La libertad de expresión y el gobierno

“Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo."
-Thomas Jefferson.

Una vez más, la libertad de expresión vuelve a ser tema de discusión tocante de sus consabidos alcances y garantías de ejercicio -descritos con total claridad en la Constitución General de la República y en la particular de cada entidad federativa-, en contraste con una realidad donde el Gobierno Federal manifestó por enésima ocasión su marcado desacuerdo en contra de quienes disienten con su respuesta a la crítica y la pluralidad ideológica, a partir de un reciente desplegado publicado con la firma de 667 intelectuales, entre poetas y escritores, académicos e investigadores, en el cual hicieron patente su rechazo a dicha circunstancia.

Aunque no es una confrontación nueva, pues desde siempre ha sido práctica recurrente de quienes detentan el poder evitar a toda costa ser objeto de la crítica, en aras de cuidar su imagen y en consecuencia favorecer el fortalecimiento y preservación de su capital político, ahora urge más que nunca actualizar patrones de comportamiento acorde a la inédita demanda presente; de ello vale decir, el connotado perodista Julio Scherer García, padre de quien es actualmente Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, lo dejó asentado en su momento con inusitada contundencia con motivo de un evento en el que tuvo oportunidad de plasmar su convicción ex profesa para la posteridad: “Honrado con amigos que rara vez se encuentran, unido a reporteros que ya son el futuro y enriquecido por columnistas y escritores admirables, giro en torno a un tema que no suelto ni me suelta, la libertad de expresión y el torpe empeño del gobierno por limitar la fuerza expansiva de la palabra impresa”.

Hoy, en una nueva normalidad que trajo la destrucción sanitaria de la pandemia por Covid-19, la comunicación y sus diversos canales de vigencia a través de la expresión de las ideas, tuvo su propia transformación, enfocada a una visión con mayor agudeza y escrutinio popular, y derivado, la actuación gubernamental difícilmente se puede sustraer de ser observada con acuciosidad, y de recibir señalamientos o reconocimientos, críticas o propuestas, en tanto que el oficio político, por cuánto se llega a entender con total claridad que la política es comunicación que a su vez atiende, comprende y decodifica el sentimiento colectivo de todos los sectores, sin exclusión de ninguno, es capaz de generar respuestas contundentes a cada posición en tiempo, forma y lugar.

Es así como la nueva realidad política no es compatible en lo absoluto ya con posturas antagónicas y verticalismos de ningún actor, sea en la gobernanza o en la trinchera partidaria o intelectual, como es el caso, aun con todo que se pudiera estar en lo correcto; que cuando se es capaz de comunicar con transversalidad siempre existe una solución a los problemas y discordancias sin necesidad de suprimir libertades, atentar contra la institucionalidad, suscitar linchamientos o imponer hegemonía a costa de lo que sea.

Es momento pues, de que poderes y órdenes de gobierno, que son los responsables en gran manera por mandato constitucional de velar por el bienestar de todos los ciudadanos: del resguardo de su derecho inalienable a la libre expresión y a vivir en paz, hagan extensivas tales garantías con blindaje especial acorde a los desafíos de la nueva normalidad, y por consiguiente partidos políticos, sectores sociales y movimientos ideológicos se vean motivados por fuerza de la prédica con el ejemplo, a corresponder en pro de la unidad con el pueblo, siendo plenamente conscientes de que la prioridad es superar la emergencia sanitaria, la devastadora crisis económica, la inseguridad, así como el asegurar educación de calidad, justicia y desarrollo por el bien de la colectividad.

Justo es tener presente pues, en estos particulares tiempos aciagos, lo que menciona la ley al respecto. Artículo 6º constitucional: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Mientras tanto, el artículo 7º establece lo siguiente: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Por lo tanto, la tolerancia siempre será un elemento imprescindible para comunicar y construir, tal como lo describió con certeza el afamado filósofo Sócrates, con respecto a lo que concebía como los cuatro atributos cardinales de un buen juez: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. ¿Habrá entonces cabida a una pronta consumación de la actualización del sistema político y gubernamental para superar las confrontas y divisiones generadas hasta el momento por la intolerancia y la falta de oficio político para comunicar eficazmente con auxilio de la invaluable transversalidad? Observemos.