La reestructuración de la Fiscalía

La 32 Legislatura local por conducto de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, emprendió una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de dotar de “función ministerial a las Fiscalías Especiales, de Combate a la Corrupción y Delitos Electorales, además de la Dirección General de Investigación Ministerial y Procesos Judiciales, de la Policía de Investigación Criminal, de Servicios Periciales, el titular del Órgano Interno de Control”, según se informó.

El objetivo de esta reforma se puso en claro en las atribuciones que se pretende posea ahora el combate a la corrupción desde una sola y sólida estructura: “investigar, prevenir y perseguir los delitos. Además que la persona encargada participará como parte del Comité Coordinador del Sistema Local de Combate a la Corrupción”.

De conformidad, el Congreso local busca fortalecer a la Fiscalía con un marco jurídico preciso que le permita contar con estratégicos brazos poderosos para frenar y combatir de tajo, toda actividad que a su juicio determine es un delito en materia electoral, en la función pública (en el usufructo de recursos públicos, abusos y excesos) o derivado de la criminalidad, vía una policía “científica” “encargada de las pesquisas ministeriales”.

Es un hecho que cumplir cabalmente -desde la autoridad- y asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanan de parte de cada integrante de la sociedad, ha sido desde siempre una gran demanda colectiva al representar a su vez un reto sumamente difícil de sortear, fundamentalmente ante la nociva degeneración político-gubernamental que caracteriza el devenir de nuestros días. Por ello, es menester que, en este caso, la diputación deje en claro que el dar vigor a la Fiscalía como una super institución encargada de imponer orden, no constituirá el camino para un comportamiento punitivo e inquisitorio con metas ya preconcebidas de “allanar” el camino a tales y cuales proyectos a posteriori, y asegurar al mismo tiempo una férrea cofradía de gobernantes y representantes populares afines que, por supuesto, en la medida de su lealtad y respaldo, no tendrán problemas con la ley, y hasta “habrá gracia en pro del robustecimiento de su propio peculio”.

Es tiempo, sin duda alguna, de dar valía al oficio político que conlleva comunicar con eficacia y obtener en la consecuente generación de beneficios sustantivos para todos, la suma y la aprobación popular a las medidas que se vayan impulsando, toda vez que se demuestre que su esencia no es otra que la legalidad y la justicia.

La Fiscalía pues, podrá ser una institución de gran poder para consolidar esa anhelada justicia, tranquilidad, legalidad y el “derecho de vivir en paz”, o de lo contrario, un instrumento más que prosiga los viejos vicios y fardos que han postergado precisamente hasta ahora la plena vigencia del Estado de Derecho.

Se torna oportuno entonces, hacer hincapié no solo en la transparencia de este delicado proceso que trastocará significativamente el actuar de la Fiscalía frente a la novelia política de seguridad que por su parte también instrumenta ya el Gobierno Federal con la plenipotenciaria Guardia Nacional, sino en los mecanismos de operación que exigirán de inteligentes por eficientes canales de coordinación, los cuales sean garantes de resultados exitosos.

La seguridad pública, la sujeción a las leyes, la paz y la estabilidad; y el fortalecimiento democrático, son hoy por hoy, factores neurálgicos de cara a una sociedad con desarrollo y progreso, en la que se vuelve asimismo, copartícipe de la construcción de un presente que pondera la suma y la cohesión, comunicación y el bien común por encima de cualquier interés de grupo o de partido, de frente a un futuro de oportunidades para la propia colectividad.

Por lo tanto, se espera que el Congreso no deje de ceñirse a su razón de ser, que es la representación cabal de los intereses de los nayaritas, y en esa medida consume tal fortalecimiento de la Fiscalía, que no haya dudas tocante a su actuar: “investigar, prevenir y perseguir los delitos” sin parcialidad ni tinte alguno de premeditación para criminalizar a detractores o fuerzas contrarias a la autoridad en turno. ¿Se alcanzará a estar a la altura de las expectativas ciudadanas? Veremos.