Ciudadanizar el gasto público

Una de las praxis que seguramente será la ruta a seguir de la XXXII Legislatura local será la consulta ciudadana antes de aprobar nuevas iniciativas o reformas de leyes en torno a la problemática de los distintos sectores de la población nayarita.

Esta nueva actitud del Poder Legislativo se corrobora en los hechos cuando sus principales comisiones legislativas mantienen un diálogo directo con los sectores implicados, o sea, con empresarios, profesionistas, comunidades indígenas y líderes de las distintas áreas de la producción o especialistas en temas específicos.

Llama la atención que desde hace varias semanas los diputados y diputadas acompañados por el diputado presidente, Dr. Leopoldo Domínguez acuden a las distintas dependencias del Gobierno Estatal a conocer de viva voz sus necesidades para tomarlas como referencia cuando se distribuya el presupuesto de gasto público para el 2018.

Las comisiones del aparato legislativo en esta consulta priorizaron a las secretarias de Seguridad Pública, Fiscalía General, Salud, Educación, de Obras Públicas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGADERP), Turismo y Protección Civil.

Esta metodología de trabajo evitará lo que fue la característica de anteriores gobernantes que fue la de asignar recursos públicos por ocurrencias o caprichos inmediatistas de modo de desviar parte de esos recursos a chequeras personales.

De esta manera la actual legislatura de mayoría aliancista estará cumpliendo su papel de contrapeso al Poder Ejecutivo Estatal.

Esperemos que una vez analizado y aprobado el presupuesto de gasto público del 2018 del gobierno de Antonio Echevarría García se vea reflejado esta nueva intencionalidad política en la redistribución de los recursos públicos…

INDIFERENCIA ANTE LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS

Mientras en varios estados de la república la sociedad civil organizada protesta y se moviliza  en contra  de ley de Seguridad Interior recientemente aprobada por las bancadas del PRI, PVEM, Nueva Alianza y algunos legisladores del blanquiazul en el Senado de la República, en nuestra entidad los líderes estatales de los partidos políticos aliancistas y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos muestran una vergonzosa indiferencia a las consecuencias que podrían generar en el futuro la susodicha Ley de Seguridad.

De nuestra clase política estatal la única voz que se escuchó en el desierto del silencio fue la del presidente de la XXXII Legislatura Dip. Leopoldo Domínguez quien sin tapujos reprobó esa ley por considerarla que viola la autonomía de las entidades federativas y de los municipios pues esa ley será como un cheque en blanco para que el presidente de la república disponga el uso de las fuerzas militares en eventos que pongan en riesgo la seguridad interior.

En efecto nadie se traga el cuento de los senadores priístas y partidos satélites que con los militares en las calles haciendo tarea de policías se garantizará la seguridad pública mediante el combate a las bandas delincuenciales.

El fracaso de esta estrategia política es evidente cuando el Ejército y la Marina en sus 11 años de combate al crimen organizado en la mayoría de las entidades de la república lejos de disminuir la violencia armada se ha incrementado exponencialmente.

La mencionada ley de seguridad interior no es más que la legalización de esa política fallida de combate al crimen organizado y que de aplicarla acotará las libertades ciudadanas de expresión y manifestación y de los derechos humanos.

Hay tales lagunas en su marco jurídico que en situación de crisis social o política con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad interior al Ejército le conceden facultades para la pacificación del país. ¿Qué pasaría si después de los comicios federales de julio del año próximo se desborda la inconformidad popular en las calles por los resultados electivos de la sucesión presidencial?..