La reforma a la Ley Orgánica de la UAN

Por conducto de un singular grupo de académicos, estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), encabezados por el ex Rector Omar Wicab Gutiérrez, se presentó sorpresivamente los últimos días una coyuntural propuesta de reforma a la Ley Orgánica de esta casa de estudios ante el Congreso del Estado. En este marco, el Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno, Leopoldo Domínguez González, manifestó de inmediato su beneplácito ante lo que consideró una oportunidad de “ciudadanizar la propuesta”.

Por lo dado a conocer hasta el momento, el ex Rector Wicab y sus acompañantes fueron recibidos por los diputados como portavoces de la “comunidad universitaria”, planteando en consecuencia con toda autoridad cambios sustanciales en el proceso eleccionario de “autoridades universitarias; directores académicos, la representación de los miembros de la comunidad estudiantil”, al igual que para “modificar el proceso de ingreso, crear una junta de gobierno que participe y elija representantes universitarios, fortalecer los temas de transparencia y rendición de cuentas y crear la defensoría de los trabajadores universitarios”.

Sin duda, toda propuesta que tienda al mejoramiento de instituciones cuyo objeto radique en la responsabilidad de trabajar por el progreso de la colectividad, como este caso, la calidad de la educación media superior y superior de las presentes y venideras generaciones, resulta favorable, no obstante también comporta el significativo reto de dejar en claro razones, causas y efectos de lo que se busca en función de lo que se cuenta, qué ha funcionado, qué no y por qué, de cara a los principales afectados que son los ciudadanos.

Por ahora, es un hecho evidente que la Universidad no se encuentra en su mejor momento, en virtud de las marcadas inconsistencias financieras entre los principales males, que a fuerza de sendos reclamos sociales y de gran parte de su propia comunidad, ya no fue posible manejarlas como un simple problema interno susceptible de la tradicional “discreción”,  y en consecuencia no hubo poder alguno que evitara fueran del dominio popular, y de la obligada concurrencia de autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Dada la gravedad del asunto y de la importancia de una propuesta como la que se plantea, no deja de llamar la atención de que no hayan sido los titulares de los tres sectores de la UAN y de su Rectoría, quienes en una estratégica muestra de consenso y coordinación hubieran consumado tal operación con la suficiente antelación como para involucrar cabalmente a sus propios representados y a la sociedad, y que propiciara a su vez, un significativo evento de mayor impacto y trascendencia ante la Cámara para someterla al procedimiento ex profeso.

Sin embargo, con todo, el Diputado Domínguez González, se pronunció por el “que en la mesa de debate [ya pudieran estar] los académicos, estudiantes, trabajadores administrativos y autoridades universitarias”. “Pero también -dijo- queremos que esté la sociedad civil, la ciudadanía, las dependencias, organizaciones no gubernamentales; no debe ser una decisión sólo de la Universidad, Congreso o gobierno, tiene que ser una decisión ciudadanizada para que pueda generar el cambio que se requiere”. ¿Podría instrumentarse entonces un mecanismo innovador que haga posible verdaderamente la participación racional de los actores involucrados directamente, y la sociedad civil, que supere cualquier tentación de imponer velada o abiertamente intereses de grupo, secta o familia con proyección presente o futurista?

Siendo así, se entiende que ha comenzado una nueva realidad político, social, económica y educativa para la Universidad Autónoma de Nayarit, en la cual será menester un cambio radical, garante de que su esencia esté íntimamente ligada de veras, ya sin simulación de ningún tipo, a los nayaritas, donde la transparencia, la legalidad y el profesionalismo ético de cada uno de sus integrantes, empezando por el Rector (que sería importante diera a conocer su opinión y compromiso respectivo), sedimente la eficacia de la reforma, sea cual sea su sentido final.

Ahora bien, ¿estará el Congreso local preparado para facilitar desde su propio campo de acción, dicha transición, con la debida interacción política y comunicacional, que hasta este momento vale decir, le ha constituido un inoportuno “Talón de Aquiles”? Así se espera por el bien de todos.