“Ley mordaza” no afecta a periodistas
Oscar González Bonilla ·
21 de octubre, 2026 ·
Hace 5 h
El tema de la “Ley Mordaza” fue discutido por diputados y asesor del Poder Legislativo a instancias de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Nayarit (APROCON), cuya organización demanda la derogación por inconstitucional y contravenir derechos humanos de primera generación, como es el derecho de expresión.
Se trata de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Nayarit aprobadas por la actual XXIX legislatura, a solicitud del Poder Ejecutivo, durante su primer año de ejercicio constitucional. El eje de la controversia es la reforma del artículo 207 del Código Penal que, entre otras cosas, señala: “La misma sanción (prisión de uno a seis meses) se aplicará a quien por cualquier medio genere, difunda o propague información o datos falsos que produzcan alarma, temor o miedo en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
En su exposición de motivos para justificar la aprobación de las reformas, la actual XXIX legislatura asentó: “Para prevenir la generación de un clima de temor e inseguridad; la finalidad de estas reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales es inhibir que a través de los instrumentos tecnológicos y principalmente por medio de la Internet, se infunda temor a la población de nuestra entidad con la publicación y envío irresponsable de mensajes amenazadores o de terrorismo; está dirigida no sólo a sancionar este tipo de acciones, sino también a prevenir la generación de un clima adverso, de miedo e inseguridad entre los nayaritas”.
El diputado panista Juan Antonio Echeagaray Becerra dijo que después de aprobadas las reformas, el ejecutivo y legisladores atenuaron demandas de rechazo de periodistas con la adición al artículo 207 del Código Penal, cuyo párrafo a la letra dice: “El párrafo anterior no será aplicable a quienes se dediquen a la actividad de comunicadores sociales y a los ciudadanos, quienes en el ejercicio de sus derechos fundamentales de acceso a la información y libertad de expresión, utilicen cualquier medio para proporcionar información a la sociedad o su retransmisión”.
Además, en su tiempo, (final del año anterior) hubo amparos contra la “Ley Mordaza” de parte de un abogado en lo particular y una organización de abogados. Sin embargo, el diputado Echeagaray destacó que el Juzgado de Distrito negó la inconstitucionalidad de la norma.
Echeagaray, vicepresidente de Justicia y Derechos Humanos, destacó que desde su punto de vista no era necesaria la adición última. Añade que “es un delito imposible de tipificarse, porque no se pueden dar todos los elementos de tipo penal, y máximo para ustedes (a los periodistas en la mesa de diálogo) que tienen garantías no sólo constitucionales sino internacionales, que privilegian la actividad que desempeñan que es fundamental e importantísima”.
El diputado Juan Antonio Echeagaray, quien inicialmente estuvo en desacuerdo, pero finalmente aprobó la iniciativa de reformas penales del ejecutivo estatal, expió culpas. Dijo que en el análisis de la propuesta comprobó que en lo más mínimo jurídicamente lesionaba derechos de los periodistas, mucho menos coartaba la libertad de expresión, de ahí que asumiera una posición institucional, “porque soy muy respetuoso de la institución”.
Explicó que no lo movió la solidaridad con la propuesta del Ejecutivo sino la motivación personal de dos incidentes que trascendieron entre la población tepiqueña. Uno, que el 12 de diciembre, día de la visita de miles de católicos al santuario de la virgen de Guadalupe en la barranca de El Pichón, lució terrible ausencia de feligreses por la difusión –primero en internet, y después de boca en boca- de que en el lugar se colocaría una bomba. Dos, un hecho similar se registró en la explanada de la feria, donde se realizaría un grandioso baile con conjuntos musicales de talla internacional. Fracasó ante el rumor de la instalación de una bomba.
El asesor estrella del Congreso del Estado, José Trinidad Espinosa Martínez, expuso que “el derecho natural es perfecto y es justo por sí mismo, pero el que lo echa a perder es precisamente el ser humano al anteponer el interés personal o de grupo al interés social”.
Abundó al señalar que la función social que desempeña el periodista está considerada de interés público, por tanto, debidamente tutelada y protegida por el orden jurídico.
Destacó el abogado Espinosa que para que se la tipificación penal deberá ser, la que transmite, información falsa, de lo contrario “no deben preocuparse los ciudadanos mucho menos ustedes los periodistas; en segundo lugar, que provoque alarma entre la población, si no existen estos elementos, entre otros, entonces será muy difícil que se pudiera ejercer acción penal”.
