Un pacto por la legalidad, el mejor blindaje electoral

En una nueva realidad política, el cumplimiento irrestricto de la ley se vuelve elemento imprescindible para visualizar el camino en el cual transitar eficazmente de cara a un incierto futuro.

De cierto, hoy no caben los artilugios ni cuanto más prestidigitación partidaria o de práctica gubernamental que, en la antigua normalidad, caracterizaron en gran manera la lucha por la consecución, ejercicio y conservación del poder -con todo y que había un costo significativo-, cuando en los días actuales el escrutinio popular y su aguda visión trastocada por la cruenta hecatombe sanitaria, no permiten mayor sinónimo de funcionalidad y responsabilidad que la prédica del ejemplo desde la autoridad a partir de su estricta observancia de los preceptos constitucionales, de la institucionalidad y de coadyuvancia a la vigencia del Estado de Derecho, con lo cual a su vez, poder percibir sin interferencia alguna la prioridad ciudadana y responder con precisión a sus crecientes demandas.

Por consiguiente, el actual proceso electoral que tendrá desenlace con la jornada comiciaria del primer domingo de junio del próximo 2021, constituye sin duda valiosa oportunidad de tránsito a la nueva normalidad de parte de poderes y órdenes de gobierno, para refrendar su compromiso precisamente con la ley, y en consecuencia con el derecho indiscutible de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes: que su decisión se garantice sin coacción, manipulación o mayor injerencia de niveles de gobernanza, que no sea para “cumplir  y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Los blindajes electorales tradicionales

Desde siempre en cada proceso electoral se volvió tradición el establecimiento de singulares blindajes para evitar -cuando menos en teoría- que las precampañas y campañas constitucionales se convirtieran en escenario grotesco de inyección de cuantiosos recursos presupuestales de dudosa procedencia o justificación, y de uso de artimañas diversas para apoderarse de la voluntad popular, secuestrarla en favor de quien lograba demostrar mejor audacia para evadir los filtros legales sin ser detectado y obtener la victoria por encima de todos los demás gladiadores.

De conformidad, de poco servía al final, establecer tales pactos, cuando ningún actor ya fuera protagonista directo como contendiente, o indirecto desde el poder, poseía la voluntad genuina de dar vigor a los principios también preconizados por el árbitro electoral: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, toda vez que las denuncias, inconformidades, división y pugnas fueron la mayor de las veces las que se exponían como saldo preponderante de la elección. Así, todo ello parece haber llegado en términos de factibilidad a su propia fecha de caducidad, y, ¿qué sigue entonces?

El pacto por la legalidad en una nueva realidad

Cuando todo cambió, pues la expectativa ciudadana tocante a la manera de ejercer política y de gobernar, sufrió una drástica transformación, y la renovación se vuelve factor ineludible, no queda más camino que regresar al origen, a la esencia que se plasma en la Constitución, para reconstruir con un andamiaje completamente diferente que permita asimismo replantear causa y razón de ser desde el epicentro de la necesidad colectiva, es decir, ya no más desde la verticalidad y el inflexible unilateralismo cupular, sino que la ley deja de ser un ideal y referente utópico para convertirse en una realidad cotidiana de impacto general.

Tras lo anterior, es preciso señalar que lo pactos tradicionales por la imparcialidad o blindajes electorales, no eran más que una prueba de lo mucho que hacía falta para avanzar a la adquisición de voluntad política y dar vigor al mandato legal de no enturbiar el proceso correspondiente, de modo que hoy llegó el momento de establecer un pacto  especial por la legalidad, de lo que ya está escrito en la Carta Magna, sin más coacción que velar por el derecho inalienable de los ciudadanos a vivir en paz, orden, seguridad y justicia.

Nayarit, ¿ejemplo de imparcialidad en la contienda electoral?: UCAN

La Unión de Columnistas y Articulistas de Nayarit (UCAN), en su sesión virtual semanal de análisis  y opinión, expuso el viernes 18 de septiembre su visión consensada sobre el desenvolvimiento político-partidario que tiene lugar durante el actual proceso, y la necesidad de que se dejara en claro a la par de lo propio por parte de las autoridades, el papel histórico que posee cada cual con el desarrollo ejemplar de una contienda y posterior elección en función de haber fincado cada paso conforme a lo expuesto en las leyes y normatividad respectiva, blindando ante todo la decisión que emane de la soberanía popular.

