En calidad de panelista invitado por la Universidad de Autónoma de Chiapas y la ANUIES, asistí al ciclo de conferencias en torno al tema “Ética para el Desarrollo Sostenible” convocado en homenaje a la memoria de un médico chiapaneco de atributos profesionales y morales de la más alta jerarquía: el Doctor Manuel Velasco Suárez, ex gobernador del sureño y bellísimo Estado de Chiapas. Asistieron destacados académicos nacionales y extranjeros quienes abordaron la materia desde perspectivas muy diversas.
Inevitablemente en los debates hizo su aparición el tema de la democracia “imperfecta”, esa categoría eufemística para calificar el descontento con la realidad circundante, descontento cada día más extendido entre amplios sectores sociales de América Latina y el riesgo aciago de invocar formas dictatoriales de gobierno como vías de solución a los problemas económicos y sociales apremiantes de las sociedades contemporáneas, temas espléndidamente disertados por los doctores Enrique Barón Crespo y Diego Valadez.
El descontento con los gobiernos elegidos con apego a normas democráticas no debe significar una decepción con la democracia. Sin embargo, en el terreno de las realidades políticas, los gobiernos electos por la voluntad popular mayoritaria no pueden enfrentar con eficacia los problemas de los ciudadanos, porque están atrapados en dos circunstancias: Primero, la vigencia de la democracia ha dado lugar al surgimiento de numerosos partidos políticos con respaldo de porciones del voto electoral muy menores, aunque suficientes para seguir compitiendo según las normas electorales de contar con un porcentaje legal mínimo de los votantes. El voto se ha atomizado al extremo de que los gobiernos son electos con menos del cincuenta porciento de los votos depositados en las urnas. Y segundo, tal atomización se refleja en las elecciones de los Congresos donde, de ordinario, el Ejecutivo carece del número suficiente de legisladores para constituir una mayoría.
Esta complejidad electoral se ha pretendido subsanar por dos vías: la segunda vuelta para la elección del Ejecutivo y la constitución de gobiernos de coalición. En el primer caso, uno de los dos principales contendientes es electo pero seguirá enfrentando la dificultad de un Congreso dividido. Para solventar este problema se ha propuesto constituir gobiernos de coalición donde se “repartan” los cargos administrativos entre personajes propuestos por dos o más partidos mediante pactos públicos de corresponsabilidad.
En la experiencia mexicana, el partido en el poder rechaza la opción de la segunda vuelta … mientras está el frente del poder ejecutivo. Estando en la oposición, respalda esta opción. Oportunismo puro.
Y los gobiernos de composición –contemplados en la Constitución—tampoco resuelven el problema porque el gobernante en turno nunca se pliega a las exigencias de los funcionarios militantes de otros partidos. La costumbre mexicana en los gobiernos estatales de coalición así lo acredita: esta forma de constituir gobierno queda reducida a simples gobiernos de composición, una tómbola de distribución de chambas.
Por encima de estas consideraciones impera una realidad incontrastable: el poder real del titular del Ejecutivo está acotado por un ambiente dominado por una premisa infranqueable, la ideología dominante: el mejor gobierno es el que menos se involucra en los asuntos económicos, un gobierno financieramente indigente, un gobierno contemplativo y obsecuente ante los grupos de presión. Un gobierno electo para mandar pero débil para imponer sus decisiones.
De este ambiente general se desprenden dos situaciones en detrimento de la gobernabilidad: por un lado, influyentes sectores sociales condenan el ejercicio legítimo de la fuerza, calificada como una acción autoritaria; y por otro, la debilidad crónica de la autoridad es aprovechada por los poderes fácticos legales e ilegales para desafiar el poder del Estado y propagar una situación de inseguridad generalizada.
El saldo de todo ello es riesgo del desmoronamiento de los gobiernos, el advenimiento de los Estados Fallidos, el reino de la anarquía institucional, la nulidad histórica de la sociedad organizada.
Sin duda, México es un buen ejemplo, un caso ejemplificativo para estudiar esperanzas y frustraciones sobre la democracia.
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