Planeación y enfoque ciudadano

“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad alguna, ni gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa.” -Benito Juárez.

La 32 Legislatura local emprendió la confección de un nuevo y peculiar andamiaje constitucional, dirigido a revalorar y regular la participación ciudadana en la planeación del desarrollo del Estado, esto es con la reciente aprobación de la Ley de Planeación, la cual, según la justificación expuesta, busca dotar de “un enfoque ciudadano, con visión de liderazgo para el desarrollo, con un compromiso firme y una administración centrada en proyectos y proceso, apoyándose en conceptos de mejora continua que permitan tomar decisiones de base técnica y de gestión en las relaciones”.

A iniciativa del Poder Ejecutivo, la ley consta de 13 capítulos y 77 artículos, donde “se estipula que el sistema de gestión del Instituto de Planeación de Nayarit (IPLANAY) debe basarse en cuatro fases: planificar, hacer, verificar y actuar”. Es decir, se impulsará el control “institucional” de la planeación en un organismo dirigido por el propio Ejecutivo, y perseguirá “legitimar” sus decisiones en ciertos esquemas de inclusión y filtro de la opinión colectiva, así como en el ejercicio que a su vez realicen los institutos de los municipios, que a la fecha solo existen en el organigrama de los ayuntamientos de Tepic y Bahía de Banderas.

Con lo anterior, el Congreso ha puesto sobre la mesa un tema neurálgico que desde siempre ha constituído reto infranqueable -y por tanto ideal a alcanzar- en la administración pública, e incluso en la representación popular misma: garantizar una sólida y fluida coparticipación ciudadana debidamente formada e informada, con claro sustento en la legalidad, la transparencia y oficio político de veras, para el manejo eficaz e inteligente de los recursos en aras del bien común.

Es un hecho que hasta hoy, no ha sido posible dar forma cabal a estratégicos canales de comunicación entre la autoridad y los ciudadanos, que permitan siquiera detectar con precisión sus verdaderas necesidades y en consecuencia erigir diagnósticos fidedignos como base de una planeación realmente incluyente, plural y democrática, de ahí el por qué de tantos problemas y obstáculos que caracterizan la gobernanza de nuestros días, de todos los colores, que en poco tiempo se han vuelto en una terrible decepción, peor que sus antecesores. La siempre presente tentación de “gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa” -con la consabida repulsa a la verdad y la imprescindible interacción comunicacional más allá de la autoalabanza y la quema de incienso de su cerrada cofradía de cortesanos-, y más cuando se tiene ante sí la facilidad de obtener grandes dividendos personales en nombre de una simulada participación popular, termina por definir tristemente la práctica de gobiernos autoritarios, corruptos, grises y con
criterios meramente mercantiles.

Por ello, la diputación local nuevamente ha tomado la seria responsabilidad ante los nayaritas, de asegurar que el compendio legal en comento, no esconda tras de sus elaboradas bondades de su propia justificación, más de lo mismo que impida en los hechos que “las autoridades responsables en materia de planeación: secretarías de Desarrollo Sustentable, de Contraloría General y los Institutos de Planeación de los Municipios que junto con la participación ciudadana elaborarán, actualizarán, ejecutarán y evaluarán los planes y programas, [cumplan con la] obligación de respetar la injerencia de la ciudadanía”.

Cabe resaltar que la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto de Gobierno del Estado, añade que acorde a esta ley, “el Instituto de Planeación del Estado Nayarit (IPLANAY), tendrá como columna vertebral la participación ciudadana, mediante un consejo consultivo ciudadano,  cinco consejos consultivos ciudadanos regionales y consejos especiales, además de los consejos consultivos ciudadanos municipales. [Y] los consejos ciudadanos estarán acompañados de especialistas que realizarán diagnósticos, objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución del desarrollo integral del Estado.”

¿Qué garantizará entonces que estos “especialistas que acompañarán a los consejos ciudadanos” interpreten correctamente el sentir popular? ¿Qué criterio regirá su actuación para lograr una consumación fiel de la opinión ciudadana sin distorsión, de inducción adulterada, o de imposición de proyectos voraces, unilaterales con piel de oveja del régimen en turno? ¿Cómo superar el amargo trago que representó con un gran costo político en el marco de la autonomía de poderes, la reciente inclusión de actividades de malvada depredación animal como Patrimonio Cultural nayarita, que suma a la polémica “Ley burocrática”, sin que el pueblo lo ligue como un antecedente que le impida creer que la nueva ley sí va dirigida a tomarlo en cuenta de veras?  

Por lo demás, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, promete: “Se promoverán y realizarán las consultas con la sociedad, con el propósito de que la población exprese sus necesidades, opiniones y propuestas para la elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento del Gran Plan de desarrollo 2020-2050 de los Planes Municipales con visión de largo plazo sin importar la administración o corriente política en turno”. Por tanto, “si así se hiciere, el pueblo lo reconocerá, que si no, lo demandará”.