El periodista Oscar Zúñiga Estrada, afirmó percibir un riesgoso entorno de marcadas indefiniciones, puesto que la comunicación ha sido insuficiente y los ciudadanos requieren conocer qué se busca realmente en el marco de los consabidos ‘arreglos’ entre partidos y hasta del desenvolvimiento oficial, teniendo como referente sus propias necesidades; de lo contrario, agregó, la elección que viene pudiera ser histórica también en apatía por parte del pueblo. En lo subsiguiente se pronunció por una estrategia que permita concentrar la atención como punto de partida en “la reconstrucción, la democracia y el progreso de Nayarit”.

El columnista Sergio Mejía Cano, hizo hincapié en la necesidad de suscribir un acuerdo de parte del gobierno en sus diferentes niveles y fuerzas políticas, y el árbitro electoral, el cual se finque principalmente en oficio y voluntad políticos para dar valía revitalizada a la ley, y consecuentemente proyectar confianza en su desempeño, ya que no sería favorable en lo absoluto que fueran las mismas autoridades o integrantes de éstas, las que “intentaran inclinar ‘la balanza’ hacia perfiles de su preferencia, sentando un mal precedente para el imprescindible avance en el fortalecimiento democrático”.

Por su parte, el comentarista y periodista gráfico, Ramón Pérez Rentería, precisó que ya no es posible seguir impulsando acciones que en nombre de la ley comporten retrocesos y obstáculos a la libre participación popular, toda vez que hoy las circunstancias exigen de compromisos de fondo para cristalizar su cumplimiento, y superar lo superficial de un mero discurso: “que pase -enfatizó- a ser factor de común acuerdo y de práctica cotidiana”.

El analista y Director de Escena, Luis Alberto Bravo Mora, indicó no ver más opción que cambiar totalmente la forma en la que se accede y se administra el poder, puesto que la “imparcialidad y respeto absoluto de la inteligencia, la dignidad y la elección ciudadana”, sobrepasan con mucho la concepción de que el voto es tan solo números para la consumación de intereses particulares a costa de lo que sea. “Solo así -consideró- estaremos atestiguando una política acorde a la nueva realidad”.

La analista política y Coordinadora General de UCAN, Lily Cayeros, precisó que no queda duda de la oportunidad con la que cuenta Nayarit “de asegurarse un comportamiento digno, a la altura de las expectativas ciudadanas de la nueva normalidad, donde cada partido, aspirantes, poderes y órdenes de gobierno, retroalimenten su función que les marca la ley, y con ello entonces dar vida a un singular acuerdo por el respeto incólume de lo que está escrito”, ya que hoy no hay más camino, aseveró, que la confluencia en torno de un objetivo en común: garantizar una contienda electoral y elecciones -que si bien serán históricas por la indómita crisis sanitaria que mantiene postrado al mundo, así como la cuantía de los cargos que estarán en disputa- también con impacto histórico por la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y comunicación que se pudieran imprimir en pro de sufragios que realmente reflejen el libre criterio, secreto y directo, de la sociedad.

Respeto a la ley: “entendimiento pleno de tiempo y circunstancias”

Está claro: hoy el rescate de la credibilidad ciudadana se encuentra indefectiblemente en la demostración evidente y genuina por dar renovado impulso a la aplicación de la ley, en todos los aspectos; ceñirse en este caso con estratégica visión a las reglas del juego electoral, y obtener resultados completamente legales y transparentes, que es en esa medida en la que podrán 1).-obtener verdadero diagnóstico del peso de cada actor en el espectro político, qué ha funcionado y qué no. 2).- consumar su tránsito a la nueva normalidad, sea cual sea el resultado, y edificar con base en verdadera fuerza liderazgo y capacidad para entender, atender y solucionar las demandas y carencias del pueblo, que no son pocas, y cuyo desafío se nutre en primer término, de la aún ausencia de herramientas para descifrarlas y responder con beneficios de largo alcance y duraderos para todos.

Como nunca antes cobra relevancia pues la conocida máxima del periodista y sociólogo español José Ortega y Gasset: “El hombre es su tiempo y sus circunstancias”. ¿Cuáles después de todo logrará dar forma el sistema político y de gobernanza desde el plano nacional y en lo local, para asegurarse su propia pervivencia? Veamos con atención.