Rechazamos la paz de los sepulcros

Si hubo quienes pensaban en los altos círculos de gobierno que la paz pública vendría una vez que se exterminaran entre ellos los capos de las drogas tendrán que morderse la lengua. El sábado pasado un comando armado de hampones ametralló la casa de la familia del Lic. Huicot Rivas comisionado estatal de los Derechos Humanos. Esta agresión es una clara advertencia para los  defensores de los derechos humanos y contra quienes claman justicia por sus familiares desaparecidos.

Estas agresiones a los ombudsman se replican en varios estados de la república evidenciando la incapacidad de la PGR y de las fiscalías estatales para encontrar a los responsables.

¿Es irresoluble este problema? Por supuesto que no. Los cuasi candidatos presidenciales el priísta Dr. José Antonio Meade; el panista Ricardo Anaya y el de MORENA Andrés Manuel López Obrador están obligados a priorizar en su agenda programática de 6 años como garantizarán la seguridad pública a la Nación y la de restablecer la credibilidad en los cuerpos policiales y en las instituciones de procuración e impartición de la justicia hoy permeada por las bandas delictivas.

Ya no queremos frases comunes. La nueva política para combatir estos flagelos sociales del crimen organizado, la corrupción y la impunidad exige propuestas creíbles y consistentes. Deben explorarse aun aquellas políticas inéditas que estén más allá de los prejuicios ideológicos, religiosos y hasta personales de los que aspiran a gobernar a nuestro país.

Allí está la propuesta que formuló el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero  que de facto fue descalificada por voceros oficiales del presidente Enrique Peña Nieto calificándola como una ocurrencia.

La propuesta que hizo el secretario de turismo consistió en proponer la legalización, regulación y comercialización de la marihuana para uso lúdico en los centros turísticos de los Cabos y de Cancún ya que estos dos destino turísticos aportan a nuestro país el mayor ingreso de divisas a nuestra economía.

Esta propuesta fue apoyada por una buena parte de académicos, intelectuales y líderes de organizaciones civiles pero agregando que la legalización y regulación fuera extensiva a todas las entidades del país.

El Gobierno de la República ni los gobernadores no deben continuar cerrándoles los ojos a la terca realidad por cálculos políticos electorales; a saber, el vecino estado de California (sexta economía mundial)  y otros estados de la Unión Americana legalizaron la producción, distribución y consumo de marihuana con fines recreativos.

En tanto eso ocurre a menos de un kilómetro del norte de nuestra frontera nuestro país se continua con una política prohibicionista y punitiva que ha traído como consecuencia en 11 años de gobiernos panistas y priístas miles de muertos, violencia cotidiana en las calles, miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, miles de jóvenes en las cárceles por fumar churros de marihuana, abuso y corrupción policiaca, violación a los derechos humanos y el incremento del tráfico de drogas en las colonias populares y en los principales centros turísticos del país.

En otras palabras mientras el gobierno de Estados Unidos la legalización de la marihuana le ha redituado enormes ingresos fiscales nuestro país pone a los muertos, se desestabiliza a nuestras instituciones por la corrupción e impunidad, se gastan enormes cantidades de dinero público al combate inútil contra los delincuentes y día a día se incrementará el consumo de la droga por nuestros niños y jóvenes debido a que los sicarios de la droga harán de nuestro país su modus vivendi ya que el mercado de Estados Unidos no será rentable.

Los gobernadores agrupados en la CONAGO bien podrían proponer a los tres aspirantes presidenciales una política de regulación del consumo de la droga. ¿Por qué empecinarse en continuar con esa política punitiva que ha hecho de México un inmenso cementerio?..