La inversión en infraestructura desarrollará a México

Los empresarios o microempresarios recurren al crédito para invertir en su “negocio”, el cual le redituará “ganancias” o beneficios, parte de los cuales destinará al abono de su deuda. En esta lógica se inscribe el caso de la “deuda pública”, esto es, del endeudamiento del gobierno para hacer crecer la economía del país que se supone impacta en el crecimiento del PIB, el cual se cree dará mayores ingresos fiscales, de los cuales se abonará a los acreedores públicos o privados. Vistas así las cosas, no hay muchas dificultades para la comprensión de este asunto del endeudamiento para la inversión en obras de infraestructura para desarrollar la zona sur sureste de la República Mexicana.

Sin embargo, desde el punto de vista de los acreedores, éstos cuentan con estructuras y personal especializado para que les indiquen cuales candidatos a “deudor” son solventes, esto es, quiénes tienen la capacidad para cumplir con las obligaciones contraídas de abonarles cierta cantidad en los plazos acordados. Para ello han ideado una clasificación que la hacen valer internacionalmente. Sobre todo sirve para ubicar a los gobiernos y a los particulares que pueden ser o no, sujetos de crédito.

En el caso de México, la "deuda pública bruta" del Gobierno Federal, con los gobiernos prianistas creció a una "tasa real" arriba del 8 por ciento mientras que el PIB lo hizo a una tasa media anual de menos del 1 por ciento. Dicho endeudamiento representa, en términos nominales, más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB. Más, no obstante, el país requiere de obras de infraestructura en las entidades del sur sureste que se encuentran marginadas y con crecimientos negativos. Aquí es donde los financieros nacionales y extranjeros pudieran invertir lo “sobreacumulado” para dar paso al proceso de valorización de su capital. Y de paso, reactivar la economía mexicana, tanto de la región como del país.

Debido a la “sobreacumulación” hay una enorme masa de “capital ocioso”, es decir, de “valor” que tiene dificultades para “valorizarse”. Y en esa ociosidad se encuentran grandes sumas de “dinero” que necesariamente requiere mercados de inversión para convertirse en “capital”. De allí la presión a los gobiernos y a los particulares para que se endeuden. A los gobiernos para que hagan crecer su economía o su Producto Interno Bruto, PIB, el cuál consideran generará mayores ingresos fiscales y consecuentemente según ellos habrá mayor capacidad de abono al crédito otorgado. Por eso el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha fijado como un criterio aceptable para el endeudamiento público, que el "deudor público" se maneje dentro del rango de 25 a 30% de su Producto Interno Bruto, PIB. Sin embargo, México ya rebasó esos parámetros y anda o cerca del 50 por ciento del PIB o incluso un porcentaje mayor.

El plan de infraestructura que presentó el gobierno federal el cual se compone de 873 proyectos, son buenas señales para la economía de México en 2020 toda vez que el sector empresarial ya espera las obras para detener las consecuencias del estancamiento económico. La inversión pública estaría creciendo 23 por ciento del producto interno bruto PIB, mientras que detonaría la inversión privada, por lo que entre ambas se estaría detonado entre el 28 y 30 por ciento del PIB. El impacto se vería a partir del cuarto trimestre hasta el siguiente año. Con esta medida la situación de la industria de la construcción tendrá un ligero respiro de la situación que ha vivido este año.

Los empresarios se mantienen optimistas respecto a que las cosas mejoren en materia económica, pues persiste la incertidumbre ante la desaceleración. Esperan que las condiciones mejoren con las medidas contra cíclicas, para detener los ajustes en las empresas como la reducción de personal o de sus gastos. En fin.