De las obras, algo sobra

En junio de 1987 la otrora orgullosa ruta de la costa occidental, el Ferrocarril del Pacífico (FCP), pasó a ser, junto con las demás líneas concesionadas a ser parte de Ferrocarriles Nacionales de México, por lo que quizás por eso, comenzó a recibir recursos del erario, como una más de las dependencias gubernamentales.

A mediados de la década de los años 90 del siglo pasado, se comenzaron a hacer arreglos constantes al edificio de la que había sido la Gerencia del FCP, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lo raro es que de pronto se empezaron a modificar las oficinas cambiando los mostradores por puertas, ventanillas y empotrados de madera, cambio del mosaico de pasillos y escaleras interiores; a los seis meses otra vez de nuevo cambio de mosaico, pintura de bardas, modificación de oficinas y departamentos, etcétera. Y en menos de un año, otra vez otras remociones.

Al preguntarle a un oficial del departamento de personal el porqué tantos y continuos arreglos a la Gerencia, respondió que, porque había que acabarse el presupuesto del gobierno debido a que ya se estaba autorizando el siguiente, por lo que se tenía que comprobar que el presupuesto anterior se había agotado con gastos comprobables. Así que, se tenían que comprobar y mostrar facturas del material de obra gastado, así como de mano de obra, etcétera, porque si no, el dinero sobrante se tenía que regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esto me hizo recordar que allá a mediados de los años 60, estando en la secundaria, precisamente en la bella Perla Tapatía, ya se andaba arreglando la avenida Las Torres, que hoy es la calzada Lázaro Cárdenas, al sur de la capital jalisciense y que antes era un arrollo que corría de poniente a oriente.

Recuerdo que un compañero le preguntó a una profesora de la materia de español por qué no habían concluido una obras que ya estaban por terminar para tapar el arroyo, a lo que la profesora respondió que la administración municipal ya estaba por concluir y que algo le tenían que dejar a los que llegaran, añadiendo una frase ya muy conocida en aquel entonces por los mayores: de las obras, algo sobra; y abundo la profesora diciendo: si un saco de cemento cuesta alrededor de 25 pesos, los encargados de la obra lo facturan a 75 o hasta en 100 pesos, así de fácil, igual el demás material que se llegara a ocupar, también se factura a más precio de su costo en el mercado.

Todo lo anterior viene a colación debido a los fideicomisos que el gobierno federal le quiere decomisar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, según se ha informado ascienden a 15 mil millones de pesos, porque ese dinero con que se formaron dichos fideicomisos es dinero del presupuesto otorgado al Poder Judicial y, por ende, a la SCJN. Pero, como el Poder Judicial ni la SCJN se acababan el presupuesto otorgado, el dinero que sobraba lo tenían que regresar a la Secretaría de Hacienda, pero no lo hacían, sino que se quedaban con ese sobrante y así fueron haciendo su guardadito creando esos fideicomisos, por lo que se entiende que el dinero de los fideicomisos no le pertenece en modo alguno al Poder Judicial, sino al erario, por ser dinero público de las contribuciones de la ciudadanía.

Así que es una vil falacia lo dicho por algunos ministros de que si les quitan el dinero de los fideicomisos afectará las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, así como las jubilaciones de quienes están en dicho Poder, entre estos los jueces, magistrados y ministros. Y tan es una vil mentira esto, porque ya se ha documentado y dicho hasta la saciedad que en el presupuesto que se le otorga al Poder Judicial ya están contemplados todos esos gastos de prestaciones laborales y jubilaciones. Y, además, ya se comprobó mediáticamente que en algunos de los rubros que pedía el Poder Judicial para el próximo presupuesto, había algunos de estos pedidos en forma doble, que dinero que pedía el Poder Judicial ya estaba contemplado en el presupuesto.

La SCJN pide millones de pesos para la compra de cubiertos de mesa, siendo que en el presupuesto anterior también habían pedido lo mismo, y por supuesto que esos cubiertos como cuchillos, tenedores, cucharas, etcétera no eran desechables; he ahí lo raro del asunto.

Se entiende que el dinero de los fideicomisos que el gobierno federal se quiere adjudicar ahora para paliar las penurias de los afectados en el estado de Guerrero, no es dinero del Poder Judicial ni de la SCJN, sino del pueblo de México.

Sea pues. Vale.