Pide Madero a Gómez Arias se ponga la camiseta de la transparencia
Oscar González Bonilla ·
17 de junio, 2026 ·
Hace 19 h
“Es hora de que todas las instituciones nos pongamos la camiseta de la transparencia”, en tono enérgico expresó Miguel Madero Estrada, titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Nayarit, mismo que se enzarzó en controversia con Jorge Armando Gómez Arias, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, cuya discordia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia estimó conveniente interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía controversia constitucional, inconforme con resoluciones y acuerdos que hemos dictado, arengó Madero Estrada.
Sobre este diferendo que trascendió a la opinión pública, el acreditado reportero Oscar Verdín, quien puntualmente ha seguido el tema, escribió:
La decisión de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con una solicitud de información planteada el año pasado por Karla Rosario Bizarrón Trejo. Entre otros puntos, ella solicitó copias certificadas de las actas de sesión del Consejo de la Judicatura efectuadas entre los meses de mayo a septiembre del 2008.
Aunque la Unidad de Transparencia del Poder Judicial le respondió que se trataba de información reservada, el ITAI resolvió -mediante el correspondiente recurso de revisión interpuesto por Karla Rosario- que los documentos fueran entregados, situación que la institución demandada decidió acatar.
Sin embargo, el problema mayor surgió cuando la solicitante de la información se inconformó con el precio que debía cubrir para obtener los documentos, por lo que recurrió nuevamente al ITAI para combatir ese apartado, lo que generó que el Instituto de Transparencia requiriera, efectivamente, una disminución en los costos.
Esa es la parte que reclama el magistrado Gómez Arias: que se le dio una oportunidad a la quejosa que no cabía en el expediente puesto que, afirma, ya había sido advertida de que, si en un plazo no mayor de tres días no recogía los documentos, previo el respectivo pago, el Poder Judicial no sería obligado a la entrega de los mismos y quedaría libre de cualquier responsabilidad.
Miguel Madero Estrada de plano descartó que el presidente del Tribunal esconda algún propósito, que pretende aferrarse a la opacidad. “Yo no le doy esa lectura”, expresó, para enseguida señalar: “Todos los servidores públicos deben trabajar en armonía con la transparencia, deben facilitar su acceso; esto es un deber no un derecho discrecional del funcionario.
Creo que el actual es el momento de que las instituciones públicas revisen sus procedimientos internos, organicen sus archivos y permitan flujo directo con los solicitantes de información. No es positivo litigar el derecho de acceso a la información, no nos parece una lectura democrática, nos parece que sería mejor el esfuerzo del lado de los solicitantes, sería mejor que las instituciones todas nos pusiéramos la camiseta de la transparencia y facilitar así el empoderamiento de los ciudadanos. Es el momento en que los ciudadanos deben tener el poder y los organismos e instituciones públicas debemos abrir las ventanas y las puertas, por supuesto, dentro de los cauces que marca la ley. Hay información que no es susceptible de entregarse porque eso sí lastimaría gravemente el desarrollo de una función pública”.
Miguel Madero abundó sobre el tema: “Nosotros seguimos en la misma tesitura de que somos un organismo que socialmente nos legitimamos garantizando el acceso a la información a todas las personas que lo soliciten, nosotros confirmamos públicamente la posición que hemos tenido desde que surgimos como institución pública y en ese sentido si el Tribunal o cualquier otra institución pública considera que le lastima alguna resolución que dictamos, está en su derecho; nosotros vamos a rendir los informes correspondientes de acuerdo con el procedimiento constitucional y esperamos que en un momento dado la resolución favorezca a las instituciones más que a los funcionarios, al ejercicio efectivo y pleno en el goce del derecho a la información. Acataremos en sus términos la resolución que dicte la Suprema Corte de Justicia”, afirmó.
Las declaraciones las formuló Miguel Madero Estrada en intervalo de la reunión región centro-occidente de presidentes de institutos de Transparencia y Acceso a la Información, de la que forman parte Aguascalientes, Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Nayarit, ahí presentes, juntas que se realizan tres veces al año y en esta ocasión a nuestra entidad correspondió ser la sede.
Madero informó que tocaron asuntos de diversos órdenes, los problemas que se les presentan, las políticas comunes que deben seguir, definir criterios, entre otros muchos, incluso aprobaron convocar al premio regional de transparencia como un esfuerzo para fomentar la cultura de la transparencia.
