Delitos colaterales derivados por las privatizaciones

En el programa de “Tercer Grado”, de Televisa, que se trasmitió antier miércoles 15 del mes en curso, me llamó la atención que el periodista Sergio Sarmiento, dentro del tema de las consultas ciudadanas para juzgar a los expresidentes, dijera que las acusaciones que pesan en su contra son ridículas; pero lo que más me atrajo, fue cuando dijo que entre estas acusaciones, a Ernesto Zedillo se le acusaba de continuar las políticas privatizadoras empezadas por su antecesor y que el privatizar empresas no era un delito.

Pues quizás privatizar no sea delito, pero sí en cierta forma, entregar la riqueza del país a manos extranjeras, así como a una que otra nacional. Y además, los posibles delitos que conlleve lo que cometen esas empresas ya privatizadas con la clase trabajadora. He ahí las minas, una parte del petróleo y sus derivados, igual que ocurrió con la Comisión Federal de Electricidad, que ahora le tiene que comprar energía a otras empresas privadas; y desde luego que los ferrocarriles.

Y es en este punto de los ferrocarriles en donde me atañe particularmente, debido a que soy uno más de los miles que sufrieron el daño colateral de la privatización de las líneas férreas; cosa tan conocida que más de una vez lo ha citado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando se refiere a este tema, añadiendo que Ernesto Zedillo, una vez que dejó su mandato, se fue a trabajar con una línea ferroviaria del vecino país del norte, que tiene mucho qué ver con algunas de las líneas férreas de nuestro país.

Cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, anunció en 1987 que se anticipaba el retiro de las concesiones a las empresas ferroviarias del país, para aglutinarlas en una sola línea administrada por los Ferrocarriles Nacionales de México, adujo que los ferrocarriles estaban considerados como una empresa estratégica para la Nación Mexicana, y que por eso se habían integrado en una sola línea para así, poder ser mejor administradas. Sin embargo, lo único que pasó fue que, al igual con los bancos que se nacionalizaron, posteriormente se entregaron a la Iniciativa Privada (IP), tanto extranjera como nacional, dejando eso de lo supuestamente estratégico a un lado.

Y si bien no es un delito privatizar empresas, aunque se dañe la soberanía nacional, sí estriba un delito lo que cometieron los nuevos concesionarios de las líneas ferroviarias en nuestro país, al dejar en la calle a miles de trabajadores, tanto directa como indirectamente, sobre todo al condicionar el que no hubiera trenes de pasajeros, porque lo que les interesaba más que nada, era mover mercancías y no pasajeros, ya que estos trenes de pasaje les estorbarían para mover el flete que sí  deja ganancias: el transporte de mercancías en trenes de carga.

Y se podría considerar un delito el que los nuevos concesionarios de los ferrocarriles en México, hayan violado flagrantemente la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, ya que en uno de sus apartados señala claramente, que al momento de la concesión, los trabajadores ferroviarios no se verían afectados en sus derechos laborales en lo más mínimo; pero fue lo primero que ocurrió, pues las nuevas empresas concesionarias se desprendieron de gran parte de la planta laboral con el pretexto de la modernización que, esta palabra desde que se utiliza es prácticamente sinónimo de que se perderán miles de empleos.

Precisamente en 1987, cuando todas las líneas del ferrocarril que corrían por todo el país, como Ferrocarril Sonora-Baja California, Ferrocarril del Pacífico, Chihuahua-al Pacífico y Unidos del Sureste, pasaron a ser Nacionales de México, ningún trabajador se vio afectado por esta nueva disposición, pues todo siguió igual, sin que se sintiera otra cosa más que el cambio de Razón Social, y hasta ahí. Por lo que cuando se comenzó a oír lo de la privatización, los trabajadores ferroviarios pensamos que sería igual que en 1987: seguir trabajando, pero ahora de nueva cuenta para la IP. Sin embargo, no ocurrió así, ya que de entrada se le obligó a la planta laboral a firmar su renuncia bajo el amago de que de no hacerlo, el monto de su liquidación se iría al entonces Distrito Federa y a ver cómo le hacían para cobrarlo después. Y todo esto con la anuencia del dizque sindicato que apoyó dicho amago.

Y se podría considerar un delito el haber dejado sin trabajo a miles de ferroviarios de todas las especialidades, violando una ley reglamentaria que se dice los protegía, la que no tuvo  efecto.

Sea pues. Vale.