Periodistas sobajados por represión de autoridades

Causó inquietud en mí, sumergido como estoy en la lectura del libro de Carlos Moncada Ochoa que hace un largo recuento de periodistas asesinados en el país, la información de que el presidente municipal de Huajicori (al norte de Nayarit), Sergio Rangel Cervantes, amenazó de muerte a una reportera.

El diario capitalino Realidades que desplegó la noticia con espectacular título en primera plana, dice en el cuerpo de la nota que fue mediante un mensaje de texto al teléfono móvil de la reportera como un tercero la intimidó al escribir que dejaran de estar chingando al alcalde, porque de otra manera no se la van a acabar. Luego entonces la amenaza no fue de manera directa, vis a vis.

Sergio Rangel Cervantes, priista por cierto, calificó de falsa la información publicada, al tiempo que se sintió difamado y ofendido. Argumentó que se le descalifica porque no entregó el dinero que se le exige, seguramente recurso base para la celebración de un convenio publicitario.

En esa misma edición del lunes 13 de octubre del presente año, Jesús Cervantes en su columna Mis Archivos recuerda que en esa fecha de hace dos años fue víctima de un atentado al incendiar manos criminales auto de su propiedad, como represalia a lo que escribe y comenta en noticiario de radio.

Grandes toquidos a la puerta del domicilio sito en la calle Ignacio Zaragoza, en Tecuala, provocaron que a las dos de la mañana don Chuy saltara de la cama para ser avisado de que su auto era pasto de las llamas. Con la ayuda de su hermano y vecinos a cubetazos lograron sofocar el fuego.

El periodista ofendido descubrió que para realizar la felonía utilizaron especie de bombas molotov. Pese a ver presentado denuncia ante autoridades correspondientes, federal y estatal, el caso en la impunidad duerme el sueño de los justos.

Un desaguisado más contra un periodista ocurrió en el norte de Nayarit, para mayor precisión en el municipio de Acaponeta, pero éste el 2 de junio de 1957. Se trata del homicidio de Manuel Sánchez Hernández, corresponsal en aquel lugar de periódicos de Tepic. Estos y los datos siguientes son producto de la investigación realizada por Carlos Moncada Ochoa plasmados en su libro Oficio de muerte.

Relata que Manuel Sánchez Hernández fue objeto de un atentado a balazos por parte del abogado Gabriel Gutiérrez García, cuando éste disparó en repetidas ocasiones al auto donde el primero viajaba en compañía de su esposa e hija de cinco años. Esto Manuel lo contó a sus amigos reporteros de la capital estatal.

Ardido Gabriel reaccionó de esa manera porque el periodista criticó en La Extra de la Tarde que defendiera a los asaltantes de la empresa del transporte Tres Estrellas de Oro. El periodista suponía que ese fue el motivo del atentado. También solía enjuiciar en sus escritos al presidente municipal de Acaponeta, Juan Francisco O’Connor.

En Llano de la Cruz, Manuel Sánchez Hernández fue herido a balazos por Alberto Aguilar Fonseca, pistolero apodado El Porromo, quien primero le echó el caballo encima. Por la gravedad de las lesiones fue trasladado a Tepic para ser intervenido quirúrgicamente, pero la mañana del 4 de junio dejó de existir. Antes de ello, el periodista pudo dilucidar su sospecha de que su agresor fue pagado por el abogado Gabriel Gutiérrez.

Los directores de la Extra de la Tarde, El Nayar, El Sol de Tepic y El Tiempo firmaron una carta dirigida al presidente Adolfo Ruiz Cortines exigiendo el castigo de los culpables. Don Antonio Pérez Cisneros, director de El Nayar, que en la década de los treinta había sido diputado federal y candidato a la presidencia municipal de Tepic, la puso en manos del primer mandatario durante el festejo de la Libertad de Expresión, 7 de junio, en la ciudad de México. Esta fue más que suficiente para que el alcalde de Acaponeta solicitara licencia para separarse del cargo.

El procurador de justicia estatal, Salvador Ayón Uribe, además de asegurar que el abogado Gutiérrez sería sujeto a investigación, fue a Acaponeta a dirigir la pesquisa y logró la detención del homicida y de Pedro Acosta Ramírez, presunto cómplice, un tercer sospechoso, hermano de El Porromo Aguilar, había huido.

La madre y la viuda del periodista asesinado se quejaron ante el entonces gobernador, José Limón Guzmán, de que el licenciado Gutiérrez, a quien ellas consideraban el autor intelectual, no había sido llamado a cuentas por la justicia. Ratificaron al procurador que Manuel les había dicho, luego de ser operado y poco antes de fallecer, que el abogado lo había amenazado de muerte.

El caso concluyó en la más indignante impunidad. El 14 de octubre del mismo año, el juez autorizó, con base en el dictamen médico legista, que sacaran de la cárcel al homicida Alberto Aguilar y lo llevaran al hospital ¡Pero lo hicieron sus dos policías custodios a pie! El centro hospitalario se encontraba en las afueras de la población y antes de llegar aparecieron cuatro individuos armados, encabezados por el hermano de Aguilar, y sometieron con facilidad a los agentes. Luego se dieron a la fuga con el homicida (El Nayar, 16 de octubre). Los reproches contra el juez y contra el director del penal cayeron en el vacío. El asesinato quedó impune. Hasta aquí Moncada Ochoa.

Jesús Cervantes, en la redacción citada, sostiene que en los tres años del gobierno de Roberto Sandoval, siete han sido los atentados contra el patrimonio de periodistas en Nayarit.

Se sabe de la quema del automóvil propiedad de Servio Tulio Berúmen y daños al coche de José Torres Zamora “Cocoy”, así como el despido de su trabajo en el periódico Express de Omar G. Nieves y Armando Fránquez Villaseñor. Las acciones en contra de los primeros, incluido Jesús Cervantes, son atribuidos a grupos de inconformes con las publicaciones de los reporteros, mientras que los últimos fueron dañados en su patrimonio por decisión del gobernador Roberto Sandoval, quien ordenó el cese molesto por lo publicado sobre aquella fallida cabalgata guadalupana que encabezó por la sierra de Huajicori y Acaponeta.

En el caso del alcalde priista de Huajicori, Sergio Rangel Cervantes, debe ser tomada muy en cuenta aquella su declaración de que el territorio de la sierra nayarita es lo suficientemente amplio para albergar cadáveres de periodistas, aunque él alega que no lo dijo.

La atención del gobierno sandovalista debe estar en forma permanente puesta en Rangel Cervantes, a quien sus antecedentes lo delatan. El mismo Chuy Cervantes afirma que como alcalde electo Sergio golpeó a dos agentes de Tránsito. Asimismo, se hizo fama pública que el hoy alcalde en el pasado participó en la siembra de mariguana y en cuando menos cinco asaltos bancarios.

Si su administración no quiere sufrir un desaguisado político, el gobernador Roberto Sandoval debe mandar marcaje personal a Sergio Rangel Cervantes, aunque ésta haya prometido que ya se va a portar bien, porque al rato lo menos que hará es pedir perdón al pueblo nayarita.