A mismo tiempo durante la reunión regional que se efectuó en céntrico hotel de la capital nayarita, se firmaron acuerdos con la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit que tienen por objeto formalizar los compromisos que asumen con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia estimó conveniente interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía controversia constitucional, inconforme con resoluciones y acuerdos que hemos dictado, arengó Madero Estrada.
Sobre este diferendo que trascendió a la opinión pública, el acreditado reportero Oscar Verdín, quien puntualmente ha seguido el tema, escribió:
La decisión de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con una solicitud de información planteada el año pasado por Karla Rosario Bizarrón Trejo. Entre otros puntos, ella solicitó copias certificadas de las actas de sesión del Consejo de la Judicatura efectuadas entre los meses de mayo a septiembre del 2008.
Aunque la Unidad de Transparencia del Poder Judicial le respondió que se trataba de información reservada, el ITAI resolvió -mediante el correspondiente recurso de revisión interpuesto por Karla Rosario- que los documentos fueran entregados, situación que la institución demandada decidió acatar.
Sin embargo, el problema mayor surgió cuando la solicitante de la información se inconformó con el precio que debía cubrir para obtener los documentos, por lo que recurrió nuevamente al ITAI para combatir ese apartado, lo que generó que el Instituto de Transparencia requiriera, efectivamente, una disminución en los costos.
Esa es la parte que reclama el magistrado Gómez Arias: que se le dio una oportunidad a la quejosa que no cabía en el expediente puesto que, afirma, ya había sido advertida de que, si en un plazo no mayor de tres días no recogía los documentos, previo el respectivo pago, el Poder Judicial no sería obligado a la entrega de los mismos y quedaría libre de cualquier responsabilidad.
Miguel Madero Estrada de plano descartó que el presidente del Tribunal esconda algún propósito, que pretende aferrarse a la opacidad. “Yo no le doy esa lectura”, expresó, para enseguida señalar: “Todos los servidores públicos deben trabajar en armonía con la transparencia, deben facilitar su acceso; esto es un deber no un derecho discrecional del funcionario.
Creo que el actual es el momento de que las instituciones públicas revisen sus procedimientos internos, organicen sus archivos y permitan flujo directo con los solicitantes de información. No es positivo litigar el derecho de acceso a la información, no nos parece una lectura democrática, nos parece que sería mejor el esfuerzo del lado de los solicitantes, sería mejor que las instituciones todas nos pusiéramos la camiseta de la transparencia y facilitar así el empoderamiento de los ciudadanos. Es el momento en que los ciudadanos deben tener el poder y los organismos e instituciones públicas debemos abrir las ventanas y las puertas, por supuesto, dentro de los cauces que marca la ley. Hay información que no es susceptible de entregarse porque eso sí lastimaría gravemente el desarrollo de una función pública”.
Miguel Madero abundó sobre el tema: “Nosotros seguimos en la misma tesitura de que somos un organismo que socialmente nos legitimamos garantizando el acceso a la información a todas las personas que lo soliciten, nosotros confirmamos públicamente la posición que hemos tenido desde que surgimos como institución pública y en ese sentido si el Tribunal o cualquier otra institución pública considera que le lastima alguna resolución que dictamos, está en su derecho; nosotros vamos a rendir los informes correspondientes de acuerdo con el procedimiento constitucional y esperamos que en un momento dado la resolución favorezca a las instituciones más que a los funcionarios, al ejercicio efectivo y pleno en el goce del derecho a la información. Acataremos en sus términos la resolución que dicte la Suprema Corte de Justicia”, afirmó.
Las declaraciones las formuló Miguel Madero Estrada en intervalo de la reunión región centro-occidente de presidentes de institutos de Transparencia y Acceso a la Información, de la que forman parte Aguascalientes, Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Nayarit, ahí presentes, juntas que se realizan tres veces al año y en esta ocasión a nuestra entidad correspondió ser la sede.
Madero informó que tocaron asuntos de diversos órdenes, los problemas que se les presentan, las políticas comunes que deben seguir, definir criterios, entre otros muchos, incluso aprobaron convocar al premio regional de transparencia como un esfuerzo para fomentar la cultura de la transparencia.
A mismo tiempo durante la reunión regional que se efectuó en céntrico hotel de la capital nayarita, se firmaron acuerdos con la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit que tienen por objeto formalizar los compromisos que asumen con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
