Seguridad: demanda de la sociedad

La semana pasada fue aprobada por la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior y, con apego a las normas procedimentales legislativas, ha sido enviada para su aprobación al Senado. Es un instrumento jurídico largamente reclamado por las fuerzas armadas con el propósito contar con un marco legal a su actuación en las labores confiadas por el Ejecutivo Federal concernientes al combate a la delincuencia.

El tema ha sido objeto de una larga controversia promovida por académicos patrocinados por organizaciones no gubernamentales pues existe el temor de que esta ley simplemente perpetúe la presencia militar en las calles debido a la evidente incompetencia e indiferencia de las autoridades civiles para reorganizar sus cuerpos policiales a fin de cumplir con su obligación fundacional de brindar la seguridad a las personas en sus vidas y en sus patrimonios. Es decir, ante el temor de que la pasividad e irresponsabilidad de los políticos conduzca a diferir permanentemente la reorganización de las fuerzas policiales estatales ha surgido la resistencia de grupos sociales a la ley pues se estaría perpetuando la militarización de la seguridad. A espaldas al temor social generalizado a causa de la criminalidad desenfrenada, estas organizaciones, lejos de elevar argumentos, apelan a formas efectivistas como teñir de rojo las aguas de algunas fuentes. Es absurdo.

No es posible ignorar una dramática realidad: estamos invadidos por cotidianas batallas cruentas escenificadas por delincuentes que han convertido al territorio nacional en un gigantesco cementerio clandestino. Pero no se trata solamente del narcotráfico sino de una variedad de delitos del fuero común como secuestros, extorsiones, asesinatos motivados por reyertas callejeras, robos, etc. delitos todos ellos dentro de la jurisdicción de los gobiernos locales, cuya incompetencia e irresponsabilidad política es patente.

Se ha intentado eliminar a las policías municipales pero los partidos políticos, principalmente el PAN, se han opuesto. Defienden la existencia de órganos infiltrados por la delincuencia con el argumento de que los municipios serán ingobernables sin fuerza policial propia. Es una patraña; defienden sus cotos de poder local, a las guardias pretorianas de los presidentes municipales. ¿Acaso las delegaciones de la Ciudad de México tienen cuerpos policiales?

Ante la resistencia política a la integración de corporaciones policiales estatales, el gobierno federal se ha visto obligado a proporcionar el respaldo de las fuerzas federales a los gobiernos locales ante situaciones apremiantes de clara ingobernabilidad. La doble moral: cuando son diputados o senadores se oponen a la presencia militar en las calles y a la eliminación de las policías municipales; cuando alguno llega a ser gobernador, solicita con urgencia la presencia de las fuerzas armadas para poder gobernar.

Es preciso comprender que esta ley es de aplicación temporal, de emergencia. La presencia de las fuerzas armadas en las calles es contemplada en la iniciativa de Ley en comento como respuesta a la violencia, sin renunciar a las tareas de inteligencia, necesarias para auxiliar a la función de gobernar. Sería inaceptable rechazar esta responsabilidad sobre todo tratándose del narcotráfico. ¿Acaso los órganos policiales convencionales habrían localizado al Chapo Guzmán?

Por su trascendencia, el debate debe centrarse en evaluar una realidad inescapable: ¿Es realmente operante el Pacto Federal en materia de seguridad pública o debemos optar por una nueva forma de organización de las fuerzas policiales? Ese el tema de fondo.

A los defensores del federalismo seguramente les escandalizará abordar el tema, pero, de nueva cuenta, debemos admitir la inoperancia del sistema actual. En casi toda América Latina, el gobierno central es la forma de gobierno prevaleciente. En casos, como Chile, las fuerzas policiales (los carabineros) son nacionales, organizadas bajo normas de disciplina militar, debidamente capacitadas en las prácticas de prevención del delito, lo mismo para dirigir el tránsito o para imponer sanciones administrativas.

La Constitución contempla de instalación de la Guardia Nacional. ¿Por qué no pensamos en instaurarla para fines de prevención del delito en lugar de apelar a fórmulas como la policía federal preventiva y la gendarmería? ¿Debemos esperar a que la situación de ingobernabilidad se agrave al extremo de declarar la suspensión de garantías? Es incontrovertible el enojo de la sociedad a causa de la incapacidad del Estado Mexicano de brindar a los ciudadanos la tranquilidad. Es preciso dar respuesta a esa legitima demanda.

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