El fuero se pierde
Sergio Mejía Cano
27 de Noviembre de 2017
Eso de que se haya soltado el buscapiés por parte de algunos legisladores nayaritas de que tendrían que esperar a que se le quitara el “fuero” al exgobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, sonó más bien como que a ver si era chicle y pegaba, porque no se puede explicar que estando en la representación que están lo hayan dicho basados en esa creencia de que aún tenía fuero el ex. Algo inadmisible en un legislador.
Afortunadamente ya se reconoció públicamente este craso error, ya fuera voluntario o involuntario, porque aun así, buena parte de la población se fue con la finta creyendo que sí continuaba el exgobernador con el dichoso mal habido fuero; y lo pierden los servidores públicos que se cobijan en este fuero desde el primer minuto en que dejan su cargo. Y mal habido porque si bien ya en algunas entidades del país, incluyendo Nayarit se les ha quitado el famoso fuero constitucional a cierta parte de los funcionarios, éste está mal aplicado debido a que el fuero se estableció a raíz del asesinato del senador chiapaneco don Belisario Domínguez, porque según la historia, al usurpador Victoriano Huerta no le cayeron en gracia las declaraciones que decía en tribuna el senador Domínguez, por lo que dicen que esto dio pauta para que fuese asesinado. Así que el Constituyente de 1916-1917 estableció como norma el fuero político como una protección para los legisladores y que no fueran molestados en forma alguna por lo que digan o hagan en tribuna; y nada más.
Sin embargo, este fuero fue ampliado a conveniencia a tal grado que los legisladores y demás funcionarios que se sienten protegidos por el fuero político, se han llegado a creen intocables y desde luego de estar por encima de las leyes del fuero común, y más, porque el Poder Judicial hace válida esta impunidad que está fuera de lugar a todas luces. ¿Y por qué? Porque ningún legislador ni ningún otro funcionario ha sido capaz de emitir una controversia constitucional por la mala interpretación que se le ha dado al fuero político, debido a que se tapan con la misma cobija de impunidad que supuestamente está tejida con la misma tela. De ahí que nadie diga nada sobre este fuero que se podría demostrar fehacientemente que su esencia es única y exclusivamente para que a los legisladores no les llegue a pasar algo similar como a don Belisario Domínguez.
Desde luego que hay analistas que aducen que es mejor que se haya ampliado el fuero a todos los funcionarios que ahora cuentan con él porque esto les da más margen de acción en sus haberes; pues sí, podría ser, pero lo malo es que se ha documentado que sienten que tienen el derecho, y se les permite, hasta de tener accidentes de tránsito u orinarse en la calle y que no se les diga ni se les haga nada, porque se creen por encima de los mortales comunes, que somos los ciudadanos que vivimos en el error, es decir, fuera del presupuesto.
El artículo 61 constitucional señala que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
“El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”. Se supone que éste es el verdadero fuero constitucional y político, que lo hayan ampliado a propósito para su propia conveniencia y la de los demás que ahora se dicen protegidos por el mismo, eso es otra cosa que se podría alegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, como los jueces que forman parte de la esta SCJN también se sienten protegidos por este fuero, mejor no le mueven a que se le dé el sentido por el que fue creado: solamente para proteger a los legisladores y nada más.
Está tan mal interpretado este dichoso fuero constitucional, que si por ejemplo alguno de los funcionarios que ahora están malamente protegidos por el mismo atropella con un vehículo a una persona en la calle, se dice protegido por el fuero; pero nada más lejos de lo que sería verdaderamente justo: debe ser detenido y sometido a juicio y en su caso encarcelado, ¿por qué?, porque precisamente el atropellamiento no fue en tribuna, sino en la calle y por lo mismo, debe de ser tratado como cualquier simple mortal.
En tribuna pueden hacer los señalamientos que quieran y deseen, aunque les griten y traten de acallar los legisladores de otros partidos; pero en la calle deben de ser tratados como cualquier ciudadano más. ¿O no es así?
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