Impunidad deseada intensamente

A poco más de un año que Roberto Sandoval entregue el poder constitucional como gobernador de Nayarit, han aparecido nuevos indicios, no documentados, claro está, de corrupción en obra pública ejecutada por la secretaría del ramo de la oficialidad.

Al representante del Poder Ejecutivo en nuestra entidad pareciera que el tema de desvío de dinero público en provecho personal no le preocupa bastante en estos momentos, virtud a que se adelantó a las circunstancias con el amarre de puestos claves y en ellos amigos claves que le eviten grandes dolores de cabeza en caso de ser sometido al fincamiento de responsabilidades –denuncia penal por delante- posterior a la entrega del mandato el 19 de septiembre de 2017.

De entrada, el gobernador Roberto Sandoval ordenó retorcer la Constitución local para que Roy Rubio Salazar fuera envestido de absoluta legalidad para brincar de titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Nayarit al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. La legislatura anterior –XXX- cumplió el capricho al gobernador Sandoval y aprobó la estancia de ocho años (2013-2021) al nuevo Auditor General del OFS. Un nombramiento político que tiene como finalidad la búsqueda de impunidad.

Casi a los tres meses de iniciado el periodo sexenal de Roberto Sandoval, se originó la inusitada renuncia del abogado Javier Germán Rodríguez Jiménez al cargo de Procurador General de Justicia de Nayarit. Aunque el prestigiado jurisconsulto ha mantenido cerrada la boca sobre el tema, se da por descontado que dimitió ante la imposición de fuerza del Subprocurador Edgar Veytia, proclive éste a detener para investigar que la estricta aplicación del Derecho y respeto a los derechos humanos.

En tanto, Edgar Veytia fue encargado del despacho desde diciembre de 2012, por lo que el gobernador Sandoval de nueva cuenta acudió a los retruécanos legales para que aquel pudiera cumplir requisitos. La trigésima legislatura -¡otra vez!- aprobó por unanimidad la propuesta del gobernador y surgió entonces la Fiscalía General de Nayarit, de cuya titularidad se designó a Edgar Veytia el 18 de febrero de 2013. Para cubrirle con eficiencia las espaldas al gobernador Roberto Sandoval, el Fiscal permanecerá en el cargo hasta 2020, es decir, tres años después de dejar el mando estatal.

Por si esto fuera poco, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, desde 2013 también se impuso la tarea de con incondicionales cubrir vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. En septiembre de ese año rindieron protesta como magistrados numerarios Rocío Esther González García, Miguel Ahumada Valenzuela y Roberto Arturo Herrera López.

En agosto de 2015, ante la actual legislatura -XXXI- también rindieron protesta como magistrados numerarios Zaira Rivera Véliz, José Alfredo Becerra Anzaldo y Francisco Javier Rivera Casillas. Pero aquí hubo inconformidad del comité directivo estatal del PAN mediante un comunicado que expresa que “se consumó a través de los legisladores del PRI, PT y Partido Verde, una imposición más del titular del poder ejecutivo. A través del mayoriteo, sin uso de las herramientas básicas de las democracias modernas como lo es el diálogo y creando mayorías artificiales a través de la coacción, el PRI de siempre, designó a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia”.

Implícito el documento del PAN de aquel tiempo lleva el reproche a la diputada panista Felícitas Parra Becerra, de quien dicen que en un bochornoso acto, sin justificación alguna, se ausentó de la sesión en el momento de votar por los magistrados, actitud de la legisladora oriunda de Jala que permitió al PRI tener mayoría calificada para la aprobación. El comité directivo estatal prometió iniciar proceso de sanción a través de los competentes órganos internos. De esta manera poco a poco se ha ido cerrando el círculo de la pretendida impunidad.

Pero queda por comentar un capítulo más de la pretensión del Ejecutivo estatal de que le cubran las espaldas. A la práctica común del gobernante de conceder notarías, Roberto se adelantó. Al arranque del presente año autorizó la notaría número 37 de la demarcación del Estado, con sede en Tepic, a José Trinidad Espinoza Vargas, actual titular de la Secretaría General de Gobierno. La número 38, con asiento en Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, a Edgar Veytia, actual titular de la Fiscalía General de Nayarit. La 39, también con residencia en Nuevo Vallarta, a Raymundo García Chávez, exsecretario del propio gobernador Sandoval.

Expertos en el tema consideran que el séptimo año es el más difícil para aquellos gobiernos que hicieron mal las cosas, ya no tienen el poder y es cuando son auditados por la siguiente administración. Pero aquí en nuestra entidad con antelación se intenta amortiguar riesgos, no habrá acciones desesperadas para obtener la ansiada impunidad.

Pero latente está la probabilidad de que el próximo gobernante de Nayarit -y si es la oposición con mayor razón, porque los priistas se cubren con la misma cobija de la impunidad- pueda echar abajo los cargos mediante otra reforma Constitucional. Está por verse.