Tepic, Nayarit, 14 de septiembre de 2009.
Se trata de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Nayarit aprobadas por la actual XXIX legislatura, a solicitud del Poder Ejecutivo, durante su primer año de ejercicio constitucional. El eje de la controversia es la reforma del artículo 207 del Código Penal que, entre otras cosas, señala: “La misma sanción (prisión de uno a seis meses) se aplicará a quien por cualquier medio genere, difunda o propague información o datos falsos que produzcan alarma, temor o miedo en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
En su exposición de motivos para justificar la aprobación de las reformas, la actual XXIX legislatura asentó: “Para prevenir la generación de un clima de temor e inseguridad; la finalidad de estas reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales es inhibir que a través de los instrumentos tecnológicos y principalmente por medio de la Internet, se infunda temor a la población de nuestra entidad con la publicación y envío irresponsable de mensajes amenazadores o de terrorismo; está dirigida no sólo a sancionar este tipo de acciones, sino también a prevenir la generación de un clima adverso, de miedo e inseguridad entre los nayaritas”.
El diputado panista Juan Antonio Echeagaray Becerra dijo que después de aprobadas las reformas, el ejecutivo y legisladores atenuaron demandas de rechazo de periodistas con la adición al artículo 207 del Código Penal, cuyo párrafo a la letra dice: “El párrafo anterior no será aplicable a quienes se dediquen a la actividad de comunicadores sociales y a los ciudadanos, quienes en el ejercicio de sus derechos fundamentales de acceso a la información y libertad de expresión, utilicen cualquier medio para proporcionar información a la sociedad o su retransmisión”.
Además, en su tiempo, (final del año anterior) hubo amparos contra la “Ley Mordaza” de parte de un abogado en lo particular y una organización de abogados. Sin embargo, el diputado Echeagaray destacó que el Juzgado de Distrito negó la inconstitucionalidad de la norma.
Echeagaray, vicepresidente de Justicia y Derechos Humanos, destacó que desde su punto de vista no era necesaria la adición última. Añade que “es un delito imposible de tipificarse, porque no se pueden dar todos los elementos de tipo penal, y máximo para ustedes (a los periodistas en la mesa de diálogo) que tienen garantías no sólo constitucionales sino internacionales, que privilegian la actividad que desempeñan que es fundamental e importantísima”.
El diputado Juan Antonio Echeagaray, quien inicialmente estuvo en desacuerdo, pero finalmente aprobó la iniciativa de reformas penales del ejecutivo estatal, expió culpas. Dijo que en el análisis de la propuesta comprobó que en lo más mínimo jurídicamente lesionaba derechos de los periodistas, mucho menos coartaba la libertad de expresión, de ahí que asumiera una posición institucional, “porque soy muy respetuoso de la institución”.
Explicó que no lo movió la solidaridad con la propuesta del Ejecutivo sino la motivación personal de dos incidentes que trascendieron entre la población tepiqueña. Uno, que el 12 de diciembre, día de la visita de miles de católicos al santuario de la virgen de Guadalupe en la barranca de El Pichón, lució terrible ausencia de feligreses por la difusión –primero en internet, y después de boca en boca- de que en el lugar se colocaría una bomba. Dos, un hecho similar se registró en la explanada de la feria, donde se realizaría un grandioso baile con conjuntos musicales de talla internacional. Fracasó ante el rumor de la instalación de una bomba.
El asesor estrella del Congreso del Estado, José Trinidad Espinosa Martínez, expuso que “el derecho natural es perfecto y es justo por sí mismo, pero el que lo echa a perder es precisamente el ser humano al anteponer el interés personal o de grupo al interés social”.
Abundó al señalar que la función social que desempeña el periodista está considerada de interés público, por tanto, debidamente tutelada y protegida por el orden jurídico.
Destacó el abogado Espinosa que para que se la tipificación penal deberá ser, la que transmite, información falsa, de lo contrario “no deben preocuparse los ciudadanos mucho menos ustedes los periodistas; en segundo lugar, que provoque alarma entre la población, si no existen estos elementos, entre otros, entonces será muy difícil que se pudiera ejercer acción penal”.
Tepic, Nayarit, 14 de septiembre de 2009.
