Cuando la cadena se rompe por el eslabón mas débil

El ex secretario del Ayuntamiento de Tepic, Rodrigo González Barrios lo llama “El injusto”, aunque considero sinceramente que el mote endilgado es muy menor al que merece el magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, el Doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, quien debería ser reconocido más bien como “El corrupto”.

Ciertamente Pedro Soto no es el primer presidente del Tribunal que se dé aires de intelectual mientras sus actos son de ética cuestionable, sin embargo sí parece ser el que llevó a una institución tan noble y respetada como lo es el poder judicial, a la peor crisis de su historia. Y es que el nombre del Doctor Pedro Soto quedará ligado para siempre a la corrupción que se ha cernido durante los últimos años sobre el Tribunal Superior de Justicia.

ALTA EXPECTATIVA

Cuando en diciembre de 2010, tras el envío por parte del ejecutivo, la discusión en el legislativo y la respectiva aprobación en tiempo récord de la iniciativa que aumentaba el número de magistrados del Poder Judicial de 7 a 17, visto más como el intento del entonces gobernador Ney Manuel González de pagar compromisos políticos a sus allegados y de garantizar impunidad transexenal, dicha reforma ha tenido como resultado únicamente el engrosamiento injustificado del gasto corriente derivado del pago de nómina de los propios magistrados, de su personal de confianza y de los familiares y amigos que han ingresado al poder judicial, significando un costo de poco más de dos millones de pesos mensuales, mismos que no se han traducido en una impartición de justicia más eficiente, ni en mejores condiciones laborales para quienes trabajan allí. No obstante a ello, cuando se supo que Pedro Soto iba propuesto en la terna que enviaba Ney González al congreso –fue él mismo el autor de la reforma, en su calidad de director jurídico del gobierno del estado- se dio por sentado que sería él el sucesor del Mtro. Germán Rodríguez, una vez que se avecinara la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Era Pedro Soto, por decirlo de alguna manera, el hombre de más confianza de Ney en el poder judicial. Pese al descontento que existía respecto del entonces gobernador y de la percepción generalizada de que González Sánchez era corrupto, el perfil de Pedro Soto no fue mal visto.  Era un profesionista competente, serio, institucional y bien preparado, según se escuchaba decir por aquellos días, cuando discreto y atento, guardaba un perfil bajo sabiéndose ya el ungido para el relevo en la presidencia del poder judicial. Pocos habrían imaginado la voracidad de aquel joven doctor en derecho de orejas amplias y sonrisa fácil.

OCHO AÑOS DE DECADENCIA

Pedro Soto fue llevado de la mano al Tribunal por el gobernador Ney González, pero fue ratificado en la misma posición por el sucesor de su mentor, Roberto Sandoval Castañeda. Sus ocho años al frente del poder judicial no se explicarían si no hubiera sido útil desde esa posición para estos dos personajes, protagonistas indiscutibles de la Docena Trágica Nayarita –los peores dos sexenios de la historia reciente del estado-. Pedro Soto permitió la degeneración del Poder Judicial en un apéndice de la fiscalía en tiempos de Edgar Veytia, quien podría decirse que tuvo el poder absoluto del estado al ordenar como si de lacayos suyos se tratara, sobre el gobernador Sandoval, sobre secretarios del estado, alcaldes, diputados –muchos le debían la candidatura, en varios partidos políticos-, pero también sobre las resoluciones de jueces y magistrados, además de una extensa red de notarios públicos, habituados también al dinero fácil sin importar que este se obtenga a partir de la destrucción de vidas de personas inocentes.

Pedro Soto enarboló siempre como su orgullo el programa “Soy Legal”, como si se tratara un parte aguas en el Tribunal. Hacía honores y promovía los valores que debían regir en la impartición de justicia al tiempo que consentía los más deleznables actos de corrupción que hubieran visto las paredes del Poder Judicial. La decadencia del Tribunal está siendo ilustrada sin lugar a dudas, por el mega fraude asociado con el INFONAVIT, pero un primer síntoma de la misma sin duda fue la insuficiencia financiera para pagar salarios y prestaciones a quienes de verdad trabajan, al personal de dicha institución. En los baños dejó de haber papel en los sanitarios, agua en las garrafoneras, los empleados tenían que comprar su propia papelería para poder seguir desempeñando su trabajo y la crisis financiera se hizo evidente, aunque contrastaba con las percepciones e ingresos de los magistrados. Alguna vez el ex magistrado Guadalupe Campos ilustró de manera inmejorable esta situación en un escrito que publicó en su muro personal de Facebook, quienes conocimos esa institución en mejores tiempos y quienes le tenemos cariño pese a no formar parte de ella, no pudimos sino estar de acuerdo con lo expuesto por Campos.

CASO INFONAVIT Y EL FACTOR LOPEZ OBRADOR

La primera vez que escuché sobre el tema, fue hace algunos años. Existía el rumor de que en despachos de algunos notarios había papelería e insumos oficiales del poder judicial, facilitados por un grupo de funcionarios del poder judicial –con la venia del presidente del Tribunal-  y que lo anterior tenía como propósito el clonar documentación para llevar juicios irregulares. Hasta allí el rumor. Se decía, como se decían muchas cosas más, de esas a las que no sabe uno si dar crédito o no. La realidad nos iba a superar.

Cuando se destapó la cloaca por parte de la fiscalía, muchos aplaudimos la determinación tanto del gobernador Antonio Echevarría, como del fiscal Petronilo Díaz Ponce. El hecho de que no se volteen para otro lado y decidan tomar al toro por los cuernos, sin lugar a dudas sentará un precedente en la entidad…. Pero ahora sólo falta que agarren los cuernos del toro adecuado y no anden persiguiendo vaquillas en el ruedo ¿Por qué digo lo anterior? Porque la detención de dos notificadores del poder judicial la semana pasada, -que salieron bajo caución la madrugada de este miércoles-, pudo entenderse bajo dos ópticas: la necesidad política, frente a la anunciada venida del presidente López Obrador el viernes 25 pasado, de presentar avances en una investigación que ya ha tomado importancia nacional y de justificar que ya había detenidos por ese caso, en tanto se siguen los juicios contra los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y José Ramón Marmolejo, así como los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez. Por ello quizá la fiscalía actuó contra los notificadores Elba y Eusebio, más por política que por derecho.

Debe tener mucho cuidado la fiscalía y su titular, no basta con no ser un narcotraficante ni asesino como Edgar Veytia, que ha sido el principal logro presumido hasta ahora por el fiscal, hace falta también cambiar la percepción de la sociedad respecto de la fiscalía y eso no se logrará si no se dejan de seguir utilizando prácticas del pasado. Que no haya otra vez “ciber-albañiles” como los de la época del procurador Béjar Fonseca, en cuyo periodo al frente de la procuraduría se dio el estallido de violencia producto del enfrentamiento de grupos del crimen organizado, con una sospechosa y conveniente actuación de la institución a su cargo.

Finalizo la presente reflexión diciendo que podremos hablar de justicia cuando estén tras las rejas los verdaderos culpables, los que abusaron del poder y de su posición y los que traicionaron su obligación sagrada de impartir justicia y se dejaron mecer por los brazos complacientes de la corrupción. Que no se le apueste a romper la cadena por el eslabón más débil, que se le apueste a la justicia como instrumento para recuperar la confianza de los ciudadanos, ese es el camino.