Crisis del capitalismo mexicano de finales del siglo XX

Al inicio del último tercio del año de 1982, en el mes de septiembre, ya para culminar su periodo presidencial José López Portillo, se conjugaron tres sucesos que definieron el ulterior modelo de crecimiento, más no de desarrollo, de México. Los acontecimientos cruciales fueron: a) una devaluación del peso mexicano en relación con el dólar norteamericano, que pasó de 12 a 22 pesos por dólar, b) la insuficiencia de las reservas internacionales para hacerle frente a la demanda de dólares y, c) la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero mexicano.

Ante esta situación, el Presidente López Portillo decretó la expropiación de las instituciones  bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. Las instituciones de crédito, comerciales y privadas, tenían una deuda que ascendía a 25,000 millones de dólares, y el Estado Mexicano pagó por ellas la cantidad de tres billones de pesos.

En medio de la recesión económica derivada de la crisis de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y la actividad productiva. Y comenzaron las privatizaciones de las empresas paraestatales.

Tras la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México un sistema financiero paralelo mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema financiero mexicano elevó las tasas de interés. En 1987, la crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar.

A finales de 1994 se da la crisis más grave de la historia contemporánea mexicana. La crisis provocó que las tasas de interés se dispararan causando el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos, y los ahorradores no habrían podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva. Ante ese peligro, el gobierno federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552.000 millones de pesos por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México.

En marzo de 1998, la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León envió al Poder Legislativo un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividades crediticias y facilitar la capitalización de los bancos. Con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el Poder Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito, instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos. Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el FOBAPROA y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores adquirieran como resultado de la crisis. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al FOBAPROA, fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552.000 millones de pesos.

El mismo año en que el FOBAPROA se asumió como deuda pública, se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años. Sin embargo, economistas pronosticaron que serían 70 años, asumiendo que el país tuviera un crecimiento económico anual de 4%. En fin.