que golpear con más impuestos las clases medias y de igual manera se mostraron satisfechos que la carga fiscal esté orientada a la clase privilegiada y de esta forma financiar a los programas sociales que atemperan la pobreza de más de 50 millones  de pobres que hay en el país. Son las demandas de la izquierda mexicana.

Sin embargo los radicales de izquierda como el encabezado por López Obrador que lidera MORENA se manifestaron en contra no solo de la reforma hacendaria sino días antes en contra de la reforma educativa. Paradójicamente la ultraderecha y la ultraizquierda coinciden, no para transformar al país sino los primeros para conservar sus privilegios económicos y López Obrador para no perder su clientela electoral, en su calidad de caudillo mesiánico.