Los Aristegui nayaritas

“El tipo de periodismo que hace Carmen Aristegui no tiene cabida en los medios de comunicación mexicanos”, expresó Darío Ramírez, director de la organización internacional promotora de la libertad de expresión Artículo 19, al saberse el despido de la sagaz periodista de MVS radio.

Organismos dedicados a la comunicación social nacionales e internacionales, así como las opiniones personales de periodistas de esas tallas, convergen sus opiniones en que Carmen Aristegui y los reporteros Irving Huerta y Daniel Lizárraga, sus colaboradores, fueron echados como consecuencia de la investigación periodística de meses sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto, razón principal. Curiosamente esa información no se transmitió por MVS, sino por Proceso y otro medio.

El acoso inició cuando la empresa reaccionó de manera airada al hecho de que Carmen Aristegui manifestó su interés de incorporarse a la nueva plataforma digital Méxicoleaks a la que también se unen ocho medios (Proceso, Animal Político, Emeequis y Periodistas de a Pie, entre otros) y organizaciones de la sociedad civil.

Méxicoleaks funciona como un sitio de recepción de documentos a través de internet, pero con una gran diferencia respecto de otros correos electrónicos: garantiza que los envíos no sean interceptados y que nadie –ni siquiera los miembros de la plataforma- pueda detectar la fuente.

Se trata pues de la filtración de documentos con información de interés público que llegará por la vía de internet a manos de periodistas, quienes después de realizar la respectiva valoración harán investigación con el ético objetivo de exigir cuentas a los poderosos y a los responsables de la violencia en el país, entre otros muchos temas.

MVS reviró en desplegados y spots para manifestar que Méxicoleaks no es el problema sino que “el conflicto obedece a que es inaceptable que algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas para realizar alianzas, sin consentimiento y autorización de la administración. De allí se agarró la empresa para echar a Aristegui y colaboradores”.

El vienes 13, en su columna Astillero, Julio Hernández López desveló que “el peculiar lance bélico contra el periodismo radiofónico de mayor audiencia e impacto en el país se produce a unos días que fue desplazado el antiguo controlador de medios de Enrique Peña Nieto, el sinaloense David López.

“En su lugar quedó Eduardo Sánchez Hernández, un abogado con experiencia en asuntos empresariales de radio y televisión. Además fue presidente corporativo de asuntos jurídicos y de telecomunicaciones de MVS. (Allí se incubó el huevo de la víbora ponzoñosa).

“La detonación del caso Aristegui-MVS se acomoda a la perfección a las pretensiones de la administración peñista de alinear a los medios de comunicación, a través del uso condicionante de la publicidad gubernamental, los beneficios económicos personales para los periodistas cómodos y la nula contención de las agresiones desde diversos flancos e incluso por motivos disímbolos contra los miembros de un gremio colocado en la mira.

Resulta que también la semana de estos acontecimientos tuvimos en Tepic un golpazo contra la libertad de expresión, escenificada en el retiro de los micrófonos de tres excelentes comunicadores, quienes en redes sociales de facebook elevaron su inconformidad ante el atentado al alto valor de la democracia.

El periodismo es la manifestación suprema de la libertad de expresión.

A José Luis González Pérez, Heriberto Villela Prado y Francisco Javier Sandoval Blasco fue muy simple evitarles el uso del micrófono por así determinar la empresa Radio Capital al afectar sus intereses económicos. El único que al parecer tenía relación laboral era José Luis, quien debe a sus amigos críticos a profundidad y mordaz lenguaje haber sido despedido.

De buena fe, hasta con cierta candidez, José Luis incorporó tres meses atrás a su programa radiofónico nombrado Noticieros al Instante a Villela y Sandoval, sin saber que serían la causa de su desgracia. “Desde entonces se manejaron con una apertura total a temas críticos, con denuncias fundamentadas en documentos y críticas severas, con la única finalidad de realizar el periodismo que hace falta en Nayarit”, dijo González Pérez.

Los comentaristas Villela Pardo y Sandoval Blasco participaban dos veces por semana en el noticiario que se transmitía por Radio Capital durante la mañana de lunes a viernes, en mesa de análisis donde abordaban asuntos de interés público.

Hoy los defenestrados hacen responsables de sus cuitas y desvaríos al diputado perredista Luis Manuel Hernández Escobedo, a la sazón secretario general del SETUAN, y al magistrado Pedro Álvarez Hormaeche, integrante del Tribunal Superior de Justicia. Los dos fueron señalados por los comunicadores como responsables de corrupción, el segundo cuando fungió como titular del Fideicomiso Bahía de Banderas. Los acusan de haber orquestado la censura en su contra.

Proceso digital publicó argumentos de los involucrados como el siguiente:

“Desde el inicio, Sandoval, Villela y un servidor sabíamos del riesgo que implicaba levantar nuestras voces y provocar señalamientos para, desde esa humilde trinchera, tratar de combatir la corrupción. Pero fue más fácil que alguien decidiera sacarnos del aire a que pagaran ante la justicia quienes cometen esos actos de corrupción”, reflexionó, José Luis.

Lo que presentían o sabían se los hizo efectivo la empresa, misma que expuso criterios meramente comerciales al señalar que “un noticiero que ataca a funcionarios hace más difíciles las ventas de la empresa radiofónica”, argumento más que suficiente para deshacerse de José Luis González Pérez como director de noticiarios y conductor. Luego de entregarle un cheque por 14 mil 250 pesos, “dieron por terminada mi relación de 10 años con la empresa, en la que nunca fui tan incómodo como hasta ahora”, manifestó este último.

Es justo y necesario mencionar que los tres antecitados han sido informadores desde tiempo atrás en diferentes medios de comunicación social de las bondades del gobierno de Roberto Sandoval, son supuestos periodistas dóciles, de los que si aplauden, y por lo tanto hay quienes aseguran que por ese esforzado periodismo de investigación reciben emolumentos por parte del gobierno de la gente, en el que se incluye por supuesto la Fiscalía General de Nayarit.

A propósito de enchiladas, citaré el editorial de la revista Réplica que dirige el Profesor Antonio Camarena en su edición número 51:

“Este caso no es más que un ejemplo de lo miserable que suelen ser algunos “periodistas” locales, sin ética ni principios, groseros, escudados en el poder al que sirven.

“Una explicación a esta falta de prensa con mayúsculas puede deberse a que muchos de los que viven de la tinta provienen de otras profesiones en donde no han servido. Muchos de ellos, es curioso, son abogados. Fracasados como profesionistas con un título mediocre e inservible en sus manos han encontrado en el ejercicio de la prensa un campo fértil para parasitar al cobijo del poder.