Maximino Muñoz de la Cruz, una oportunidad desperdiciada

Por azares del destino, la tarde del miércoles 12 de diciembre del 2018, cuando los diputados integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura estaban a punto de decidir quién sería el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nayarit estuve en el edificio sede del Poder Legislativo. La misma suerte me permitió seguir en el Congreso cinco años después, la tarde del pasado martes, cuando rindió su quinto y último informe de labores al frente de la institución que le dio la oportunidad de hacer historia, una oportunidad que desaprovechó de manera absurda.

En aquella ocasión, me tocó verlo llegar al Congreso, ataviado por un traje tradicional de la cultura wixárica, sudando todavía porque, según pude escuchar que le decía al asesor del diputado cuyo cubículo estaba a un lado de donde yo trabajaba, “se había venido corriendo en cuanto lo llamaron”. 

Ese día me dio gusto su elección. Todos sabíamos que su designación obedecía a una instrucción del entonces gobernador Antonio Echevarría García a la bancada del PAN y a sus aliados del PRD y PT para que entregaran ese espacio a Maximino Muñoz por sus servicios prestados en el 2017 a su campaña electoral y en el 2011 a la campaña de su madre, la señora Martha Elena García. De hecho, la propia esposa de Muñoz de la Cruz, Marina Carrillo Díaz, era la síndico del Nayar, municipio donde se circunscribe su operación política.  Sin embargo, el que esto escribe era de los que esperaban que su origen y su historia jugaran un papel determinante en el trabajo que estaba por realizar. Y es que, para alguien como Maximino Muñoz de la Cruz, que decía sentirse orgulloso de su origen no sólo humilde sino perteneciente a un grupo étnico tradicionalmente discriminado, para alguien con una historia de injusticia como el encarcelamiento injusto de su abuelo al final de los años ochenta y el haber presenciado un evento tan trágico como “el zorrazo” en tiempos de Celso Delgado, quien hoy deja de ser el presidente de la comisión estatal de derechos humanos parece haber traicionado su propia historia. 

Maximino hoy se va sin pena ni gloria. Nadie recordará su firme defensa de los trabajadores, de los familiares de víctimas de desaparición forzada, de quienes fueron torturados por la fiscalía encabezada durante los últimos años por el Dr. Petronilo Díaz Ponce y operada por Rodrigo Benítez en los gobiernos de Antonio Echevarría García y del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero. Nadie va a recordar eso, porque no sucedió. Lo que sí va a quedar para la anécdota es el sueldo de más de 120 mil pesos que devengó durante cinco años por calentar una silla que, por fortuna, está a punto de dejar. Le quedó muy grande la oficina que alguna vez fue de la Lic. Luz María Parra Cabeza de Vaca.

El martes pasado, cuando rindió su informe, su mensaje fue breve. Se transmitió ante los diputados y asistentes instalados en las butacas un video con el concentrado de su trabajo al frente de la Comisión Estatal de la Defensa para los Derechos Humanos. Nadie le puso atención, el desgano era evidente. Cuando bajó de la tribuna no hubo aplausos, discursos, no había interés, lo que querían los señores legisladores es que ya se largara del recinto legislativo y acaso también del espacio que ocupó durante un quinquenio donde solo desperdició la valiosa oportunidad que la vida le dio para hacer historia y ayudar a los sectores más vulnerados. Por primera vez, esta legislatura representó legítimamente el sentir de los ciudadanos.