La militarización de la vida sociopolítica es fascismo puro

México se enfrenta a una profunda crisis social caracterizada por la violencia, la desocupación, la pobreza, la dependencia alimentaria de USA, la dependencia financiera del capital transnacional externo, etc. Y en medio de esa situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, opina que la violencia afecta gravemente a grupos en situación de vulnerabilidad y que está provocada por agentes del Estado y por otros actores como el crimen organizado. No titubea en asegurar que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública propicia el aumento de violaciones a los derechos humanos. Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al concluir su visita a México en 2015, manifestó en su declaración final, que el país requiere de la adopción de un plan para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública. Exigencia que diversas organizaciones civiles vienen haciendo desde hace años atrás, al tiempo que demandan la realización de un diagnóstico de los efectos de los años de militarización de la seguridad pública en México.

Ante esos reclamos de la desmilitarización de la seguridad pública en el país, llama poderosamente la atención la respuesta del Estado Mexicano que, por medio del Poder Legislativo propone en contra posición la legalización de la militarización que, bajo el espejismo de la “Seguridad Interior” es conducida al campo de la seguridad pública. Con ello se pretende la aprobación de leyes y la modificación de otras, para legitimar lo ilegal.

La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no únicamente va en contra de los reclamos de los mexicanos, quienes contraponen la seguridad ciudadana a la militarización de la seguridad pública, sino que también contradice las propuesta de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, quienes buscan modificar los actuales paradigmas mexicanos por uno que priorice la centralidad de la dignidad humana y los derechos humanos en el quehacer del Estado Mexicano.

Las acciones del Poder Legislativo en realidad son un madruguete con tintes de “golpe de Estado”, y buscan legitimar el modelo militarizado de seguridad que se viene ejerciendo, el cual no solo no es coherente con el respeto y la garantía de los derechos humanos, sino que contradice las recomendaciones que la ONU y la CIDH le han hecho y siguen haciendo al Estado Mexicano.

La militarización de la vida sociopolítica del país se ha vuelto ya común y cotidiana. La presencia de los miembros de las fuerzas armadas en el patrullaje de las calles, en los enfrentamientos armados con algunos integrantes del “crimen organizado”, en el cateo residencial, etc., se ha hecho ya costumbre y se va haciendo más notoria en ciertas regiones, ámbitos sociales y espacios públicos. Sin embargo, este Modelo se opone a paradigmas alternativos de seguridad, basados en la dignidad y los derechos de las personas; este Modelo es propio de un Estado Fascista que todavía no tenemos. Por eso es relevante y urgente que el Congreso de la Unión ciudadanice su discusión y convoque a foros estatales, amplios y plurales para recoger las opiniones particulares que conforman la “Opinión Pública” y se recojan las preocupaciones que surjan respecto de la militarización de la Seguridad Pública. En fin.