La transferencia del poder político en México se ve complicada

El proceso de transferencia del Poder político entre los equipos saliente y entrante, no solo discurre por múltiples conductos sino que la inercia ha generado no únicamente fricción, sino conflictos de alto voltaje.

No es adecuado considerar el periodo de transición que va del primero de julio al primero de diciembre como un cogobierno entre quien resultó electo en 2012 y el que ganó los comicios en la misma fecha de 2018, pues se trata de dos formas distintas de gobernar aunque sea el mismo sistema capitalista. Indudablemente que la prudencia política aconseja armonía y coordinación entre ambos equipos en el tiempo que resta para el inicio del próximo gobierno. Pero estos son solamente bueno deseos.

Es encomiable resaltar por una parte, la coordinación establecida para encarar las reuniones pendientes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio suscrito por nuestro país con Estados Unidos y Canadá. Pues el actual canciller Luis Videgaray dio a conocer la integración del equipo del todavía no declarado presidente electo, a los trabajos respectivos. Y por la otra, el gesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para aplazar dos licitaciones de contratos petroleros y una subasta hasta que se encuentre en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Medidas como éstas pronostican un buen entendimiento y un manejo fluido de los asuntos públicos en estos meses que de manera inevitable conllevan un grado de incertidumbre.

En cambio, a sabiendas de la intención de AMLO de adelgazar no solo la arquitectura administrativa sino de reducir los salarios de la alta burocracia, se concesiona un aumento en las percepciones de la alta burocracia federal, autorizado a mediados de junio y dado a conocer al público días atrás. Esta acción contraviene la instrucción girada por el presidente Peña Nieto para que las dependencias federales no dejen una carga financiera extra a sus sucesores. A menos que sea un golpe presidencial bajo.

En el mismo sentido de nocividad, está la gestión de una línea de crédito por hasta 10 mil millones de dólares, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. De concretarse este trámite, la presidencia de Peña Nieto asestaría un severo golpe al bienestar de las próximas generaciones de mexicanos, pues significa un repunte de la deuda pública que ha crecido en forma desproporcionada durante los anteriores tres sexenios.

Y para cerrar con broche de oro, los integrantes del Poder legislativo y del Poder judicial no únicamente han manifestado su desacuerdo con la intención de AMLO de reducir sus ingresos a por lo menos el salario que tendrá él como presidente de la República, sino que están encabezando un movimiento de resistencia al cambio de la forma de gobernar que implementará el próximo gobierno. Desde luego que ya se están generando desencuentros entre la actual administración del presidente Peña y la que habrá de sucederla el primero de diciembre de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la prudencia y madurez de AMLO han permitido solventar esas desavenencias y mantener la confianza y certidumbre del próximo gobierno. Aunque no dejan de aparecer piedritas en el zapato, como la del INE. En fin.