Combatir la deserción escolar

“La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad.”
-Aristóteles.


Sigue siendo imperativo imprescindible para el desarrollo garantizar una cada vez mejor educación pública, puesto que de ahí depende en gran manera que la sociedad posea herramientas para enriquecer su propia productividad y coincida en metas estratégicas de mejora en su calidad de vida, al tiempo que se vuelve factor coadyuvante en el perfeccionamiento continuo de las políticas gubernamentales correspondientes.

No es de extrañar, por ello, que desde siempre la educación haya estado contenida como derecho fundamental e indubitable en la Constitución General de la República, y derivado en una General y en las particulares de las entidades federativas, haciendo hincapié en una permanente actualización de líneas de acción a través de los planes de desarrollo de poderes y órdenes de gobierno.

Sin embargo, parece que los cambios vertiginosos que ha conllevado la globalización en todas sus facetas, ha superado con mucho la capacidad de respuesta de las autoridades, a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad debidamente formada e informada, con la totalidad de sus integrantes enteramente competentes con una educación por y para la vida, y por ende para la construcción conjunta de un porvenir de mejores oportunidades para todos. ¿Qué ha pasado entonces que aún la realidad dista del objetivo, y en este caso sea la deserción escolar -de entre otros factores- causa para la inequidad y desigualdad? ¿Por qué ha estado mermada la capacidad del Estado y de las instituciones educativas mismas para enfrentar exitosamente el reto que exige la propia ley? Son preguntas verdaderamente ineludibles, que deben ser contestadas con una fuerte dosis de honestidad y congruencia, en aras de asegurar avances y soluciones satisfactorias. Más allá de excusas, reparto de culpas o deslinde de responsabilidades, es tiempo de asumir valientemente el reto cada cual con la parte de que le toca en este engranaje, acorde a lo que merece el pueblo dentro de su derecho de vivir en justicia y paz.

En este marco, cobra pues sentido, la reciente “mesa pública para fortalecer la permanencia de los jóvenes en educación media superior”, realizada por la XXXII Legislatura local en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), a fin de  que “la discusión plural y propositiva -tal como lo expuso el Diputado Presidente Leopoldo Domínguez González- [sean a partir de este ejercicio, definitorias] para el fácil acceso y la permanencia de los jóvenes dentro de las instituciones de nivel medio superior  [y de consecuente] interés para esta legislatura de incorporarlos a la agenda de trabajo del Congreso local”; ello, de conformidad a su vez por lo planteado por el Director General de Directrices para la Mejora de la Educación del INEE, Carlos Felipe Lascurain Fernández: “Las directrices de [combate] de deserción escolar son: fortalecer las políticas para institucionalizar acciones que ayuden a la permanencia escolar; mejorar la formación de los tutores académicos para su desempeño; fortalecer las competencias docentes para generar interacciones pedagógicas para los jóvenes; afianzar la identidad de los jóvenes promoviendo ambientes escolares seguros e incluyentes y ampliar las estrategias de reincorporación educativa de los jóvenes”.

Sin embargo, la tarea no es fácil, y sí comprende un esfuerzo mayúsculo y transversal federación-estado-municipios, a fin de que esto no sea más retórica o un discurso emergente de coyuntura sexenal, y siente bases firmes para emprender un real beneficio por ese “13 a 15 por ciento de jóvenes que desertan de sus estudios como media nacional; y que en Nayarit la tasa se ubica 17.3 por ciento, una tasa alta”.

Lo anterior adquiere un especial sentido de urgencia, no solo por la importancia de cumplir con directrices y normas legales, que no es nada nuevo, sino de asegurar un pueblo plenamente consciente de su papel como copartícipe en la elaboración y ejecución de las mejores políticas de gobernanza en bien de la colectividad.

Por tanto, conviene tener presente los neurálgicos principios enumerados en el artículo 3º Constitucional: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior [...]. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano [...]. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Mientras tanto, la particular del Estado de Nayarit, dice al respecto en el artículo 7º, fracción XIII, numeral 3: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, o explotación. En condiciones de libertad, integridad y dignidad; por lo que las leyes que se promulguen para tal efecto, deben de atender al interés superior del menor”.

En una de las ponencias durante el evento en cuestión, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, diputada Marisol Sánchez Navarro, “invitó a reflexionar sobre qué se debe hacer para que los 19 mil 200 jóvenes que no están en la escuela media superior acudan, y por su parte qué hacer para que los 44 mil 940 que sí están en las escuelas no la abandonen, al igual que los que están en la educación básica se motiven a ingresar al nivel medio superior”.

Asimismo, El secretario de Educación del Estado, Arturo Javier Robles González, destacó  en su oportunidad “la importancia de las directrices, con las que se podrán encontrar nuevas estrategias para disminuir el abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal”.

De esta manera, la Legislatura local asume un severo desafío -que se aúna al de vital restablecimiento de la legalidad y del poder y credibilidad institucional, corroídos por las peores condiciones de gobernanza ejercidas en la historia de la Entidad en el anterior sexenio gubernamental-: una escuela de puertas abiertas para el pueblo, con flujo ininterrumpido de acceso, permanencia y reducción significativa de índice de deserción. ¿Será posible en el corto o mediano plazo? Porque Nayarit no puede esperar, se espera que así sea.